El Consell quiere regular la industria audiovisual antes de otorgar las licencias de televisión digital
La ley busca ordenar un sector estratégico pero sin vincularlo a Canal 9 y Ciudad de la Luz
El Ejecutivo de Camps pretende adjudicar el máximo número de licencias de televisión
Esteban González Pons se ha marcado como prioridad que el proyecto de ley salga adelante con el máximo consenso posible para relanzar un sector que pese al espectacular desarrollo de los últimos años sigue atomizado en unas 140 empresas y factura aproximadamente alrededor de 30 millones de euros, cifras todavía muy lejanas de lo que mueve este sector en Madrid, Cataluña y Galicia.
El proyecto de ley preparado por el Consell corre en paralelo a la ley estatal que regulará el sector audiovisual y se pretende que sea aprobada por las Cortes Valencianas el próximo mes de junio a más tardar, antes de la concesión de las licencias de la televisión terrenal digital. El Ejecutivo que preside Francisco Camps ha solicitado ya al Gobierno que se le autorice la posibilidad de conceder el mayor número de licencias, esto es, tres canales multiplex autonómicos (cada uno incluye cuatro canales) en vez del único que tiene concedido hasta ahora.
El anteproyecto de ley, cuya redacción ha dirigido el propio Esteban González Pons, es denso y complejo, aunque estas son las principales cuestiones que aborda:
- Creación de un Consejo Audiovisual. Este organismo, que funciona con éxito en otras comunidades como Cataluña, tiene como misión asesorar al Consell en todo lo relacionado con el sector, dando participación a todos los agentes: desde productores hasta consumidores. En el anteproyecto de ley se propone que el propio Gobierno valenciano nombre tres vocales a propuesta de las organizaciones más representativas del sector audiovisual, los medios de comunicación social y los consumidores. Otros tres serían elegidos por las Cortes Valencianas por mayoría cualificada entre personas con prestigio en el sector. El nombramiento del presidente, que cierra los siete puestos previstos, es potestad del propio Consell. Este órgano tendrá capacidad de inspección, control y sanción.
- Reserva de programación televisiva. Se trata de uno de los apartados del anteproyecto de ley que más interesa a todos aquellos agentes que trabajan en el sector, porque en teoría establece medidas de defensa frente a grandes productoras foráneas y concede un respiro al sector para alcanzar cotas de competitividad. El texto legal propuesto obliga a los operadores de televisión a reservar el 20% de su tiempo de emisión anual a la difusión de obras valencianas. ¿Cómo se define la valencianía? Este es uno de los principales puntos de debate. El proyecto legal establece que para ser considerado producto valenciano ha de estar realizado por una o más productoras establecidas en la Comunidad Valenciana, que el trabajo de producción sea financiado mediante contribución mayoritaria de productores establecidos en territorio valenciano; que el rodaje -salvo exigencias de guión- sea en territorio autóctono; o que el 51% del personal interviniente en el producto audiovisual sea residente.
En todo ello, se da por sentado que los informativos locales o regionales de las televisiones que operen en la Comunidad Valenciana permitirán cubrir con el requisito del 20%. Así, se fija otra cuota, ésta del 4%, de reserva para "emisión de obras valencianas de productores independientes" respecto de los titulares que prestan el servicio de televisión y que no tengan una antigüedad superior a cinco años.
- Creación de un registro de empresas audiovisuales. Tendrán obligación de inscribirse todas las firmas que realicen actividades de producción, distribución, laboratorios, estudios de rodaje y doblaje, material audiovisual y los titulares de las salas de exhibición. En una sección especial se inscribirá a quienes presten servicios de radio y televisión por concesión de la Generalitat.
- Contenidos de programación. Además de promover y respetar los derechos y valores fundamentales, el anteproyecto de ley convierte a presentadores y moderadores de programas de televisión, así como a los directores, en los responsables de que no se produzcan agresiones físicas, manifestaciones injuriosas y vejatorias y conductas lesivas a la dignidad humana. El texto propuesto por el Consell refuerza la protección sobre los menores autorizando la emisión de programas de contenido violento o sexual en el horario comprendido entre las 22.00 y las 6.00. Las emisiones X sólo podrán realizarse a partir de las 24 horas.
- Publicidad. No podrá exceder el 20% del tiempo diario de emisión. Dentro de cada hora no se podrán emitir más de 17 minutos de publicidad.
- TDT. Las empresas que obtengan las concesiones podrán emitir en analógico a partir de ese momento y hasta la obligatoriedad de hacerlo en digital en 2010.
Cuotas y prisas
El proyecto de ley que prepara el Consell ha levantado una enorme expectación, pero también un cierto escepticismo en el que cada agente relacionado con el audiovisual exige cambios importantes en el texto presentado. Las asociación de empresas audiovisuales valencianas federadas, que preside Ximo Pérez, reclaman la creación de un Consorcio Audiovisual que aglutinen todas las ayudas de la Administración valenciana al sector y la constitución de una film comission, que tendría como misión atraer rodajes a la Comunidad Valenciana. Los empresarios piden también un cluster audivisual o agrupación sectorial que coordine las actuaciones de las empresas del sector con los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz en Alicante y las producciones de Canal 9-RTVV. Ximo Pérez explica también que la demanda del sector empresarial incluye incrementos en el cupo de productos valencianos del 20% al 25% y del 4% al 8% para paliar la trampa de productoras foráneas que abren despacho para valencianizarse.
Los empresarios también coinciden con la asociación de directores valencianos, presididos por Domingo Rodés, en que es ridículo que la ley no hable de RTVV, cuando el 80% de la producción autóctona guarda relación con Televisió Valenciana, ni de la Ciudad de la Luz, en cuyos estudios se han invertido ya 240 millones de euros. Rodes, que también cree bajas las cuotas de protección, lamenta que tres años después de presentarse el Libro Blanco del sector, ahora vengan las prisas por aprobar la ley. Todos los agentes, incluidos los consumidores y la Unió de Periodistes, insisten en desvincular la elección del Consejo Audiovisual del Consell.
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