El Pentágono planea enviar a la mitad de los presos de Guantánamo a sus países de origen

El Departamento de Estado es contrario al traslado a Afganistán, Arabia Saudí o Yemen

El Pentágono quiere acelerar el plan para reducir a la mitad la población reclusa del penal de Guantánamo, pero se está topando con la oposición de otras ramas del Gobierno, en particular la CIA y el Departamento de Estado. La agencia de inteligencia, que desde el 11-S ha tenido luz verde para mover secretamente prisioneros de un país a otro, se resiste por temor a que algunos liberados reingresen, como ya ha ocurrido, a las filas de la red terrorista Al Qaeda. El Departamento de Estado es renuente a trasladarlos a países que utilicen la tortura.

El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, ha hecho un llamamiento a sus colegas para que se dejen de disquisiciones y acepten su propuesta que, en esencia, pretende redefinir la "misión" de Guantánamo. La idea de Rumsfeld es convertir el penal en un centro de internamiento permanente para "los más peligrosos" -unos 200- y los que puedan ser juzgados, y entregar el resto a sus países de origen para que allí sigan bajo custodia, se profundicen las investigaciones sobre sus supuestos vínculos terroristas, o los liberen, dependiendo de los casos.

El plan lograría dos objetivos primordiales del Pentágono: aligerar la carga judicial que ha caído sobre los hombros de los militares desde que el Tribunal Supremo otorgó el derecho de apelación a los detenidos, y, al mismo tiempo, exportar esa carga a países que tengan un interés común con EE UU en la lucha antiterrorista.

Afganistán se perfila como el principal destino, aunque se contemplan también "entregas" a Pakistán, Arabia Saudí, y Yemen. Los militares subrayan que no se trataría de repetir la fórmula articulada por la CIA mediante la cual han enviado a unos cien prisioneros a países que suelen utilizar la tortura en los interrogatorios.

A diferencia de la CIA, que ha actuado con manos libres y bajo secreto, los traslados propuestos por el Pentágono necesitan la aprobación de distintas ramas del Gobierno, y a diferencia también de los traslados de la CIA, no son "vinculantes" para los Gobiernos receptores, en el sentido de que no conllevan el compromiso de ejecutar los deseos de EE UU. Es decir, si quieren los liberan, aunque Washington les pida que los detengan indefinidamente.

En una primera fase se trasladarían de 65 a 70 presos, de una población reclusa que se acerca a 540 (el Pentágono nunca da cifras exactas). El objetivo final es reducirla a un máximo de 275 a 280 prisioneros, que se repartirían entre los distintos campos o instalaciones penitenciarias de Guantánamo, según el nivel de peligrosidad y cooperación.

La gran mayoría de los detenidos lleva tres años en Guantánamo y carecen de información actualizada, según fuentes militares, por lo que los interrogatorios que fueron en su momento el eje de la operación del penal ya no son prioritarios. De hecho, las rondas de interrogatorios por las que pasaban periódicamente todos los detenidos ya no se realizan. Ahora son selectivas. Los detenidos, además, han perdido el incentivo de cooperar desde que el Supremo les concedió el año pasado el derecho de hábeas corpus, que han ejercido ya cerca de 70. La mayoría de esos casos están pendientes o en proceso de apelaciones, después de que los tribunales federales hayan interpretado de forma contradictoria el fallo del Supremo, que sólo les garantizaba la posibilidad de recurrir, pero no se pronunció sobre si sus peticiones debían o no ser aceptadas.

Revisión militar

A raíz de ese fallo, el Pentágono agilizó un proceso administrativo de revisión militar, no civil, con el fin de determinar la legalidad de sus detenciones. Por dicho proceso, denominado Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente Enemigo, han pasado 487 detenidos, de los cuales sólo a 22 se les ha excluido de la categoría de combatientes enemigos, lo cual les abre la puerta a la liberación. Desde que se inició la operación de Guantánamo en enero de 2002 han liberado a 211 detenidos, de los que 65 permanecen bajo custodia en sus países de origen.

Paralelamente a la Revisión del Estatuto de Combatiente Enemigo se han implantado revisiones anuales de cada caso y tribunales militares para juzgar a los acusados. Estos últimos se han visto obligados a suspenderlos desde que un tribunal federal los declaró inconstitucionales en agosto, en respuesta a la petición del conductor de Osama Bin Laden. El Gobierno de EE UU ha apelado esa decisión, pero ante el potencial laberinto de demandas, traslado de casos a tribunales civiles y el parón que todo ello supondría para los objetivos originales de Washington de convertir Guantánamo en un penal remoto, fuera del alcance de la justicia norteamericana, la opción de los traslados a otros países se presenta como la mejor solución.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 11 de marzo de 2005.

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