Debilidades de la ley de Igualdad
Ya tenemos una ley de Igualdad vasca. Ya ha sufrido la primera transgresión parcial y transitoria por quienes la han presentado como estrella guía de progreso y de modernidad en Europa. Recojo palabras del propio lehendakari. Estos mismos deben corregir sus listas electorales iniciales ya que no respetaban la paridad que regula dicha ley. Es una anécdota desgraciada a la vez que significativa.
Una ley de Igualdad debe servir para remover los obstáculos que producen las desigualdades y discriminaciones de la mujer. Debe atacar las causas y corregir sus injustos efectos. Algunos, al legislar, se olvidan de ésto. Pretenden plantar sin remover y abonar la tierra, arreglar la fachada de la casa sin haber picado la pared. Renuncian consciente o inconscientemente a resolver los problemas de fondo. En este caso, al tratarse de una ley con contenidos muy transversales y generalistas, caen en una auténtica superficialidad y corren el riesgo de una peligrosa ineficacia. En el fondo, pretender avanzar en los derechos políticos de las mujeres, con toda la importancia que tienen, sin desarrollar los derechos de ciudadanía social con contenidos concretos que garanticen derechos económicos mínimos para una existencia decente, es una auténtica trampa y falacia políticas.
El subdesarrollo social limita la participación de la mujer en el mercado de trabajo
Es muy difícil, por no decir imposible, abordar el debate de la igualdad de género al margen de la preocupante crisis de la centralidad del trabajo y de las deficitarias y recortadas políticas públicas de bienestar social. Si no se hace de esta manera, nunca atacaremos las causas fundamentales de la desigualdad de género, que nos son otras que la desigualdad en el trabajo y la consiguiente precariedad y degradación de todo lo que tiene relación con la ciudadanía social.
Me preocupa que la lucha por la igualdad de género quede desligada de lo que hoy es el núcleo duro del sistema de organización económica, social y política: las relaciones de trabajo. Y es aquí precisamente donde las políticas desreguladoras de las relaciones de trabajo se han cebado en la mujer. Ha tomado cuerpo toda una serie de dinámicas y valores sociales que desinstitucionalizan la base jurídica del trabajo como bien colectivo. Ha emergido otro modelo -u otro antimodelo- de ocupación, inclusión y consideración social del trabajo. Un nuevo modelo con fuertes carencias, no sólo para generar puestos de trabajo suficientes para todos, sino también para institucionalizar el mundo del trabajo en base a criterios de estabilidad, calidad, justicia distributiva, equidad, seguridad, criterios que habían caracterizado la ciudadanía social en épocas anteriores y que determinan las actuales discriminaciones de la mujer en el trabajo.
Si queremos converger con la media europea en los indicadores generales de mercado de trabajo es imprescindible la incorporación de las mujeres a la actividad laboral e incrementar sus niveles de empleo en condiciones de igualdad, siendo preciso abordar nuestro escaso nivel de gasto público en todos los servicios relacionados con ayuda a las familias y en todo lo que hace relación a la problemática relativa a la dependencia. Y es precisamente en la sociedad vasca donde con mayor crudeza se perciben la progresiva mercantilización de los servicios sociales de dependencia, insuficientes y muy discriminatorios por su elevado coste. En definitiva, el subdesarrollo social limita la participación de la mujer en el mercado de trabajo, en cuanto que obliga a muchas de ellas a sustituir el papel de los poderes públicos.
Si nos ponemos a hacer comparaciones de la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo con los países nórdicos, los datos son muy significativos: el 77% de las mujeres en Suecia, el 75% en Dinamarca, el 76% en Noruega y el 72% en Finlandia, frente al 44% de nuestro país. Y es la universalización de los servicios sociales, que consideran la protección social como un servicio de todos los ciudadanos, lo que explica la alta tasa de ocupación de la mujer.
Haciendo referencia al Consejo Europeo de Lisboa y Estocolmo, nuestra tasa de ocupación de las mujeres debiera ser en 2005 del 57%; nos encontramos a 13 puntos de distancia. Si la tasa de ocupación femenina sigue creciendo a ritmo constante (como ha hecho en los últimos años) y, teniendo en cuenta que de forma paralela crece la tasa de paro de mujeres, cumpliríamos en 2015, siempre en el supuesto de que no empeorara la economía vasca, ya que cualquier factor desestabilizador de la misma no haría sino alejar el objetivo.
La resolución de los problemas de las familias contribuye a resolver el desempleo. Si tuviéramos el porcentaje de población adulta trabajando en los servicios de ayuda a la familia, así como en sanidad y educación, que tienen los países nórdicos, Euskadi gozaría de pleno empleo. Es preciso institucionalizar el derecho de la ciudadanía a la protección social frente a la dependencia, con el consiguiente aumento del gasto público para evitar que sea la familia -y sobre todo aquellas con menos capacidad de renta- la que se hace responsable de resolver el problema social, con la consiguiente sobrecarga de trabajo a la mujer sin ninguna protección social ni salario.
Una ley que se dedica fundamentalmente a recordar a las administraciones vascas el hacer efectivo el principio de igualdad sin diseñar la herramientas, los itinerarios necesarios con objetivos concretos, nos predice escasa efectividad. Empleo de calidad y medidas operativas para la conciliación de la vida laboral y personal pasan por poner en relación operativa igualdad de género, centralidad del trabajo y reforzamiento de la dimensión social de nuestro autogobierno. Es hora de dar un impulso real a los nuevos yacimientos de empleo, identificando las necesidades a las que debe darse cobertura social y que son generadoras de empleo. Así mismo, la formación debe convertirse en un instrumento de diversificación de las opciones profesionales que combatan la actual segregación ocupacional. Y por supuesto, los presupuestos deben incrementarse, compensando mediante prestaciones directas el mayor coste que supone tener hijos a cargo y prestando ayudas económicas familiares dignas especialmente a las familias en peor situación. Para avanzar en la igualdad es necesario reconocer el derecho subjetivo universal de atención a la infancia en la etapa previa a la escolarización obligatoria, así como una buena ley de Dependencia. En definitiva, se necesitan serios y palpables cambios de nuestras políticas públicas.
Carlos Trevilla es representante de UGT en el CES Vasco.
