El tripartito no auditó a Obras Públicas

Tras 23 años de era Pujol, y después de haber martilleado desde la oposición sobre la presunta existencia de una red de favores en distintos ámbitos, lo primero que hizo el Gobierno de Pasqual Maragall, bajo la tutela de su consejero de Economía, Antoni Castells, fue encargar dos auditorías.

La primera es, en realidad, un informe económico y financiero para saber cómo estaban las cuentas de la Generalitat a 31 de diciembre de 2003. Este trabajo lo dirigió el mismo Interventor General de la Generalitat que había bajo CiU (Josep Maria Portabella), en quien Castells depositó su confianza, y fue supervisado por un grupo de expertos reconocidos de toda España. Hay que decir que el mismo Interventor General validó con pocos meses de diferencia una situación muy distinta: primero, que las cuentas de la Generalitat arrojaron un superávit contable en 2003 de 284 millones de euros y, poco después, cuando el nuevo Gobierno catalán se propuso aplicar las normas contables SEC 95 de la nueva ley de estabilidad presupuestaria, validó que la Generalitat tuvo ese mismo año un resultado negativo de 1.177 millones de euros.

La segunda auditoría se encargó para analizar la gestión de la Generalitat. Castells insistió en que su finalidad no era "buscar y destapar escándalos" y también en que no se habían encontrado actividades delictivas, aunque se curó en salud diciendo que ello no significaba "que no pudieran acabar saliendo".

Esta segunda auditoría da un repaso general a la propia estructura organizativa de la Generalitat, entra en algunas irregularidades que ya se hicieron públicas y luego, en sus anexos, incluye informes específicos sobre los Departamentos de Justicia, Interior, Educación, Trabajo, Industria, Comercio, Turismo y Consumo, Universidades, Investigación y Sociedad de la Información. Política Territorial y Obras Públicas (PTOP) no fue auditado, pese a las sombras de sospecha que había alentado la propia izquierda.

"Se trataba de analizar actividades transversales, y no departamento por departamento, porque es imposible analizarlo todo y se hizo un muestreo de algunos departamentos", explica Economía, que formaba parte con Presidencia, Gobernación y el Conseller en Cap de la comisión interdepartamental que decidió qué había que auditar. Fuentes próximas a Obras Públicas sugieren que había poco que auditar "porque no había papeles". Desde la Intervención General se apunta que Obras Públicas tiene como tal pocos contratos. "Lo que hay que analizar es la empresa GISA".

De ahí el anexo sobre GISA. Pero éste no es más que un trabajo que ya estaba en marcha por obligación de Bruselas y por encargo del propio anterior Gobierno de CiU. Economía argumenta que no tenía sentido encargar otro cuando había éste en marcha, y también en que la Intervención General no tiene color.