"Estamos colapsados"
El mismo día en el que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, decía que el teléfono para pedir cita previa (901 50 20 50) para iniciar el proceso de regularización de inmigrantes funcionaba con normalidad, una de las teleoperadoras que atiende este servicio aseguró a EL PAÍS: "Desde el jueves pasado, que se rompió el sistema informático, tenemos que recoger todos los datos manualmente. Estamos colapsados".
Fuentes de la Administración reconocen el fallo informático, pero afirman que fue solucionado el mismo jueves. "Las incidencias fueron mínimas y no han tenido repercusión en el ciudadano", asegura la secretaria general de la Tesorería de la Seguridad Social, María José Tarrero.
La operadora, que es extranjera y no quiere dar su nombre, se queja de que cada vez que coge el teléfono "aparece una persona enfadada al otro lado. Todos los inmigrantes protestan porque tienen que llamar muchas veces. Algunos dicen que se han gastado más de 30 euros". El teléfono para pedir cita previa es de pago compartido. La persona que llama paga 0,012 el minuto.
Uno de los empresarios enojados es Luis, nombre ficticio, que quiere regularizar a un extranjero que trabaja para él. "He intentado llamar varias veces y no me contesta nadie", protesta. "Esta situación me está creando tiranteces con mi empleado, que piensa que no le quiero regularizar".
En cuanto al buzón de voz que la Administración ha instalado para solucionar estos problemas, la operadora considera que "no vale para nada porque muchas personas vuelven a llamar porque se han quedado con dudas". Este periódico comprobó ayer que el buzón de voz no salta, y que el tiempo de espera es de unos 10 minutos.
Según la operadora, muchos de los inmigrantes que llaman están totalmente "desorientados y simplemente piden información". Como esta empleada, el resto de las 35 personas que atienden el teléfono ya trabajaban para la empresa subcontratada por la Tesorería de la Seguridad Social (Atento) en esta misma línea, informando acerca de otros aspectos de la Tesorería. "Simplemente se hizo una redistribución de personal. Al principio empezaron trabajando 12 personas y ahora hay 35. No descartamos llegar a las 50 o 60 personas si las condiciones lo requieren", indica Tarrero.
El problema es que estos trabajadores sólo han recibido un curso de dos horas para informar a los inmigrantes. Cuando se la pregunta a la operadora si es suficiente, se ríe y dice que se reserva la respuesta. Desde la Tesorería afirman que cuando la información que demandan es complicada, los demandantes son derivados al número de la Secretaría de Estado de Inmigración, 902 40 10 15, o a las ONG.
Aparte de las quejas por la cantidad de veces que tienen que llamar y por el dinero que cuesta cada llamada, los inmigrantes preguntan sobre todo por las cuotas que los empresarios deben pagar a la Seguridad Social para contratarles. "Se quejan de que no se publique en ningún sitio qué porcentaje del sueldo del trabajador tiene que pagar el empresario. Sus empleadores les mienten, les dicen que tienen que pagar mucho dinero y que por eso no les quieren regularizar".
Cada operadora atiende las llamadas procedentes de dos distritos postales. "Pero a veces nos entran llamadas de otros códigos y tenemos que decirles que vuelvan a llamar. Si son de los códigos de mi compañera, se los paso, pero lo tenemos prohibido. La orden es que tienen que volver a llamar".
