Un incierto futuro sin España

Cuando Francia y Alemania colocaron la primera piedra de lo que terminó convirtiéndose en la Unión Europea, los dos países iniciaron un proceso contrario al que, a su escala, plantea el nacionalismo vasco. Lo que busca expresamente es un grado mayor de integración económica de Euskadi con "territorios vecinos", en un proceso paralelo a la ruptura de ataduras con el resto de la sociedad española.

El objetivo consiste en convertir al País Vasco en "un polo de atracción económico" de calidad, esencialmente una zona de excelencia tecnológica. Para ello Euskadi necesita reforzar su capacidad de "articular los territorios vecinos desde un punto de vista económico, hasta conseguir una masa crítica que puede casi llegar a doblar su población real". Estas informaciones aparecen en el documento "Razones económicas para un nuevo marco institucional", presentado en su día por el Gobierno vasco al Parlamento de Vitoria.

Los residentes en Euskadi superan ligeramente los 2,1 millones de personas, según los últimos datos censales; duplicarlos implica montar un área económica de más de 4 millones de habitantes. El proyecto de nuevo estatuto del nacionalismo menciona a Navarra y a las demarcaciones vascas de Francia como territorios a los que Euskadi reconoce derechos políticos, pero la población de todos ellos no alcanza la "masa crítica" anhelada. Los autores piensan en otros vecindarios para dar sentido a un proyecto económico coherente con sus ambiciones políticas.

Sistema financiero de Euskadi

La argumentación del documento se basa en que el autogobierno está "agotado" en su versión actual, porque las competencias del Estatuto de Gernika han sido recortadas y el Ejecutivo vasco se muestra en profundo desacuerdo con políticas como la del "déficit cero", tenazmente aplicadas en la época del Gobierno de José María Aznar.

El jefe del Ejecutivo vasco, Juan José Ibarretxe, cuenta con una ventaja: la capacidad financiera de las instituciones vascas resiste cualquier comparación con el resto de las autonomías. Comunidades con elevado grado de crecimiento económico, como Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana, disponen de menos financiación territorial por persona que el País Vasco con el sistema vigente, gracias al reconocimiento del régimen foral, a partir de la Constitución española y del estatuto de autonomía.

En un sistema foral, lo que se queda la comunidad depende de los impuestos pagados por sus residentes; este procedimiento da mucho más dinero que el del resto de las comunidades. Puede comprobarse en el gráfico de la página siguiente, que compara los recursos territoriales por habitante en 2002. La media en Euskadi ascendió a 3.150 euros por persona, lo cual situó a esta comunidad como la segunda mejor financiada de España (en reñida disputa con Navarra, también foral). El conjunto de recursos de la comunidad vasca superó en un 64% la media de las comunidades, según cálculos facilitados por Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco.

Con una capacidad de gasto sistemáticamente superior a la media española, el sector público vasco ha compensado pasadas crisis y otras debilidades de la economía de Euskadi. En los últimos años ha aprovechado muy bien el ritmo impuesto por la locomotora del crecimiento económico español, sin que eso haya supuesto a Euskadi financiar mejor las necesidades de las regiones más retrasadas, porque ningún mecanismo se lo ha exigido.

Un 6,24 inamovible desde 1981

Al igual que Navarra -y a diferencia de las demás comunidades autónomas-, el País Vasco recauda la mayoría de los tributos que pesan sobre sus ciudadanos (IRPF, sociedades).

A cambio de la responsabilidad fiscal que corresponde a las Diputaciones Forales, el Gobierno de Euskadi aporta a la Hacienda española una contribución (el "cupo") para sufragar las competencias no asumidas por la comunidad vasca. Este sistema goza de un apoyo político muy amplio en Euskadi; por el contrario, fuera de esta comunidad crecen las dudas. Cada vez hay más expertos convencidos de que se pactó "muy a la baja" la valoración del coste de las competencias comunes y que convendría estudiar "la letra pequeña de la metodología de cálculo", apunta el economista Ángel de la Fuente en un estudio de la Fundación Alternativas.

