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La Generalitat pide permiso al juez para apuntalar dos bloques del Carmel en peligro

Los vecinos negaban la entrada a los técnicos pese a la advertencia del riesgo de derrumbe

La Generalitat pidió ayer al juzgado de incidencias una orden judicial para entrar a apuntalar los dos edificios contiguos a los tres bloques pendientes de derribo. Las 11 familias que viven en estos inmuebles y sus letrados se negaron en reiteradas ocasiones a que se reforzaran sus casas a pesar del riesgo que ello entrañaba. Pero ayer la comisión técnica que estudia el estado de las recimentaciones concluyó que ambos inmuebles deben ser apuntalados "por razones de seguridad" de forma "imprescindible y urgente" a causa de la presión que ejercía la lluvia sobre los edificios y los escombros.

Los escombros generados por los hundimientos del 27 de enero y el 3 de febrero y el derribo de la finca número 10 de la calle de Calafell hacían presión ya en los últimos días a los tres edificios contiguos -los números 8 y 6 de Calafell y el 6 de Conca de Tremp-, que deben ser derribados. De hecho, varios bomberos que estaban retirando objetos del número 6 de Conca de Tremp tuvieron que salir corriendo del edificio al oír un ruido en la estructura que les alarmó.

Para no afectar a más edificios de la manzana, antes se debían apuntalar los bloques 4 de Calafell y 8 de Conca de Tremp, situados justo al lado de los condenados a ser demolidos. Pero sin la autorización de las 11 familias que habitaban estos inmuebles, la Generalitat no podía reforzarlos.

Esta compleja situación llevaba encallada más de una semana, cuando los abogados de los habitantes en ambos edificios empezaron a negociar con el Gobierno catalán. Todas las negociaciones acabaron sin acuerdo. El autor del proyecto de apuntalamiento, Carles Buxadé, y el responsable del informe del estado de los edificios pendientes de derribo, Vicente Alegre, informaron ayer al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de que el estado de los tres edificios pendientes de derribo era grave después de que la lluvia ocasionara un sobrepeso en los escombros que presionaban a estos edificios.

Autorización negada

Todo ello, advirtieron los técnicos, podía poner en peligro la estabilidad de los edificios contiguos a los que se derribarán. "Los informes consideran que la situación obliga a actuar lo más pronto posible, y no hacerlo sería una irresponsabilidad", justificó ayer una portavoz de Política Territorial. Una de las abogadas de las familias de los dos edificios, Mari Carmen Pérez-Pozo, aseguró que no estaban bloqueando nada. Sin embargo, el Gobierno catalán aseguró que los letrados conocían la situación de los edificios de la zona y que, a pesar de ello, siguieron negándose a autorizar estos trabajos.

Durante la tarde de ayer, Pérez-Pozo comunicó a la Generalitat que no daría una respuesta definitiva hasta la semana próxima, puesto que "sus técnicos no habían podido ver los proyectos", que según afirma se le entregaron ayer mismo. "Como es lógico no se puede estudiar en un fin de semana", argumentó. La Generalitat desmintió de forma rotunda esta versión y aseguró que se le dieron todos los estudios al final de la reunión que varios representantes de la Administración mantuvieron con los abogados el pasado miércoles. "Se les propuso una reunión para el jueves, a la que debían acudir nuestros técnicos y los suyos, pero afirmaron que no les iba bien", afirmó esta fuente.

Tras la negativa de ayer para apuntalar las casas, la Generalitat se decidió por pedir una orden al juzgado de incidencias para que se le autorizara a entrar a estos edificios para apuntalarlos y poder derribar de forma controlada los tres inmuebles de la zona de los hundimentos, que corrían grave peligro.

Pérez-Pozo aseguró a este diario sentirse sorprendida. "Llevamos toda la semana pidiendo los informes y no han tenido prisa. Y ahora nos dicen que estos edificios están en peligro. Es una encerrona para conseguir una cesión incondicional de los vecinos", aseguró la letrada, quien esperaba que el juez la informara sobre la orden.La Asociación de Vecinos del Carmel anunció esta semana que recomendaría que hasta el lunes se mantuviera el boicoteo a las inspecciones de los edificios, pero muchos vecinos han decidido no hacer caso de la consigna. Hasta ayer los técnicos designados por la Generalitat y los vecinos habían revisado el 40% de las 444 viviendas que fueron desalojadas el pasado 27 de enero, según fuentes del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.

Las inspecciones en la zona amarilla, como se conoce al área más afectada por los hundimientos, llevan un ritmo más rápido de lo que parecía a principios de semana. Entonces, miembros de la asociación de vecinos presionaron a los que residían en esas viviendas para que no dejaran que se revisaran sus casas. El boicoteo no ha funcionado, puesto que los técnicos hasta ayer efectuaron visitas técnicas en 150 de las 214 viviendas que hay en la zona.

La autorización de estas familias, argumenta la Generalitat, se debe a que el proceso de retorno a estos inmuebles es más lento y complejo. Un ingeniero especializado en daños estructurales, un arquitecto y un técnico de los vecinos redactarán tras cada revisión un proyecto de rehabilitación y restauración de cada edificio y vivienda. En 12 de estos inmuebles, además, se deberán efectuar tareas de micropilotaje.

Más resistencia ofrecen los afectados que viven en edificios del perímetro de seguridad que están más alejados de la zona del socavón. Hasta ayer se revisaron 35 de las 230 viviendas de esa área, pero fuentes del Gobierno catalán puntualizaron que se avanza según el ritmo previsto. Ayer se visitaron los pisos de los números 13 y 15 de la calle de Bernat Bransi, y 18 y 20 de la calle de Sigüenza.

La portavoz de la Asociación de Afectados Línea 5 del Carmel, Mari Carmen Pérez-Pozo, explicó que los vecinos no siguen ninguna consigna general, pero que algunos continúan reticentes a dejar entrar a los inspectores. "Algunos no entran porque quieren que primero se derriben los tres edificios, otros porque quieren conocer el resultado de las negociaciones y un grupo lamenta que nos den unos certificados con fecha del 18 de febrero, cuando aún había movimientos", explicó Pérez-Pozo.

El apuntalamiento de los edificios contiguos a los que se deben derribar y las demoliciones podrían acelerar las inspecciones de las viviendas y el proceso de retorno a las casas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de marzo de 2005