Caballito deberá pagar 6.000 euros a cada empleado en huelga por violar sus derechos

El Juzgado de lo Social de Vitoria ha condenado a la dirección de la empresa Pferd Ruggerber, más conocida como Caballito, a pagar una indemnización de 6.000 euros a cada uno de los 114 trabajadores de la firma que mantienen una huelga indefinida desde hace 16 meses, según informó ayer ELA. La sentencia fija dicha indemnización al considerar que unas declaraciones realizadas por el gerente de Caballito el pasado junio, en que mostraba la intención de la empresa de trasladar parte de su producción a una nueva planta en Europa de Este, constituyeron una violación del derecho a la huelga, según ELA.

El fallo agrega que el gerente anunció medidas disciplinarias contra los huelguistas, lo que supone una "intolerable intimidación y coacción". Para el comité de empresa, la sentencia "pone de manifiesto el modo con el que se ha abordado desde la gerencia este conflicto".El sindicato nacionalista aseguró ayer que la empresa, lejos de favorecer la negociación entre las partes, ha tratado de intimidar y presionar a los huelguistas para dificultar la salida a un conflicto que dura ya más de 16 meses. El comité reiteró su disposición a negociar un acuerdo, para lo cual la pasada semana entregó a la dirección de un documento que espera sirva como opción para resolver la situación.

Ésta es la segunda condena judicial a Caballito desde el inicio del conflicto. En julio de 2004, un juzgado vitoriano condenó a la empresa a pagar un total de 77.000 euros a 127 trabajadores y a los miembros del comité también por vulnerar el derecho de huelga.

Pferd tiene sobre la mesa un plan industrial, elaborado por la auditora Ernst & Young, que prevé un reajuste de la plantilla que supondría prescindir de 77 trabajadores de los 240 que integran la plantilla. Un total de 115 empleados mantienen la huelga gracias a la caja de resistencia de ELA, que ya ha criticado la citada propuesta.

La huelga comenzó hace 16 meses porque la empresa, tras trasladar su planta al polígono de Júndiz e invertir 36 millones de euros, planteó un excedente de 25 trabajadores. Para garantizar el empleo, propuso la congelación salarial en convenio durante seis años.

Esa pretensión soliviantó al comité -con representantes de ELA, LAB, UGT, USO y ESK-, sobre todo después de que en los anteriores ejercicios la plantilla ya se había reducido en unas cien personas por las innovaciones tecnológicas introducidas. La compañía lleva 38 años en Vitoria. El conflicto fue perdiendo fuerza y gracias a un acuerdo con UGT volvieron al trabajo en verano parte de los huelguistas. La empresa y UGT cerraron un convenio para cuatro años, con una subida para este año del 115% del IPC de 2003 y del 120% para 2005 y 2006, además de una reducción de 16 horas hasta las 1.717, ocho menos que la media del Metal de Álava.