La Generalitat reanuda las inspecciones de pisos en la zona menos afectada del Carmel

El proceso de inspecciones parecía bloqueado tras la reunión del lunes entre los vecinos y el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, pero ayer la Generalitat logró reanudar las inspecciones en una de las zonas que el Gobierno catalán señaló como menos afectadas por los hundimientos del Carmel. Siete de los ocho residentes de un edificio de la calle de Bernat Bransi accedieron a la inspección de sus pisos, por lo que ya son 19 de un total de 500 los pisos revisados. Nadal aseguró que las visitas técnicas avalan un "proceso lento pero seguro" hacia la normalidad.

Grego Carrillo, vecina del ático del 23 de Bernat Bransi, se enteró el pasado lunes de que las inspecciones empezarían ayer por su bloque. "No se llegó a ningún acuerdo con Nadal y aún no se han derribado los cuatro edificios vecinos", se extrañó la vecina ayer por la mañana. A las 10.00 horas, cuenta Carrillo, llamó a la Asociación de Vecinos, que le aconsejó que no dejara pasar a ningún técnico. "Llegué tarde. Cuando salí para avisar a mis vecinos ya habían inspeccionado seis pisos", explicó.

Varios residentes en el inmueble ya habían decidido quedarse en su piso cuando se produjo el segundo socavón, mientras que otros dormían en casa de parientes, y sólo una familia se alojaba en un hotel. Fuentes del Departamento de Política Territorial señalaron que todos los que están fuera del edificio podrán volver cuando en los próximos días se certifique que su vivienda es segura. En todo caso, no se pudieron revisar los bajos del edificio, que ocupan dos locales comerciales, como pidieron los técnicos, que en varias ocasiones han reiterado que es necesario analizar los primeros pisos de los inmuebles para elaborar un informe.

Seguridad

La portavoz de la comunidad, Mireia Parés, no siguió las recomendaciones de la Asociación de Vecinos y accedió a que inspeccionaran el sobreático donde vive, puesto que cree que los que permanecen en sus viviendas cobrarán igualmente las indemnizaciones. "Es mejor que vengan y lo miren bien, al menos así nos sentimos más seguros", aseguró, y ello a pesar de que Parés sigue pasando miedo. "Tengo una bolsa con ropa en la puerta por si nos tenemos que ir otra vez", añadió.

El presidente de la Asociación de Vecinos del Carmel, Fernando González, reclamó a la Generalitat que hasta el lunes no se reanuden las inspecciones, si bien aseguró que la entidad no se opondrá a que sigan las revisiones ya pactadas con los residentes de varios bloques. Representantes de la entidad se reunieron ayer con el síndic de greuges, Rafael Ribó. Un portavoz del Síndic aseguró que fue un encuentro informativo por si Ribó tiene que emitir alguna recomendación a la Generalitat.

Los técnicos darán a los vecinos en los próximos días un primer informe. Si éste determina que las viviendas están en buen estado, los vecinos podrán volver a su casa. Dentro de seis meses se revisará de nuevo cada piso y se emitirá un segundo informe. Si se detecta alguna incidencia se reparará y se emitirá un nuevo informe.

Cuando empezaron las inspecciones sólo se pudo acceder a una vivienda. El sábado se revisaron otras 11 de la calle de Pantà de Tremp y ayer 7 de las 8 previstas. En total, 19 visitas, a las que se sumarán los dos edificios en los que se prevé entrar hoy. Nadal advirtió ayer de que el retorno será lento y que los trabajos de refuerzo de las obras del metro se prolongarán hasta "finales de mayo".

Quienes aún no han cedido a las pretensiones de la Generalitat son los vecinos de los números 4 del pasaje de Calafell y 8 de la calle de Conca de Tremp, que no autorizan que se apuntalen sus bloques, lo cual es imprescindible para demoler los inmuebles contiguos.

Por otro lado, la Delegación del Gobierno en Cataluña empezó ayer a tramitar las peticiones de ayudas económicas que el Gobierno central concedió a los vecinos desalojados del Carmel, que son de 10.000 euros por vivienda derribada, un máximo de 6.000 euros para el resto de pisos y hasta 1.500 euros por la pérdida de enseres.

A las indemnizaciones se refirió también el portavoz parlamentario de ICV-EUiA, Joan Boada, quien consideró que es arriesgado extender las indemnizaciones de 30.000 euros por daños morales a los 1.135 desalojados, informa Efe. Boada reconoció que la Generalitat está sometida a una "presión social importante", pero opinó que "no es lo mismo exactamente" la situación de los que se han quedado sin casa que la del resto, y añadió que los anticipos que da la Generalitat es "dinero de todos los ciudadanos".