El japonés que hablaba japonés

El japonés Kazushi U., de 23 años, cometió un error: venir a Madrid de turismo sin saber ni una palabra de castellano. Sólo habla japonés, lo cual resulta "incomprensible" para los policías municipales de la capital. Por eso, cuando cuatro agentes de paisano -que habitualmente trabajan como escoltas de un concejal de la oposición- le abordaron el pasado domingo, ante la sospecha de que se dedicaba a la venta de discos pirateados, Kazushi sólo profirió gritos "incomprensibles". No tenía modo de explicar que era un honrado japonés ni de hacerles entender a los agentes que no comprendía por qué, si ellos eran realmente policías, intentaban detenerle sin haber hecho nada malo. El oriental fue llevado a la comisaría de Retiro e inmediatamente quedó en libertad. Éste ha denunciado a los policías por detención ilegal y lesiones.

Los agentes afirman que no detuvieron al turista, sino que le arrestaron

Kazushi hablaba por teléfono el pasado domingo en la calle de Atocha, esquina a la del Doctor Drumen, cuando fue abordado por varios hombres vestidos de paisano (policías que están dispensados de vestir uniforme porque trabajaban como escoltas). El japonés había despertado las sospechas de estos agentes porque llevaba colgada al hombro una bolsa similar a la que suelen utilizar los manteros para guardar los CD piratas, según sostienen fuentes de la Policía Municipal.

Sobre lo que sucedió a partir de ese momento, las versiones son dispares: el turista asegura que él intentó hacer ver a los policías que era un simple turista, pero que fue arrojado al suelo, pateado y engrilletado sin que él se resistiera a la detención; por su lado, los agentes afirman que el sospechoso dio un manotazo a uno de ellos cuando le mostró la placa-insignia, tras lo cual empezó a gritar y a darles empujones hasta que, aprovechando que el nipón resbaló, lograron ponerle las esposas. Kojiro S., amigo del sospechoso, vio cómo éste era introducido por la fuerza en un coche sin ningún distintivo policial, por lo que pensó que había sido secuestrado por delincuentes.

El turista oriental fue trasladado a la comisaría de la calle de Huertas, donde un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que habla inglés comprobó que tenía el pasaporte en regla, que estaba alojado en un hotel de la Gran Vía y que tenía un billete de avión para regresar al día siguiente a su país. Ante eso, los policías municipales no formularon ninguna denuncia contra el japonés, pero tampoco dejaron constancia escrita de que lo habían arrestado a efectos de identificación (la Ley Orgánica 1/92, o ley Corcuera, establece claramente que cualquier retención de un ciudadano debe quedar registrada en un libro creado al efecto).

Kojiro S, de 23 años, requirió ayuda al 091 ante el temor de que su amigo Sazushi hubiera sido secuestrado por falsos policías. Posteriormente, cuando éste quedó libre, ambos fueron trasladados a la comisaría del distrito de Centro, donde prestaron declaración. Dado que Sazushi sufría lesiones en las muñecas y en la cara, fue atendido en la propia comisaría por facultativos del Samur y posteriormente fue curado en un centro médico de la calle de Alberto Aguilera.

Los cuatro policías municipales implicados en los hechos fueron citados e interrogados en la comisaría de Centro, donde manifestaron que no leyeron sus derechos al turista japonés porque éste no entendía nada de lo que le decían y, además, porque nunca le arrestaron en calidad de detenido. La mayoría de los agentes dijo saber que en las comisarías existe un libro-registro en el que es obligatorio anotar el nombre de los retenidos a efectos de identificación, aunque uno de los policías admitió que ignoraba la existencia de tal libro, creado por la ley Corcuera. Fuentes municipales han explicado que sus agentes decidieron no tramitar ningún documento "para no causar molestias al japonés, ya que al día siguiente de los hechos emprendía viaje de regreso" y, además, porque les "pidió disculpas reiteradamente".

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía han comentado su malestar por el hecho de que agentes municipales actúen con ropa de paisano cuando realizan otras labores diferentes a aquellas para las que les ha dado permiso la Delegación del Gobierno (en este caso eran escoltas de un concejal que, en un domingo, realizaban operaciones contra el top manta).