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El Estado aprecia apropiación indebida, fraude y prevaricación en la Zona Franca

La abogacía y la intervención piden acciones penales contra los ex delegados del PP

Las inversiones desarrolladas por Quality Food y Rilco - sociedades propiedad de la Zona Franca de Cádiz- durante las etapas de los ex delegados Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, ambos del PP, contienen "un conjunto de operaciones irregulares que son susceptibles de ser calificadas como delitos de administración fraudulenta y apropiación indebida", según un informe de la Abogacía General del Estado y la Intervención General del Estado a instancias de los Ministerios de Hacienda y Economía, y Justicia. Este estudio considera que estas prácticas irregulares están tipificadas en el Código Penal con penas de cárcel e insta a la actual dirección de la Zona Franca a interponer "querellas criminales".

El informe elaborado por la Abogacía General del Estado y la Intervención General del Estado, de 92 folios y con fecha del 11 de marzo, observa las principales irregularidades en algunas actuaciones de las sociedades Quality Food y Rilco. En la primera empresa, dedicada a servicios de alimentación y catering, el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, observa que el ex presidente de Quality, el empresario Manuel García Gallardo -ex militante destacado del PP de Cádiz-, retiró fondos de Quality "mediante operaciones irregulares" que suman casi 2,6 millones de euros por dos certificaciones de obra y la venta de una parcela. Asimismo, el informe afirma que García Gallardo debe a la Zona Franca 1,13 millones de euros que retiró de los fondos de Quality y no reintegró a la sociedad. Esta cantidad ha sido reclamada por la Zona Franca mediante cinco demandas civiles.

Para el abogado del Estado, "este conjunto de operaciones irregulares", que se desarrollaron con Miguel Osuna como delegado de la Zona Franca, están recogidas como "delito de administración fraudulenta", en el artículo 295 del Código Penal y "tipificadas y castigadas con la pena de prisión de seis meses a cuatro años". "Los elementos subjetivos del delito se cumplen con claridad (...) no existiendo duda alguna respecto al carácter de administrador de Manuel García Gallardo al tiempo de la producción de los hechos (...) que consisten en disponer fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraer obligaciones a su cargo, siempre que concurra abuso de las funciones de su cargo, beneficio propio o ajeno".

Asimismo, el informe alerta sobre "un posible delito de administración desleal con la figura de apropiación indebida". Por todo ello, el abogado del Estado insta a la Zona Franca a que se querelle contra García Gallardo y "contra cualesquiera otras personas que pudieran estar implicadas en los hechos (...) al apreciarse presuntamente conductas irregulares con relevancia penal".

Prevaricación

En cuanto a Rilco, el Abogado del Estado aprecia numerosas posibles irregularidades que pueden ser constitutivas de un presunto delito de prevaricación en los contratos de 6,8 millones que el ex delegado Manuel Rodríguez de Castro suscribió con Miami Free Zone, especialmente, y con Telvent Interactiva para crear una red informática de comercio exterior que "nunca llegó a funcionar y que hoy no existe", según técnicos de la Zona Franca.

El informe cuestiona la forma que se empleó para contratar a estas empresas y los servicios que finalmente prestaron. En especial, la adjudicación a Miami Free Zone incumple numerosos puntos del pliego de condiciones. La dirección de esta sociedad no presentó el preceptivo certificado sobre esta empresa de la Embajada de España. Tampoco aportó referencias sobre su solvencia técnica, profesional y económica. Añade el abogado del Estado que no hubo recepción física de la oferta, sino por correo electrónico cinco días antes de que expirase el plazo del concurso público. Miami Free Zone tampoco desglosó en su oferta datos económicos, ni el personal que iba a destinar a este negocio.

Sorprende además que un contrato de esta elevada cuantía (4,2 millones de euros) se adjudicase a una empresa que es una sociedad limitada con un capital social de sólo 1.000 dólares. Todos estos supuestos impedimentos no impidieron a Rodríguez de Castro firmar estos contratos millonarios que están redactados tan sólo en dos folios cada uno y con apenas cláusulas.

Con todo, el abogado del Estado ve necesario "un peritaje" del material recibido por Rilco antes de emprender las acciones jurídicas que correspondan contra esta sociedad.

De Mier pide a Martínez un pleno urgente

El Ministerio de Economía y Hacienda entregó el viernes de la pasada semana este informe de la Abogacía y la Intervención General del Estado al delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, el socialista José de Mier. A la primera persona que De Mier ha remitido personalmente este documento ha sido a Teófila Martínez para que como presidenta del pleno del consorcio del recinto fiscal gaditano "convoque urgentemente" un pleno para que los vocales lo debatan y le autoricen a emprender las acciones penales que recomiendan el abogado y los interventores del Estado. "Dada la gravedad de los delitos expuestos, pediré autorización al pleno para emprender acciones penales contra los posibles responsables de estas conductas delictivas que tanto daño han hecho a la Zona Franca", dijo De Mier. El dirigente socialista espera que Martínez convoque el pleno en los días posteriores a la Semana Santa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de marzo de 2005

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