El ministro de Justicia ordenará a la Abogacía del Estado que impugne la lista

El Consejo de Ministros acordó ayer promover las acciones judiciales dirigidas a impugnar las candidaturas que "pretendan continuar o suceder la actividad de las ilegalizadas HB, Euskal Herritarrok o Batasuna", en clara alusión a Aukera Guztiak, supuesta lista blanca de Batasuna. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció, tras el Consejo, que el ministro de Justicia, Juan Fernándo López Aguilar, cursará las "órdenes oportunas" a la Abogacía del Estado para que cumpla el acuerdo.

Fernández de la Vega precisó que el cumplimiento del acuerdo se materializará en la interposición "de todas las acciones necesarias" y la personación de la Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, ante la Sala Especial del Tribunal Supremo, prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicha sala del Supremo es la competente para decidir sobre la ilegalización o no de una candidatura, de acuerdo con la Ley de Partidos Políticos.

La portavoz del Gobierno añadió que la personación de la Abogacía del Estado se materializará también en cuantos recursos presente la candidatura de Batasuna contra la decisión de las juntas electorales, que han decidido su ilegalización. "Se producirá su personación [de la Abogacía del Estado] en nombre del Gobierno en cuantos recursos se susciten contra los acuerdos de las juntas electorales por los que se deniegue la proclamación de las candidaturas en las que concurran las circunstancias mencionadas, así como ante los demás órganos competentes", señala el acuerdo del Consejo de Ministros de ayer leído por Fernández de la Vega.

Evitar el fraude

La portavoz del Gobierno destacó que el Ejecutivo "está haciendo lo que le corresponde y está en nuestras manos para que la ley se cumpla y se evite el fraude". Con ello, aclaró que el Gobierno cumple lo acordado en el Pacto Antiterrorista y en la Ley de Partidos. "Es lo que ha venido sucediendo, desde que existen el Pacto Antiterrorista y la Ley de Partidos, cada vez que ha habido una confrontación electoral en el País Vasco o a nivel nacional en donde han concurrido formaciones ligadas a Herri Batasuna", dijo Fernández de la Vega.

La sentencia del Tribunal Supremo del 27 de marzo de 2003, a la que aludió Fernández de la Vega, es la que declaró la ilegalización de Batasuna. Dicha sentencia señala que "no podrán presentar candidaturas las agrupaciones de electores que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido declarado judicialmente ilegal y disuelto o suspendido".