La anarquía del churro y el buñuelo

La norma parece estricta, precisa, única y de obligado cumplimiento. Pero la realidad pone en duda su efectividad. En la decoración urbana de las fallas, se multiplican año a año los puestos de buñuelos, churros, chocolate y otros dulces propios del festejo. Al tiempo, se multiplican las protestas de los damnificados por su ubicación -bloquean el acceso a numerosos comercios e impiden la visibilidad de sus identificativos y escaparates- y por su práctica -los humos molestan especialmente a las primeras plantas de los edificios-.

El ayuntamiento es el responsables de fijar el número de permisos y de conceder las licencias oportunas. Es además el encargado de controlar que las exigencias de higiene en manipulación de alimentos se cumple. Un año más, la Unió de Consumidores (UCE) ha puesto en evidencia las irregularidades en los distintos puestos de venta, cuando aún está por llegar la semana fuerte de la fiesta fallera. La mayoría de los puestos incumplen el horario. Se ponen en marcha poco después del mediodía y cierran la parada de madrugada (más o menos tarde en función del día). Ello provoca que los humos se propaguen y que se concentre un importante número de gente, cuyo ruido también molesta. Además, como la instalación en la que se venden los buñuelos, churros y porras, siendo portátiles no se quitan y ponen cada día, los comerciantes pierden visibilidad, al margen de las dificultades para acceder a sus comercios que supone en puntos como la avenida de María Cristina (en la que se bloquea el acceso y la visibilidad a varios comercios tradicionales de la zona que no pueden siquiera continuar con la exhibición callejera de parte de su género), en la plaza del Porxets, en el paseo de Russafa, en distintos puntos del casco antiguo y en más de una veintena, según fuentes del sector minorista, de establecimientos del ensanche, entre la calle de Salamanca y la de Gregorio Mayans, entre la Gran Vía del Marqués del Túria y la de Antiguo Reino.

"Los comerciantes han presentado queja a distintas concejalías dado que la instalación y ubicación de una churrería viola abiertamente la legalidad". Así comienza la denuncia que la UCE presentó el pasado día 9 en el registro de entrada de las dependencias de la junta municipal de distrito de Russafa. El concejal de Sanidad, Ramón Isidro, negó ayer la mayor porque "no se han dirigido a mí y no nos ha dado ni tiempo a reaccionar". Hasta el día de ayer, se han presentado 144 solicitudes para instalar puestos ambulantes de venta de churros. 108 ya la tiene, otras 25 están en trámites porque falta por cumplimentar algún trámite. Once no han conseguido el permiso. Se reparten de la siguiente forma: 44 en Ciutat Vella; 23 en Abastos; 7 en Exposición; 12 en Marítim; 9 en Patraix; 38 en Russafa y 11 en Tránsitos. Según Isidro, prácticamente las mismas que el año pasado y en los mismos sitios. El concejal explicó que desde el pasado día uno de marzo se han realizado 292 inspecciones sobre el aceite, el agua (que debe ser potable y de una instalación de Enviasa), la masa y el chocolate. En ellas se ha producido al decomiso de 26 kilos de productos no autorizados (los churros cubiertos de chocolate, los rellenos de chocolate y los rellenos de crema).

A pesar de las precauciones y el control que según Isidro ejerce el Ayuntamiento, la polémica sigue abierta y diversas asociaciones reclaman, además, que se investiguen las condiciones de trabajo de unos operadores que este año son en su mayoría inmigrantes ecuatorianos y magrebís.