Sucede, además, que la contribución de Euskadi al Estado por las competencias comunes se mantiene inamovible en el 6,24% desde principios de los años ochenta. Ese porcentaje representa lo que le toca pagar al Gobierno autónomo del gasto del Estado español en competencias no asumidas y cargas generales (Defensa, Exteriores, Jefatura del Estado y otras).

"No se paga el 6,24% de lo que recaudan las instituciones vascas, sino de presupuestos estatales decididos por las Cortes", matiza Pedro Azpiazu, portavoz económico del PNV en el Congreso, quien niega que la comunidad autónoma esté exenta de riesgos. Si la recaudación por tributos baja un año, eso no le exime de pagar al Estado el porcentaje comprometido. Y si las Cortes suben algunas partidas presupuestarias, como Defensa o el Fondo de Compensación Interterritorial, "a nosotros nos toca aportar lo que nos corresponda". Además, el diputado nacionalista recuerda que el presupuesto estatal de inversiones para Euskadi es ínfimo (un 0,4% del total para 2005).

Cupo para todos, ruina del Estado

Lo que pasa es que, en realidad, el País Vasco paga a la Hacienda central mucho menos de lo que representa el 6,24% citado. Por ejemplo: en 2002, la aplicación del afamado porcentaje habría arrojado un monto de 4.161 millones de euros; pero lo que realmente abonó Euskadi al Estado en concepto de cupo no llegó a 1.100 millones. La reducción sobre la cantidad inicial obedece a que se resta de ella el monto de algunos tributos recaudados aún por el Estado en Euskadi, así como parte del déficit estatal.

Tales descuentos no son graciables, sino producto de la aplicación de las normas existentes; cuya generosidad con las necesidades de Euskadi le ha permitido una aportación prácticamente simbólica a la solidaridad con las demás comunidades autónomas. Alfonso Utrilla, catedrático de la Complutense, estima que si las competencias no asumidas se traspasaran a Euskadi con los criterios del sistema de Concierto vigente, el cupo líquido resultante saldría negativo en más de 3.000 millones de euros.

Si se generalizase el método del cupo a todas las autonomías se produciría la ruina del Estado, según José V. Sevilla, una autoridad en materia de financiación autonómica. "La suma de los cupos de todas las comunidades autónomas, calculados en la misma forma en que se calcula el cupo del País Vasco, no alcanzaría para cubrir los gastos del Estado", asegura Sevilla en un artículo publicado en Revista de Libros.

He ahí algunas de las razones de que Euskadi haya podido amortiguar la pérdida de peso de su economía y superar la media de la Unión Europea en renta por habitante. Por cierto, este último indicador, muy positivo a corto plazo, resulta discutible en función de la pérdida relativa de población que experimenta el País Vasco, según algunos expertos.

Así, los habitantes de Euskadi representaban el 5,5% del total de la población española en 1981; desde entonces, ese porcentaje ha caído ligeramente por debajo del 5%. Ese resultado contrasta con el crecimiento medio de la población española que, de acuerdo con datos oficiales, se incrementó en algo más del 6% entre 1999 y 2003, con aumentos especialmente sensibles en Madrid, Murcia, Canarias y Baleares.

"Algo le pasa a una región rica cuando pierde población", apunta el catedrático Mikel Buesa, vicepresidente del Foro Ermua, que figura entre los convencidos de que el terrorismo de ETA y la falta de libertades de los no nacionalistas en Euskadi tienen que ver con la caída en el número de residentes.

