El final de una pesadilla
El Grupo Bergé se libra de Napesa por incumplimiento de contrato
El Grupo Bergé ha necesitado cinco años para librarse de Naviera Peninsular, por la que pagó 7,29 millones de euros sin saber que estaba en quiebra. Un juzgado decidió la pasada semana la "resolución del contrato por incumplimiento de los vendedores", que deberán devolver el importe de la compra más una indemnización por daños y perjuicios.
La indemnización por daños y perjuicios puede alcanzar los 8,062 millones de euros, según el informe pericial
En marzo de 2000, la familia Bergé compró a la bilbaína Acha Napesa por 12,02 millones de euros, de los que dejó pendientes de pago 4,81 millones hasta conocer la situación exacta de la empresa. Ese día se inició una pesadilla para el Grupo Bergé. La quiebra de Napesa se decretó, con fecha de abril de 2000, el 15 de febrero de 2001 con un pasivo de 16,59 millones de euros. Bergé hizo la compra sin haber realizado antes diligencias previas. La sentencia justifica la resolución del contrato en la doctrina del Tribunal Supremo de "inhabilidad del objeto vendido para cumplir la finalidad para la que se vendió".
Napesa tenía sus 23 barcos en funcionamiento en el momento de la compra y como medida de precaución Bergé dejo de pagar una cantidad para incidencias. Raimundo Segura, socio director del área mercantil de Cuatrecasas, y Marta Gispert, abogada de la misma firma, que han llevado el caso para Bergé, señalan también que se condionó el precio final a los informes de auditoria de Arthur Andersen (hoy Deloitte) y de la empresa de inspección de buques London Shipping Consultancy. El precio final de la operación lo debía establecer Deloitte, según el acuerdo alcanzado.
Lo que realmente no se esperaba es que la empresa no valiera nada. "Era difícil establecer un precio porque solamente estaba auditada la contabilidad de la cabecera, las filiales no consolidaban", afirma Segura. Los buques estaban tan deteriorados que necesitaban, según la consultora británica, reparaciones mínimas por valor de 7,99 millones de euros para poder navegar y máximas de hasta 9,37 millones. Sin reparaciones no podían navegar. De hecho, los buques no se han reparado y algunos ni siquiera se han achatarrado. Algunos se han hundido para hacer un parque temático de buceo.
La resolución judicial del contrato, más allá de la devolución del precio de compra y sus intereses, recoge una indemnización sin cuantificar por los daños y perjuicios. Cuatrecasas presento una valoración de daños, confirmada por un perito judicial, por un importe total de 8,062 millones de euros. En esta cantidad se incluyen, entre otros, las gastos e indemnizaciones laborales a los 150 trabajadores de Napesa.
Aunque la sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, Bergé, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, va a solicitar su ejecución inmediata y la recuperación del máximo posible de lo gastado en una operación de pesadilla. De los 16,59 millones que pagaron hace cinco años hubo un ala de la familia que devolvió 1,2 millones al considerar que la operación había sido un engaño. Este sector queda fuera de la sentencia.
El Grupo Bergé solicitó en primer lugar la anulación del contrato, lo que supondría que nunca existió, pero se conforma con su segunda petición: la resolución por incumplimiento y, por tanto, no recurrira la sentencia.
Larga carrera judicial
El Grupo Bergé inició una carrera en los tribunales en tres jurisdicciones, la civil, la laboral y la penal. Todavía hoy quedan varios frentes abiertos. La vía civil se acaba de cerrar, pero a la familia Acha le queda abierta la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo, aunque deberán hacer frente al pago que establece la sentencia. La vía penal está estancada y no se espera mucho de su curso.
La vía laboral fue la más rápida. La primera sentencia fue dictada en Bilbao a favor del Grupo Bergé. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le dio la vuelta. Bergé tuvo que hacer frente a las indemnizaciones laborales y decidió entonces, a través de sus abogados de Cuatrecasas, recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho de defensa al considerar que el Superior no se limitó a revisar la prueba, sino que hizo una nueva valoración.
Aunque los frentes siguen abiertos, la sentencia en la jurisdicción civil supone un alivio para el Grupo Bergé, que desde el origen del conflicto se ha sentido como el principal perjudicado y ha tenido que hacer frente a todos los gastos de liquidación de Napesa.
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