Rubio exige a Barberá control en la adjudicación de pisos protegidos

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, pidió ayer medidas de control público en la adjudicación de viviendas de protección oficial (VPO), de manera que se garantice el acceso de personas que no disponen de otra residencia o tienen rentas bajas, y se evite la posible "especulación".

Según la moción que presentará el PSPV al pleno, "muchas" VPO no son vendidas a los usuarios, sino que se destinan a alquiler "e incluso se venden a precios diferentes de los tasados" oficialmente. Rubio recordó que la Consejería de Territorio y Vivienda ha anunciado inspecciones para comprobar si las VPO se venden a los precios fijados y si sus compradores las habitan, y pidió a la alcaldesa, Rita Barberá, que "fiscalice la venta" y la selección de los beneficiarios, tanto en el suelo público vendido por concurso como en los terrenos reservados en los planes de actuación integral (PAI). El portavoz socialista citó el ejemplo del PAI de Benicalap Sur, con una lista de espera de 2.000 personas sin que se hayan publicitado las VPO. La constructora selecciona a los compradores y el Ayuntamiento no controla el proceso.

El equipo de Gobierno comunicó ayer que "el Ayuntamiento controla de forma exhaustiva todas sus promociones públicas de VPO y las publicita a través de todos los cauces posibles".