El inquilino de Ajuria Enea

Un efecto secundario de la reducción del número de pobladores es que contribuye a abrillantar la presentación de los datos macroeconómicos. Los nacionalistas argumentan que en Euskadi se vive muy bien. Como lo hizo el lehendakari, Juan José Ibarretxe, ante los diputados de toda España, el 1 de febrero: "Estamos a la cabeza del Estado en materia de renta familiar disponible (...), tenemos el máximo de ocupación que hayamos tenido nunca en nuestra historia (...), es un país moderno, avanzado económicamente".El inquilino de Ajuria Enea sostiene que los vascos gestionan mejor. A través de las respuestas a las "preguntas más frecuentes" suscitadas por el proyecto de nuevo estatuto, colgadas en la página de Internet del Gobierno vasco, Ibarretxe se fija en la alta velocidad ferroviaria y explica que, si hubiera sido competencia exclusiva de Euskadi, "probablemente la Y vasca estaría ya terminada" (...). El Gobierno español ha dado prioridad a otros trayectos y se ha dejado marginado a Euskadi de la red europea de alta velocidad". Ninguna alusión a que el asunto es un poco más difícil: esa conexión depende también de inversiones que Francia no ha aprobado, entre otras razones.

A la pregunta de un jubilado vasco que pasa seis meses en Alicante y quiere saber si la pensión se la pagará el Gobierno vasco o el español, Ibarretxe le contesta a través de la Red lo que sigue: "Usted ha cotizado a lo largo de toda su vida laboral a la Seguridad Social y esto es lo que le da derecho a cobrar su pensión, se la pague el Gobierno vasco o el Gobierno español". Magra respuesta para quien desea seguridades de que una pelea política no ponga en peligro la puntual transferencia periódica. El propio lehendakari precisa a los internautas: "Si las instituciones vascas pudiéramos gestionar nuestra propia Seguridad Social, tendríamos un mayor grado de garantía del cobro de las pensiones futuras. Simplemente, porque las gestionaríamos mejor".

Otras personas ponen en duda que esto sea así de fácil. En los últimos años, tanto en Euskadi como en el resto de España se ha creado empleo, lo cual ha permitido recaudar más ingresos por cotizaciones y reducir las prestaciones por desempleo. De ahí el superávit que presenta la Seguridad Social en el País Vasco. A juicio del profesor Zubiri, sin embargo, el plan de Ibarretxe "no supone una garantía adicional para las pensiones", al contrario: quiere asumir la gestión de las pensiones, pero mantiene "el ajuste con el Estado de los ingresos del sistema de pensiones".

Algunos analistas estiman que no durará mucho el superávit de la Seguridad Social y suponen que, si el mercado de trabajo y la demografía evolucionan como hasta ahora, el País Vasco pronto necesitará transferencias del sistema centralizado, según Alfonso Utrilla y Yolanda Ubago.

Polémica fiscal con la UE

Un objetivo importante para los nacionalistas consiste en completar el poder fiscal de Euskadi. "El País Vasco contribuye a las cargas del Estado independientemente del resultado de su gestión recaudatoria. ¿Qué razones justifican un principio de equivalencia [con el Estado] en la presión fiscal?", argumenta el Gobierno vasco en el documento "Razones económicas de un nuevo marco institucional". Donde también se afirma que el Concierto Económico con el Estado se elaboró en 1981 bajo "exageradas previsiones armonizadoras", demasiado obsesionadas por evitar la relajación en la presión fiscal.

El proyecto de nuevo estatuto pide potestad para que Euskadi regule su propio régimen tributario. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha anulado decisiones vascas de 1996, como la de reducir en 2,5 puntos el tipo del impuesto de sociedades, considerándolo una violación de las reglas europeas de la competencia.

En un clima político menos emponzoñado, tal vez este problema habría sido objeto de un arreglo, como el que puso fin en 2000 al litigio sobre un paquete de ventajas fiscales a la inversión, por las que la Comisión Europea abrió expediente de infracción. Sigue pendiente un recurso contra la decisión europea de que las administraciones vascas devuelvan el monto de las ayudas abonadas en virtud de tales ayudas. Un Concierto económico como el vigente entre el Estado español y la autonomía vasca es muy singular en la UE.

A juicio del consultor Ignacio Marco Gardoqui, el lehendakari cae en una frecuente contradicción: hace un relato complaciente de la situación económica y social del País Vasco, "sin reconocer que el Concierto Económico y la aplicación del Estatuto de Gernika son los principales responsables, junto con el esfuerzo de los vascos, del bienestar actual y del grado alcanzado por la asistencia sanitaria y educativa". En su opinión, Ibarretxe "se enorgullece del resultado, pero denigra el instrumento que lo ha hecho posible".La lógica del proyecto nacionalista conduciría, además, a reducir el cupo que se paga al Estado.

