Los partidos mantienen la ponencia del Estatut al margen de la moción de censura y la querella

La ponencia que elabora la reforma del Estatut redactó ayer 14 de los 15 artículos que han de componer el título del proyecto dedicado a la organización del poder judicial en Cataluña. Los partidos han decidido mantener la ponencia del Estatut al margen de la crisis y todos los diputados que la componen destacaron el tono positivo que dominó su sesión de trabajo. La diputada Núria de Gispert (CiU) mostró su "satisfacción" por la "ambición" del título redactado. Tan ambicioso es, dijo, que también se declaró "escéptica" acerca de las posibilidades de que prospere en las Cortes.

Veinticuatro horas antes del debate sobre la moción de censura contra el Gobierno de Pasqual Maragall, los ponentes mantuvieron, al abordar uno de los títulos más dificiles de la reforma, el espíritu de consenso que ha presidido sus trabajos hasta ahora.

El modelo adoptado ayer a partir de la propuesta del Instituto de Estudios Autonómicos dota a Cataluña de todas las instituciones de un poder judicial propio, aunque como parte "desconcentrada" del sistema judicial general español, y refuerza las competencias exclusivas de la Generalitat relativas a la administración de la oficina judicial.

El proyecto incluye la creación del Consejo de Justicia de Cataluña como órgano descentralizado del Consejo General del Poder Judicial para los asuntos de Cataluña. Asimismo prevé que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea la última instancia procesal en todos los asuntos en esta comunidad, salvo en el recurso sobre unificación de doctrina, que corresponde al Tribunal Supremo. A propuesta de CiU, se incorporó la creación de la Fiscalía General de Cataluña, como órgano descentralizado la Fiscalía General del Estado.

Quedaron pendientes, para la sesión de trabajo del miércoles próximo, el artículo dedicado a la justicia de proximidad y el anexo con la propuesta para que las Cortes reformen la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de encajar el modelo catalán en el sistema general español, lo que en la práctica supondría probablemente un cambio del esquema general. El proyecto catalán afecta a unos 250 artículos de la citada ley orgánica.