El corredor de la muerte no es apto para menores

"El acto que cometí y por el que me encerraron aquí fue atroz. Lamento la muerte de John Luttig. Esta noche decimos al mundo que, para la justicia, no hay segunda oportunidad. Hoy nadie gana. Nadie cierra sus heridas. Nadie sale victorioso". Ésta fue la declaración final de Napoleón Beazley antes de ser ejecutado en Tejas con una inyección letal en mayo de 2002. Beazley cometió su crimen cuando legalmente era demasiado joven para fumar, para beber o incluso para votar. Bajo la ley se le consideraba menor de edad para casi todo. Excepto para ser ejecutado. Para Napoleón Beazley, que cometió su crimen a los 17 años, la decisión del Tribunal Supremo de EE UU de eliminar la pena capital para menores de 18 años llega tarde.

El histórico fallo del máximo tribunal fue muy ajustado, cinco votos contra cuatro

No así para Anzel Jones, Edward Capetillo, Raymond Cobb... Así, hasta 72 presos que hoy están en alguno de los corredores de la muerte de EE UU y que tenían 16 o 17 años cuando cometieron sus crímenes, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte; 3.500 personas han sido condenadas a muerte en EE UU desde que se reinstauró su práctica en 1976.

Una ajustada -cinco votos contra cuatro en el Supremo-, pero histórica decisión les ha salvado la vida. Decisión que ha estado inspirada en el caso conocido como Roper versus Simmons.

En 1993, cuando Christopher Simmons contaba 17 años, entró a robar en una vivienda de Misuri. Dentro de la casa encontró a una mujer a la que Simmons ató, amordazó y tiró viva desde un puente a un río, donde murió ahogada. Fue condenado a muerte. Pero sus abogados recurrieron la decisión por considerar "inconstitucional" el ajusticiamiento de un menor. Cuando el Supremo de Misuri decidió que la aplicación de la máxima pena era ilegal, el Estado recurrió a la Corte Suprema de Washington. Esta máxima corte se pronunció el pasado martes, salvando así la vida a 72 reos. Todos ellos son hombres. De los 50 Estados que componen EE UU, 38 aplican la pena capital y 19 de ellos lo hacían sobre menores de edad.

Simmons, que ahora cuenta 28 años, no consiguió hablar con ninguno de sus familiares el día que se conoció la noticia. Sí lo hizo con uno de sus abogados. "Gracias, muchas gracias", fue lo que atinó a decir desde la cárcel de Kansas donde ahora cumplirá cadena perpetua, según contó su letrado. Simmons llevaba meses rezando. "Creo que ve la mano de Dios en el resultado", informó el abogado.

Mano divina o no, lo que ha tenido un peso determinante entre los argumentos de los nueve jueces a la hora de dictar la sentencia es que EE UU no podía seguir siendo una excepción, ya insostenible, dentro de la comunidad de países civilizados, al aplicar la pena de muerte a adolescentes. Junto a Somalia, EE UU era el único país del mundo en que se aplicaba, legalmente, esta pena a menores. Esto era posible, ya que ni Washington ni Mogadiscio han ratificado la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, donde se prohíbe la pena capital a menores.

Shermaine Johnson, otro menor en el momento de cometer un crimen que niega -la violación y asesinato de una joven de 22 años- ha recibido esta semana una llamada que llevaba esperando más de diez años. Fue condenado cuando tenía 16 y ahora tiene 27. Ha pasado más de una década en el corredor de la muerte de una cárcel de Virginia. Su abogado mostró su felicidad al conocer el anuncio.

No se sintió tan afortunado el abogado Steven Schneebaum. Su cliente, Steve Roach, tenía 17 años cuando mató de un tiro a su vecino. Con 23, el Estado cometió en su persona un homicidio legal en el año 2000. "Siento que el Supremo haya llegado a una conclusión que desgraciadamente para mí, pero sobre todo para mi representado, llega demasiado tarde", dijo Schneebaum. Es el mismo caso de Gerald Mitchell. Ejecutado en Tejas en 2001 con una inyección letal por un crimen cometido cuando tenía también 17 años.

Quien no pisará el corredor es Lee Boyd Malvo. A Malvo le faltaban ocho meses para la mayoría de edad cuando aterrorizó junto a un adulto la región de Washington al convertirse en francotiradores y asesinar a varias personas. El entonces secretario de Justicia, John Ashcroft, intervino cuando fueron capturados para que ambos, incluido el menor, fueran juzgados en Virginia, Estado donde existía pena capital para menores.

Entre las razones del Supremo para abolir la pena de muerte a menores se argumentó que era un "castigo inusual" e "inhumano" y, por lo tanto, inconstitucional. Pero también se tuvo en cuenta que "la inestabilidad y el desequilibrio emocional de los jóvenes pueden ser un factor".

Glen McGinnis hubiera cabido hoy dentro de esa definición. Fue ejecutado en enero de 2000 por un asesinato en Tejas cometido a los 17 años. Pero su vida fue un catálogo de abusos. La madre de McGinnis ejercía la prostitución en el apartamento de un solo dormitorio que compartía con su hijo. Era adicta al crack. Su padrastro lo sometía a todo tipo de abusos. El Servicio de Protección al Menor intervino tres veces: una, cuando el niño fue violado por su padrastro a los 10 años; otra, cuando lo golpearon en la cabeza con un bate de béisbol, y la tercera, cuando su madre y su padrastro le quemaron el estómago con aceite hirviendo.

Las tres veces, el Servicio de Protección al Menor devolvió a Glen a su casa. Las tres veces él se escapó. Cuando cometió el asesinato estaba en libertad condicional por el robo de un vehículo. En su juicio, el fiscal del distrito pidió enérgicamente la pena de muerte y retrató a Glen McGinnis como un delincuente habitual que, si vivía, representaría una amenaza para la sociedad.

La defensa presentó pruebas de los abusos y la falta de cuidados sufridos por Glen durante su infancia. Los empleados del centro de detención de menores en el que había estado recluido declararon que tenía un buen expediente disciplinario. Según dijeron, no era agresivo, ni siquiera ante las constantes agresiones de otros menores del centro, que lo atacaban por su homosexualidad. McGinnis murió por inyección letal en 2000.

El día de la decisión del Supremo no todo el mundo estuvo satisfecho. Los grupos de defensa de la pena capital se mostraron decepcionados. Existen voces que proponen rebajar la edad. Es el caso del ex gobernador de California Pete Wilson. En su opinión, la pena de muerte debería aplicarse a partir de los 14 años.