Fronteras virtuales

Es difícil anticipar los costes de una salida traumática, en caso de que el nacionalismo insista en consultar a la población sobre un proyecto de estatuto ya rechazado por el Congreso.

Los redactores del proyecto Ibarretxe han hilado fino para no esgrimir la amenaza de la escisión. Las fronteras que dibujan en sus documentos son virtuales: un poder fiscal completamente propio, una Seguridad Social gestionada de manera autónoma; pero no proponen fronteras físicas. Al contrario: se declaran a favor del principio de unidad de mercado inherente a la UE.

En un estudio publicado hace tres años por dos especialistas en relaciones internacionales, Andrés Ortega y José M. de Areilza, ya se demostraba que, jurídicamente, "no hay posibilidad de escisión unilateral en una situación pacífica" dentro de la Unión Europea. Y si se diese el caso de que un territorio se escinde, a pesar de todo, esto no lleva a la permanencia en la Unión, sino a ponerse a la cola de los Estados que piden la adhesión plena a la UE. Argumentos todavía más reforzados por las previsiones de la Constitución europea, actualmente en fase de ratificación.

Ni los más radicales pueden creer que la escisión a las bravas podría aportar beneficios a Euskadi. En un estudio que causó gran irritación entre los nacionalistas, un equipo dirigido por Mikel Buesa advirtió, hace más de un año, de las graves consecuencias que tendría para Euskadi colocarse fuera de la Unión Europea: pago de aranceles, a causa del establecimiento de fronteras físicas; necesidad de crear una nueva moneda, que nacería muy depreciada; caída de la actividad entre un mínimo del 10,5% y un máximo del 19,9% sobre su valor actual; destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo y multiplicación de gastos para cubrir las funciones del nuevo Estado, que no se compensarían con el ahorro del cupo.

Otra hipótesis sería la partición pactada: ejércitos de abogados la acordaron para Checoslovaquia y es efectiva desde 1993. Para Apolonio Ruiz Ligero, subgobernador del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, "la Unión Europea no admite secesiones". Es verdad que aceptó la petición de la República Checa y de Eslovaquia para incorporarse por separado a la ampliación, "pero esa separación fue pacífica y negociada", recalca. "Además, España es una entidad consolidada en Europa. En ningún caso serviría como precedente una decisión tomada cuando Checoslovaquia aspiraba a entrar en la UE".

Ideas del Círculo de Empresarios

Si la secesión no es el objetivo formal del plan Ibarretxe, tampoco éste puede aplicarse unilateralmente, porque su ejecución no es neutra para el conjunto de los españoles.

Los contactos se han abierto discretamente para evitar soluciones traumáticas. La clave son los resultados que arrojen las urnas el próximo 17 de abril, en las elecciones autonómicas convocadas por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, como réplica al rechazo de su plan por el Congreso.

"Nos encontramos ante un periodo electoral complicado, pero hay mucha gente convencida de la necesidad de un diálogo entre partidos políticos para buscar fórmulas de convivencia", explica Alejandro Echevarría, presidente del Círculo de Empresarios Vascos.

"Las elecciones volverán a ratificar que Euskadi está dividido en dos partes, los nacionalistas y los constitucionalistas. Desde el Círculo de Empresarios hemos insistido en que el plan Ibarretxe puede fomentar la división social. Creo que ese proyecto es irrealizable si no tiene un apoyo contundente de la sociedad vasca y hay que buscar soluciones de entendimiento a largo plazo. Confío en que los partidos que consigan resultados electorales importantes sean capaces de dialogar", dice, en alusión evidente al PNV y al Partido Socialista.

"Tenemos indicaciones de que se puede abrir una vía de diálogo poselectoral", confirma el presidente del Círculo de Empresarios Vascos.