La ampliación y la pérdida de competitividad frenan importantes proyectos de la UE

La Comisión de Romano Prodi lanzó un ambicioso proyecto para liberalizar los servicios en la Unión Europea (UE). Ahora, tras la ampliación al Este, Francia y Alemania claman contra una norma que permitiría a los empleados de una firma eslovaca prestar sus servicios en Berlín o París con sueldos de Bratislava y que fomentaría las fugas de empresas. Aquella misma Comisión quiso aminorar los riesgos de las sustancias químicas, pero la industria especializada se queja de las cargas adicionales que conlleva y del riesgo de perder competitividad, un principio ahora sacralizado. La Comisión de José Manuel Durão Barroso ha optado por echar el freno y revisar ambos proyectos.

El sector servicios es el responsable de las tres cuartas partes de la riqueza y el empleo en Europa. Crear un mercado interno del sector se considera fundamental para dinamizar la economía europea. Sin embargo, tras la ampliación al Este, los líderes europeos han puesto la lupa en el llamado principio de país de origen, que establece el proyecto de la Directiva de Servicios y que prevé que sean las normas laborales del país al que pertenece la empresa las que rijan para los trabajadores establecidos en otro país.

Los sindicatos representados en el CES (Confederación Europea de Sindicatos), así como los socialistas y verdes de la Eurocámara, temen el dumping social. Exigen que el proyecto garantice que la armonización de los derechos laborales se haga al alza. El presidente francés, Jacques Chirac, y el canciller alemán, Gerhard Schröder, piden su revisión por temor a la fuga de sus empresas hacia latitudes más baratas; las llamadas deslocalizaciones.

La patronal representada por Unice (Unión de Industria de la Comunidad Europea) apoya la propuesta, así como Hungría, en nombre de los países del Este. Hungría argumenta que se exageran los riesgos de las deslocalizaciones que provocaría la también llamada Directiva Bolkestein (nombre del comisario que la lanzó hace un año). "En Francia se han destruido 200.000 empleos en los últimos cinco años sobre un total de 20 millones", esgrimía el ministro de Asuntos Europeos, Etele Barath, esta semana en una entrevista de EurActiv, una revista electrónica.

"El problema de esta directiva es que quizá es demasiado ambiciosa y que Europa no está preparada para avanzar todavía en este terreno", explica una fuente diplomática que participa en las negociaciones. Para la patronal, la directiva es urgente porque liberaría el potencial de crecimiento y empleo que ofrece un mercado interno sin barreras de prestación de servicios.

Esta semana inicia sus trabajos en el Parlamento Europeo un grupo específico para analizar los problemas de este proyecto, que plantea otros problemas, como la negativa a incorporar a los servicios esenciales (sanidad, educación) y otras soluciones, como la reducción de los procedimientos administrativos y la apertura de ventanillas únicas para establecer negocios en cualquier país.

Promover la innovación

El otro gran proyecto sometido a revisión por la Comisión es el reglamento REACH (registro, evaluación y autorización de sustancias químicas, en sus siglas inglesas). Lanzado por la Comisión Prodi en octubre de 2003, trata de establecer un sistema de control sobre la producción de sustancias químicas en cantidades superiores a una tonelada. Se considera que 30.000 sustancias entran en esta categoría, lo que tendrá un coste adicional (a partir de 2.300 millones de euros, según Bruselas; 32.000, según la industria). Sus bondades: se preservará mejor la salud y el medio ambiente y la industria contará con un sistema más ágil para registrar nuevas sustancias, lo que promocionará la innovación.

Casi dos años después del lanzamiento del proyecto, el argumento de las cargas adicionales parece ganar peso. El poderoso vicepresidente alemán de la Comisión, Günter Verhoegen, aseguró en enero que no aceptaría ninguna propuesta que mermara la competitividad europea, salvo que estuviera justificada por un objetivo superior, como el medio ambiente o la salud. Un mes más tarde, Barroso anunciaba la revisión del proyecto comparando el crecimiento europeo con el hijo enfermo al que hay que hacer más caso sin que ello implique que a los otros dos hijos -la agenda social y el medio ambiente- se les quiera menos.

El proyecto REACH preocupa a España por su negativo impacto en las pequeñas y medianas empresas, el formato habitual de la industria española. De ahí que España, como Francia y los países pequeños, tienda a pedir menos ensayos para cada sustancia química. Respecto a la Directiva Bolkestein, España no ha definido todavía su posición

La UE, paralizada por la sensible negociación del presupuesto de la Unión, lleva semanas estancada en el debate de ambos proyectos. Los sindicatos europeos han celebrado esta semana una reunión sobre el reglamento REACH, que apoyan sin paliativos, pero la patronal la rechaza y a Alemania, productor del 25% de las sustancias químicas europeas, le preocupa que su industria pierda competitividad al tiempo que Los Verdes, que gobiernan en coalición con los socialdemócratas, siguen apoyándola. La Comisión promete encontrar una solución ante tanto embrollo.