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La lenta modernización de riegos en el Júcar

Sara Velert

La revisión del proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó es otro punto de confrontación entre el Gobierno y la Generalitat, que le reprocha haber "dejado pendientes de un hilo" a usuarios y administraciones con declaraciones que ve contradictorias sobre los recursos que podrán transferirse. Los socialistas, por su parte, acusan al Consell de poner en riesgo el trasvase por el retraso en la modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar (ARJ), Escalona, Carcaixent, Sueca, Cullera y Cuatro Pueblos, que permitirán sacar recursos para el Vinalopó tras cubrir las necesidades del río y L'Albufera, no tenidas en cuenta por el PP. El consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, sostiene que el plan de la cuenca del Júcar no exige como condición previa estos ahorros, y que el nuevo canal principal de la ARJ, terminado en febrero de 2004 por el Ministerio de Medio Ambiente, permite disponer de 50 o 60 hectómetros cúbicos. Sin embargo, la comisión técnica que ha analizado el proyecto concluyó que no es posible ceder 80 hectómetros cúbicos para el trasvase sin poner en peligro los usos del Júcar.

El ministerio tiene pendiente modernizar la conducción principal de las acequias de Escalona y Carcaixent -el proyecto está declarado urgente-, mientras que la Generalitat prepara el concurso para la red de transporte a las parcelas. Pero la principal demora se centra en la ARJ, donde el Consell, en virtud de un convenio de 2001 con el ministerio y los usuarios, asumió invertir unos 60 millones de euros en la modernización de los 45 sectores en que se dividen las parcelas de riego. De momento, la Consejería de Agricultura sólo tiene en ejecución las obras de red de distribución de tres sectores, con una inversión de 8,5 millones de euros, y está redactado el proyecto de otros tres, por un coste de 4,6 millones de euros y que abarca 1.220 hectáreas. Infraestructuras achaca el principal retraso a que los regantes no han aportado aún la mayoría de proyectos restantes (otras 14.500 hectáreas) y debían poner a disposición de la Administración el suelo para ejecutarlos. Por ello, la Generalitat ha declarado la urgente ocupación de los terrenos. García Antón, a pesar de la fuerte inversión pendiente, asegura que las obras completas pueden acabarse en dos o tres años.

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Sobre la firma

Sara Velert
Redactora de Internacional. Trabaja en EL PAÍS desde 1993, donde ha pasado también por la sección de Última Hora y ha cubierto en Valencia la información municipal, de medio ambiente y tribunales. Es licenciada en Geografía e Historia y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS, de cuya escuela ha sido profesora de redacción.

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