Escisión del PP y destitución del interventor

La llegada de José Manuel Medina a la alcaldía acarreó la escisión del grupo popular, tras relegar del área de Urbanismo, a Antonio Fernández. Éste creó el grupo Centro Liberal. Medina asumió los modos de gestión de Cartagena. Mantuvo a Espinosa como interventor y la funcionaria que ganó el puesto de tesorera fue trasladada en comisión de servicios especiales a la Generalitat, sin llegar a estrenar el cargo.

El alcalde ha salvado algunas batallas jurídicas que, a su vez, han destapado actitudes criticadas por la oposición. Un juez sustituto le archivó dos querellas, después de que el Ayuntamiento contratará a su hermana (la del magistrado). Este juez se trasladó luego a Torrevieja, y al cesar en el cargo, el pasado mes de octubre, ingresó en la nómina de ese Ayuntamiento, también en manos del PP con mayoría absoluta. Otra iniciativa de Medina, cuanto menos peculiar y supuestamente rayana en la ilegalidad según la oposición, fue pagar con fondos públicos el aparcamiento privado a los jueces y fiscales.

La oposición no ha cesado en los últimos cuatro años en su denuncia sobre presuntas irregularidades contables en el Ayuntamiento (la liquidación de los presupuestos está pendiente desde el ejercicio de 2001). La credibilidad sobre el órgano fiscalizador de las arcas municipales oriolanas saltó por los aires, cuando el pasado día 18 de febrero José Manuel Espinosa confesó en una comisaría de Zaragoza que se apropió de 30.000 euros de los fondos públicos. Tras la autoinculpación, la corporación lo destituyó. Un día después de la destitución, el ya ex interventor se entrevistó con los portavoces de la oposición y destapó una serie de fraudes contables. En la conversación, grabada en dos cintas, el funcionario habla de pagos de facturas falsas, de incrementos de obras sin justificación, de ex concejales del PP que no ingresaron la recaudación de conciertos o dejaron el cargo si justificar mandamientos de pago. Espinosa llegó a implicar en las supuestas irregularidades incluso al secretario, al que acusa de adjudicar a dedo a la empresa de un familiar (su yerno, según el ex interventor) los trabajos previos para la revisión del PGOU.

Medina niega las acusaciones y ha presentado una querella por calumnias e intromisión en el honor y ha anunciado que solicitará al Tribunal de Cuentas que audite las cuentas del Ayuntamiento. El primer edil también ha abierto una investigación interna para esclarecer las presuntas irregularidades contables.

El juzgado número 5 se ha hecho cargo del caso del interventor e instruye la autoinculpación del funcionario y la denuncia de Medina. Mientras, el número 1 se encarga de investigar la supuesta apropiación de 66.000 euros de Juan de Dios Espinosa, hermano del interventor, al que ha citado a declarar para el 14 de abril. En ese mismo día declarará el concejal del PP Ginés Sánchez, por un supuesto delito de acoso sexual a una trabajadora municipal.