Un juez imputa a patronal y sindicatos un fraude en cursos del Forcem en Barcelona

Un total de ocho personas han sido imputadas por un presunto fraude en las subvenciones para cursos de formación ocupacional en la comarca barcelonesa del Baix Llobregat. Entre los imputados por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cornellà (Barcelona) figuran el presidente de la Confederación de Empresarios y los secretarios generales de las organizaciones sindicales UGT y CC OO en la comarca. El desfalco asciende a más de 1,3 millones de euros, según los cálculos del área de delincuencia económica de la Guardia Civil.

El informe de la Guardia Civil remitido al juzgado constata las constantes irregularidades cometidas presuntamente, entre 1995 y 2000, por la Confederación de Empresarios del Baix Llobregat y dos organismos creados específicamente para impartir cursos, la Fundación Privada Fénix y la Asociación para el Desarrollo de la Formación. Esta última fue constituida por la propia patronal junto a los sindicatos UGT y CC OO. Por este motivo, los principales imputados son el presidente de la patronal, Paz Dorado, y los secretarios generales de UGT, Juan José Casado Peña -concejal socialista del ayuntamiento de El Prat de Llobregat-, y de CC OO, Vicenç Rocosa Girbau, que aparecen como representantes legales de la asociación en diferentes etapas.

En total, el importe de lo defraudado asciende a 1.392.490 euros en concepto de los 172 cursos de formación ocupacional que constan como no realizados pero que recibieron subvención del Forcem y del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña.

Investigación exhaustiva

La Guardia Civil, en su informe de diciembre de 2004, realiza una descripción detallada del presunto fraude a partir de la inspección de más de un centenar de expedientes y de entrevistas a 1.670 alumnos. Además de los cursos no realizados pero subvencionados (172), en otros (93) aparecen un número de alumnos mayor al real -en ocasiones con nombres de trabajadores de las entidades implicadas en el fraude- y nombres duplicados en distintos cursos. La Guardia Civil también dispone de facturas falsas de alquiler de aulas. Toda esta documentación servía para justificar ante el Forcem y el Departamento de Trabajo la realización de los presuntos cursos y, de este modo, seguir recibiendo las subvenciones. Las tres entidades, no obstante, sí llevaron a cabo otros 468 cursos.

La Guardia Civil señala al presidente de la patronal, Paz Dorado, como el principal responsable de los hechos, ya que la cuantía del fraude de cada entidad se dispara cuando éste asume la dirección. La investigación también ha detectado que Paz Dorado posee un paquete accionarial mayoritario de buena parte de las empresas privadas participantes en los cursos, algunas de las cuales emitieron facturas falsas para justiticar gastos.

Se da la circunstancia de que, siendo Paz Dorado administrador único de algunas empresas, éstas sufrieron alteraciones de consideración en su capital. Por ejemplo, la Guardia Civil cita el caso de Promotora de Imagen y Comunicación cuyo capital pasó de 500.000 a 336.940.000 de las antiguas pesetas. La investigación relaciona dicho aumento de capital, a finales de 2000, con el que, dos años más tarde, en 2002, se produjo a su vez en el Instituto Tecnológico del Baix Llobregat. Este pasó de 500.000 a 188.426.205 pesetas, en participaciones asumidas curiosamente por la primera de las sociedades mencionadas, Promotora de Imagen y Comunicación.

Estas empresas, propiedad de Paz Dorado, no tienen ninguna vinculación accionarial con UGT y CC OO, que sólo participaban en la Asociación para el Desarrollo de la Formación del Baix Llobregat.

La investigación imputa a la Confederación de Empresarios un fraude de 987.515 euros; a la Asociación para el Desarrollo de la Formación, 323.743 euros, y a la Fundación Privada Féniz, 81.450 euros.

Este periódico se puso en contacto ayer con el presidente de la Confederación de Empresarios, Paz Dorado, y con el secretario general de UGT del Baix Llobregat, Juan José Casado. Ambos declinaron hacer declaraciones. Por su parte, el secretario comarcal de CC OO, Vincenç Rocosa, negó cualquier relación con estos hechos. "A mí me llegaban los informes del equipo técnico, que en principio eran correctos. Pero desconozco si alguien hizo un fraude o falsificó estos informes", manifestó. El resto de los cinco imputados son los responsables de formación de los cursos.