El dinero sanitario de los desplazados

A los ya clásicos del agua y la lengua, el Consell ha sumado un nuevo agravio por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: los desplazados. Ayer mismo, el portavoz de Sanidad del Grupo Popular en las Cortes, Antonio Clemente, anunció que pronto se llevará a la cámara una iniciativa para establecer "los mecanismos adecuados para la regulación del fondo de cohesión para que la Comunidad Valenciana sea compensada por la asistencia que presta a los desplazados", esencialmente turistas. El pasado jueves, en plena escalada de tensión por este tema, el PP llevó esta cuestión a las cortes en la sesión de control al presidente de la Generalitat. "Ni agua, ni lengua ni financiación sanitaria", clamó el portavoz Serafín Castellano, que acusó al Gobierno del PSOE de "lavarse las manos y escurrir el bulto" a la hora de hacer frente a la "espectacular" diferencia entre lo que la Comunidad Valenciana paga para afrontar el gasto de los desplazados -120 millones de euros, según dijo- y los que recibe del Estado -4 millones-; un "nuevo desplante" del Ejecutivo socialista a la hora de "asumir sus responsabilidades".

Rambla critica ahora el modelo que contó con su beneplácito cuando el Gobierno era del PP

La doctrina expuesta por Castellano, quizás algo más subida de tono, sigue el camino trazado por el consejero de Sanidad, Vicente Rambla, que, siempre que tiene ocasión, echa mano a la cuestión para justificar buena parte de la delicada salud de las cuentas de su departamento. Según los datos de la consejería de Sanidad, el problema se centra básicamente en la asistencia primaria y el gasto farmacéutico derivado de la asistencia a estos pacientes. El año pasado, de los 27,61 millones de consultas atendidas en los centros de salud, tanto en medicina general como en pediatría, 1,14 millones (el 4,16%) fueron a enfermos de otras comunidades autónomas. De acuerdo con estos cálculos, este gasto supuso un coste asistencial de 47,9 millones de euros y de 48,1 millones en medicamentos. En total: 96 millones de euros. La consejería que dirige Rambla señala que no cuenta con precisión con los datos de intervenciones, aunque apunta que es un porcentaje menor respecto a la primaria. A cambio, la Comunidad Valenciana obtuvo en 2004 un millón de euros por desplazados nacionales y 2,8 por extranjeros de un total de 44,3 y 11,6 millones totales reservados a estos fines en todo el Estado.

Las quejas se plantean tres años largos después de que se definiera el nuevo modelo de financiación autonómica, articulado por el PP cuando estaba al frente del Gobierno y que contó con el beneplácito de la Generalitat cuando Rambla ocupaba la cartera de Economía y Hacienda, por lo que fue él mismo quien negoció el convenio por parte valenciana.

"Entonces, a la hora de fijar el presupuesto por comunidades autónomas se preguntó a cada una por su gasto sanitario, una suma en la que estaba incluido el gasto por desplazados", apuntan fuentes del ministerio de Sanidad. "Se usó como base los datos de 1999 y al aportar gasto total se englobó el aspecto de los desplazados", insistieron las mismas fuentes. Por eso, desde el departamento que dirige Elena Salgado no se entiende la exigencia del Consell de que sea el Ministerio quien pague por la atención de estas personas. "No tiene ningún sentido. Si pagamos a la Comunidad Valenciana por el paciente madrileño atendido en Alicante y a la madrileña por el alicantino atendido en Madrid, estamos pagando dos veces por paciente", señalan, "porque el Estado ya paga por ellos una vez al haber incluido el gasto en la financiación, de forma que se multiplica el gasto". En una reciente visita a Valencia, Salgado apuntó que fueran las propias autonomías quienes resolvieran los costes derivados a la asistencia de sus respectivos pacientes, una especie de la facturación cruzada similar a la que propugna la propia Consejería de Sanidad para sus hospitales cuando tratan a enfermos de otras áreas sanitarias.

"Cuestión distinta", señalan desde el ministerio, "es que haya que volver a calcular la financiación, pero fundamentalmente por aumento de población, no específicamente por gastos por desplazados". El acuerdo incluía una revisión de gasto en el caso de las autonomías que tuvieran un incremento de ciudadanos superior al 3% más de la media del crecimiento poblacional de todo el Estado. "Pero si se aplicara esto que diseñó el PP, sólo se beneficiaría una o dos comunidades autónomas". El acuerdo de financiación de 2001 incluía un fondo de cohesión dirigido a "garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio español", como indica la ley. O, como dice el Ministerio "tal y como está definido, nunca se planteó" que sirviera para cubrir el gasto de asistencia a desplazados. "Se trataba de compensar a las comunidades autónomas que por tener servicios de referencia hospitalarios o asistenciales recibían pacientes de autonomías que carecían de estos servicios", apuntan del ministerio. De este fondo quiere Rambla que se extraiga la "compensación" por desplazados, algo que el ministerio no comparte: "Los desplazados están incluidos en la financiación global, y así lo comunicaron las autonomías al plantear su gasto sanitario global de 1999".

Además, fuentes del ministerio recuerdan que nadie planteó el tema de los desplazados desde las autonomías del PP al pactar la financiación. Ni siquiera el fondo de cohesión, que sí fue recurrido por el Gobierno catalán en febrero de 2003 al considerar que "no prevé todos los supuestos de asistencia prestada a pacientes desplazados de otras comunidades".

Ahora, las novedades pueden llegar de la revisión de la financiación que ha puesto en marcha el Gobierno de Rodríguez Zapatero ante la hilera de números rojos que acumulan los sistemas de salud. De momento ya hay formados dos grupos de trabajo: uno que estudiará el incremento poblacional y otro que analizará el gasto real de cada autonomía, con la vista puesta en la próxima conferencia de presidentes autonómicos que tratará de plantear una solución al déficit global de más de 4.500 millones de euros.