Endurecimiento del control de explosivos y aumento de penas para quienes trafiquen o los posean ilegalmente

El deficiente control de los explosivos en Asturias provocó que los terroristas que cometieron los atentados del 11-M, con la supuesta colaboración de una banda local de delincuentes, pudieran hacerse con más de 200 kilos de Goma 2 ECO. El Gobierno pretende poner coto a este problema con la aprobación, mañana, del nuevo Reglamento de Explosivos y con la reforma del Código Penal para aumentar el castigo a quienes trafiquen, posean o utilicen ilegalmente algunos materiales explosivos.

El reglamento, elaborado entre los ministerios del Interior y de Industria, obligará a llevar "en todas" las empresas que usen explosivos un libro-registro de consumo y a levantar un acta "cada día que se consuman explosivos". Las autorizaciones para el uso de explosivos serán concedidas por la Secretaría de Estado de Seguridad, en lugar de por la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente de Industria, como ocurre ahora.

Además, el departamento que dirige Juan Antonio Alonso prevé que las empresas mineras y de obras públicas contraten a vigilantes de seguridad a fin de que asistan al proceso completo de la voladura, desde el momento de la recepción de los explosivos hasta su consumo final.

Las irregularidades en el control de los libros de registro pasarán a calificarse de leves a graves, independientemente de que acaben considerándose delito. Las irregularidades podrán ser castigadas con hasta 600.000 euros. En este último caso, las penas que podrían imponerse se regularán en la reforma del Código Penal que también aprobará mañana el Consejo de Ministros.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, dijo ayer que la reforma fortalece la respuesta penal de todos los supuestos de riesgo para la seguridad colectiva derivados de la tenencia, la utilización y el deber de custodia de los explosivos y otras sustancias tóxicas, inflamables o peligrosas que pueden, si no se manejan o custodian adecuadamente, desembocar en atentados de consecuencias catastróficas.

En caso de que el controlador del libro de registro cometa un delito podrá ser condenado hasta a tres años de prisión, pena que podrá ser más elevada si el delincuente es un directivo de la empresa. El contravenir las normas de seguridad también podrá se castigado con hasta tres años de presidio e inhabilitación durante 12 años.