Cumplir la ley

El Gobierno también impugnará, al igual que el fiscal general, cualquier candidatura que intente burlar la Ley de Partidos tratando de dar continuidad a la ilegalizada Batasuna. Hay una lista con los principales dirigentes de esta formación que será anulada sin lugar a dudas. El problema se plantea con la candidatura Aukera Guztiak (literalmente: "todas las opciones"), formada por personas sin relación pública con Batasuna, pero de la que hay indicios para pensar que puede ser la marca elegida por ese partido para esquivar su propia exclusión.

El fiscal general ha adelantado que si esa candidatura quiere demostrar su no vinculación con Batasuna, le bastaría con condenar explícitamente el terrorismo de ETA. En principio, a nadie se le puede exigir adhesión o repulsa de algo para ejercer los derechos políticos; sin embargo, la consideración del fiscal tiene fundamento en una sentencia del Tribunal Constitucional de mayo pasado, en un caso similar referido a las últimas elecciones municipales. La sentencia concluía que la eficacia probatoria de los indicios analizados quedaría muy debilitada si los promotores de la agrupación hicieran expresa declaración de distanciamiento y condena de ETA. Inversamente, cuando la sospecha es de connivencia con ETA, la negativa a condenar -algo que no debería ofrecer dificultad a ningún partido democrático- otorga una mayor consistencia a los indicios considerados. Pero esos indicios son necesarios; no basta la convicción moral.

Con la ley en la mano, la impugnación es inevitable. De documentación intervenida a ETA que figura en sentencias del Supremo se deduce la existencia de una estrategia destinada a propiciar la presencia electoral del brazo político de ETA mediante candidaturas instrumentales. Sería penoso que sin una indagación solvente se diera vía libre a Aukera Guztiak, como si fuera una lista más, y dentro de algunas semanas apareciera Otegi pidiendo el voto para ella. La desconfianza es, en este caso, una exigencia del Estado de derecho.

Es cierto que la no presencia de un partido que obtuvo en su última comparecencia legal el 10% de los votos supone una limitación al pluralismo. Sin embargo, mayor limitación supondría ignorar que ese partido forma parte de un entramado que se considera con derecho a asesinar a los candidatos y electos de los demás, cuyos actos públicos ha designado "objetivo militar". Entre los motivos de ilegalización que recoge la Ley de Partidos figura el de fomentar o legitimar la violencia como método para (...) "hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas".