Cinco municipios de La Marina Alta proyectan planes urbanísticos que multiplican por 12 su población actual

Cinco pueblos del interior de La Marina Alta que, en conjunto apenas superan los 2.100 habitantes, desarrollan en la actualidad planes urbanísticos para construir alrededor de 9.000 viviendas y un campo de golf, lo que elevaría su población residencial hasta los 25.000 habitantes. El malestar por el desarrollo de distintos planes parciales en los municipios de Sagra, Sanet i Els Negrals, Tormos, El Ràfol d'Almunia y Benimeli -cuatro de ellos gobernados por el PP y uno por el PSPV- se tradujo el sábado en la constitución de una plataforma Pel Futur de la Rectoría, nombre con el que se conoce esta subcomarca de La Marina Alta. Uno de los portavoces de la plataforma, Joan Gregori, explicó ayer que la oposición no es a que se construya, sino a que se haga de forma desordenada y sin criterios de sostenibilidad.

"En estos municipios mientras la agricultura, fundamentalmente los cítricos, ha funcionado y no había paro, no se han buscado alternativas, así es que los jóvenes ante la falta de vivienda accesible y falta de perspectivas se han ido a los municipios de la costa como Dénia y Calp", prosigue Gregori, "y ahora se prevén miles de viviendas nuevas, sin tener en cuenta la existencia de viviendas de protección oficial (VPO) para los jóvenes de estos pueblos y sin tener garantizados los servicios necesarios".

En Sanet, un municipio de unos 600 habitantes, están previstas dos urbanizaciones de 1.500 y 2.000 viviendas, respectivamente, así como un campo de golf; en Benimeli, con sólo 350 habitantes se proyectan 1.100 viviendas; en Sagra -un ayuntamiento de 400 habitantes gobernado por los socialistas- se prevé la construcción de 2.800 casas; en Tormos otras 1.000 y en El Ràfol d'Almunia otras 600.La presión urbanística sobre estos pequeños municipios del interior de La Marina Alta se tradujo el sábado en la constitución de la plataforma Pel Futur de La Rectoría, nombre con el que se conoce esta subcomarca.

La nueva plataforma cívica contra el desarrollo urbanístico incontrolado cuenta con la experiencia del colectivo Salvem Sanet, y tiene previsto iniciar sus movilizaciones en las próximas semanas para reclamar un crecimiento controlado. Inicialmente se ha fijado una nueva reunión el próximo 2 de abril para establecer las primeras movilizaciones y extremar la vigilancia sobre los actuales planes urbanísticos.

Gregori explica que sólo en Sagra, que cuenta con un término municipal de cinco millones de metros cuadrados de los que tres son montaña, si se construye todo lo previsto se estará destruyendo el 60% de la tierra fértil del pueblo. El portavoz de la plataforma Pel Futur de La Rectoría explica, además, que se están cometiendo abusos con los agricultores que firman contratos de venta de las tierras sin comprender la letra pequeña en la que se les advierte que sólo cobrarán del promotor en el momento en que se empiece a construir, lo que puede no suceder antes de cinco o seis años.

Abusos Urbanísticos No

Esta plataforma no es la única en la comarca. Abusos Urbanísticos No se constituyó hace tres años a raíz de las denuncias de un grupo de propietarios extranjeros, ubicados en la Marina Alta, que entendían abusiva y desmesurada la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Este movimiento, que se ha ido extendiendo por todas las comarcas, hizo aflorar un sinfín de casos en los que la vorágine urbanizadora ha ido imponiéndose y dejando al propietario sin derechos. El sábado 12 de marzo las calles de Valencia acogieron una manifestación, que reunió a unas 1.500 personas, contra los abusos urbanísticos, la especulación, la "corrupción del cemento", el deterioro ambiental y una indebida aplicación de la LRAU. Entre las pancartas se podían leer algunas que hacían referencia a La costa del asfalto y del hormigón o Salvem la Marina de camps de golf.

Este movimiento cívico consiguió una movilización diplomática internacional sin precedentes. Más de una decena de embajadores de países de la Unión Europea y del Canadá el año pasado se dirigieron a la Unión Europea solicitando que abriera una investigación oficial sobre estos casos de abusos urbanísticos. El Parlamento Europeo creó una comisión de europarlamentarios que se desplazaron a las zonas afectadas para entrevistarse con los residentes. También han logrado un compromiso firme del Consell de modificar la LRAU, y el concejero Rafael Blasco ha reiterado que la reforma legal primará los derechos de los propietarios del suelo ante las presiones de los

urbanizadores.