El Superior impide que la presidenta de la Audiencia vizcaína disuelva su sección

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior vasco rechazó ayer la solicitud de la presidenta de la Audiencia de Vizcaya, Ana Iracheta, de disolver de hecho la Sección Primera, que preside la propia Iracheta, quien mantiene con sus magistrados un fuerte desencuentro en el que ha debido intervenir ya la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La pretensión de Iracheta ya había sido rechazada previamente por la Permanente del Superior. La presidenta de la Audiencia vizcaína pretendía enviar a la juez Ruth Alonso de la Sección Primera a la Segunda para que se encargara de los recursos relacionados con el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao. Alonso fue la anterior titular de dicho juzgado.

A la Sección Sexta, que verá los recursos en casos de violencia doméstica, quedaría destinada Nekane San Miguel. Iracheta y San Miguel se han denunciado mutuamente ante el órgano de gobierno de los jueces, que todavía no ha decidido sobre las diligencias informativas abiertas a las dos magistradas.

La Comisión Permanente ya estudió hace varias semanas la petición de la presidenta de la Audiencia vizcaína de disolver una sección que se ha convertido en el último año en un avispero. Los miembros de la Permanente, salvo los presidentes de la Audiencia de Vitoria, Íñigo Madaria, y de San Sebastián, María Victoria Cinto, rechazaron la propuesta al entender que Iracheta no se había basado en "criterios generales" al decidir la disolución de su sección. En la votación de ayer, se opusieron Madaria, de nuevo, y la propia Iracheta. Cinto no acudió a la reunión.

La Ley Orgánica del Poder Judicial otorga a los presidentes de audiencias amplias capacidades para ordenar las secciones de las mismas, pero marcando criterios generales. El problema, según explicaron a este periódico fuentes de la Sala de Gobierno, es que la propuesta que elevó Iracheta "se basaba en criterios ad hoc para el problema que existe en la Audiencia, en vez de haber presentado un catálogo de criterios de aplicación general".

Ahora, la presidenta de la Audiencia vizcaína deberá rehacer su propuesta original y presentar un catálogo de criterios genéricos. Los presidentes de las otras dos audiencias vascas difieren de la decisión tomada ayer por la Sala de Gobierno. Ambos respaldan la competencia de Iracheta para organizar las secciones de su audiencia.

En cualquier caso, todas las fuentes consultadas admiten que la situación en la Audiencia de Vizcaya es "poco menos que insostenible". El tercer miembro de la sección, el magistrado Edorta J. Herrera, cesó en su puesto el pasado miércoles para incorporarse al Juzgado de lo Mercantil de la capital alavesa.

El informe elaborado por la Inspección del Consejo sobre el funcionamiento de la Audiencia vizcaína apreció numerosas anomalías en la forma de trabajar de su presidenta, por lo que propuso a la Comisión Disciplinaria que le abriese un expediente por una posible "falta de dilaciones indebidas" y por desconsideración por las "trabas" que ha puesto al resto de magistrados de su sección.

La Inspección comprobó que las relaciones entre Iracheta y los otros tres jueces de la sección son "tensas y difíciles, lo cual incide en la buena marcha de la sección". Inspección también pidió que se expedientase a San Miguel por "inasistencia injustificada a los actos procesales con audiencia pública".