Un pequeño grande

En su célebre Historia del Siglo XX, Eric Hobsbawm, al abordar las Américas en el periodo que va hasta la Segunda Guerra Mundial, escribe: "La lista de estados sólidamente constitucionales del hemisferio occidental era pequeña: Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y la ahora olvidada 'Suiza de América del Sur' y su única democracia real, Uruguay".

Este juicio de un historiador marxista apunta a la excepcionalidad de la República territorialmente más exigua de Sudamérica, que en ese primer medio siglo XX construyó por vez primera en Occidente lo que después se llamaría Estado benefactor, socialdemocracia o Estado providencia y que, en Uruguay, se ha denominado desde entonces "Estado Batllista", aludiendo a José Batlle y Ordóñez, aquel formidable estadista, nieto de un comerciante catalán, que encabezó a la sazón una verdadera revolución pacífica.

Su legislación humanística comenzó con la abolición de la pena de muerte (1906), la prohibición de las corridas de toros (l912), la regulación de la investigación de la paternidad (1914) y el divorcio (1907), que alcanzó una particularidad inédita: darle a la mujer el derecho de disolver el vínculo matrimonial sin expresión de causa, en un procedimiento no contencioso que impedía al marido oponerse, pretendiendo así mitigar el desbalance moral que significaba para la mujer aportar pruebas de testigos sobre su condición de víctima de malos tratos o cosas parecidas (lo que hoy se llamaría discriminación positiva por razón de género).

El proceso de secularización del Estado, que ya venía dándose desde 1876, con la escuela laica, gratuita y obligatoria, alcanza bajo el liderazgo de Batlle y Ordóñez la profundización definitiva, cuando comienza por retirar los crucifijos de los hospitales públicos (1906), en dura polémica con el escritor José Enrique Rodó, diputado de su partido, y culmina en 1917 con la definitiva separación de la Iglesia con el Estado. Ello condujo hasta el cambio de los nombres religiosos en el calendario oficial, que aún hoy llama a la tradicional Semana Santa como Semana de Turismo, cosa popularmente aceptada, y al de Navidad, Día de la Familia, lo que nunca se hizo hábito.

La legislación social irrumpe pioneramente con la ley de 8 horas y descanso semanal (1911), la de prevención y seguro de accidentes de trabajo (1914) y sigue en aquel tiempo por todas las modalidades hoy usuales del derecho laboral.

El proceso del intervencionismo económico arranca con medidas de protección arancelaria y emprende luego la construcción de una suerte de capitalismo de Estado que empieza con el monopolio portuario (1908), sigue con la nacionalización del Banco de la República (1911), el monopolio estatal de los seguros (1911), el monopolio de la navegación de cabotaje (1911), la nacionalización del préstamo sobre hipotecas (1912) y el monopolio de la energía eléctrica (1912), entre tantas otras acciones que configuraron aquel Estado que pretendía la adaptación de la filosofía liberal con la aspiración solidarista.

Este proceso, que hoy puede ser mirado con ojo crítico para la mentalidad actual, fue el que expandió la clase media, al integrar a la sociedad a los inmigrantes, especialmente españoles e italianos, y desarrollar una distribución del ingreso que continúa como la más equitativa de toda América Latina. Así lo dicen los números de CEPAL, a través del famoso coeficiente GINI, aún en el ominoso 2002 de la crisis.

Esta democracia se vio alterada por la irrupción, en los años sesenta, de un fenómeno de violencia política que terminó desestabilizando al país para caer, en 1973, en la oleada de golpes de Estado que se expandía por la región. Fueron años terribles, especialmente para una sociedad no acostumbrada a la privación de sus libertades. Pero en 1984 se retornó a la democracia con amplitud y sin las recaídas que tanto mortificaron a la vecina Argentina y a otros Estados vecinos. El país fue creciendo bajo varios gobiernos hasta que en el 2002 la crisis argentina arrasó con la banca uruguaya, generó una caída económica del 14% del PBI en un año, un aumento de la pobreza y, naturalmente, un malestar profundo, especialmente en esas clases medias en que se reclutaba la mayoría de los ahorristas perdidosos.

No era de extrañar entonces que en la elección de 2004 ganara la oposición, en este caso una coalición de izquierdas (Frente Amplio, Encuentro Progresista) que ya había roto el histórico bipartidismo de colorados y blancos cuando en las elecciones de 1994 y de 1999 había estado muy cerca de la victoria. Su crecimiento electoral fue paralelo al abandono de la vieja actitud revolucionaria para sumar fuerzas diversas, unas de retórica marxista, otras más moderadas, pero todas coincidentes en dos circunstancias: una oposición sistemática y una defensa acérrima del statu quo del viejo Estado Batllista. En momentos en que los partidos tradicionales, encabezados por el propio Partido Colorado, proponía reformas en ese Estado para adaptarlo a estos tiempos de competencia, la coalición se ubicaba en la intransigente defensa de aquel viejo Estado interventor, dejando a los herederos de su creador como parricidas.

El hecho es que el 1° de marzo la coalición asumió el Gobierno del país bajo la presidencia del Dr. Tabaré Vásquez. Y que ello ocurrió sin la menor inquietud en ningún ámbito, desde el cambiario hasta el militar. Testimonio llamativo de lo que es la reconquistada solidez institucional de esta república, presidió la sesión parlamentaria inaugural un viejo guerrillero que en 1984, cuando se recobró el sistema, estaba preso y juzgado, no por la dictadura sobreviviente después, sino allá en 1972 por la justicia ordinaria.

Todavía sobreviven secuelas sociales de la crisis del 2002, pero el año pasado, el 2004, cerró con un crecimiento económico del orden del 12% y una temporada turística brillante, que marcan un momento expansivo y abren esta nueva etapa bajo buenos vientos. El presidente Vásquez vive el desafío de armonizar su propia fuerza, entre el nuevo ministro de Economía, un viejo demócrata cristiano de línea moderada, con las corrientes más radicales. Las primeras definiciones se han puesto ya en la línea de la continuidad con el vilipendiado pasado. Pero sobre todo esto hablarán los tiempos y los días. Lo realmente trascendente es que luego de 20 años de la restauración democrática, pasados tres gobiernos colorados y uno blanco, accede ahora una fuerza que nunca había estado en el poder y el Uruguay lo vivió aún con más tranquillidad que, cuando en el lejano 1958, ganaron los blancos luego de 93 años de gobiernos colorados. La vieja democracia que Hobsbawn veía como única, preserva, más allá de todos sus avatares, su tradicional espíritu.

Julio María Sanguinetti es ex presidente de Uruguay.