10.000 usuarios de Alicante, afectados por la quiebra de una aseguradora

Alrededor de unos 10.000 usuarios han resultado afectados en la provincia de Alicante por la quiebra del grupo Centro Asegurador, según estimaciones iniciales de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE). Gran parte de los afectados son residentes extranjeros en las comarcas de las Marinas que habían suscrito pólizas para atención sanitaria, según precisó Carlos Zarco, delegado de ADICAE en Alicante. No obstante, la compañía abarcaba todo el espectro del ramo de seguros, desde pólizas hipotecarias hasta planes de pensiones. El representante de la plataforma en defensa de los usuarios declinó valorar el impacto económico de la quiebra de Centro Asegurador.

Centro Asegurador, compañía de ámbito nacional, ha presentado suspensión de pagos en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid. El juzgado ha admitido a trámite la demanda de la mercantil, aunque la Dirección General de Seguros va a impugnar el acuerdo judicial ante la posibilidad de que Centro Asegurador entrase en liquidación.

Tras la presentación del expediente de suspensión de pagos, los clientes de Centro Asegurador se han dirigido a ADICAE en demanda de información para proteger sus derechos ante una posible liquidación de la compañía. "Nos han llamado [afectados] desde Benidorm, La Nucia, Dénia o Xàbia, para expresarnos su preocupación", aseguró ayer Zarco.

Ante el aluvión de consultas, ADICAE ha hecho público un comunicado con consejos a los asegurados. La primera recomendación de la entidad es que no se precipiten a la hora de adoptar decisiones que impliquen el rescate de los pólizas, sean del carácter que fueren. En el caso de seguros sanitarios, ADICAE, insta a los usuarios a que exijan a Centro Asegurador el compromiso adquirido y adjuntar las reclamaciones planteadas ante las clínicas concertadas que se nieguen a atenderlos, "como ya ha sucedido en Madrid", precisa la nota de ADICAE.

El grupo Centro Asegurador, cuyas acciones controla en un 90% la hermana del presidente, Carlos González-Baylin, ha presentado la suspensión de pagos ante la imposibilidad de afrontar la indemnización de 11 millones de euros fijada por un juzgado de Cataluña a raíz de un accidente pirotécnico, que causó heridas a un centenar de jóvenes la noche de San Juan de 1997 en Barcelona. La compañía aseguradora se enfrenta también a un expediente abierto por la Dirección General de Seguros, organismo dependiente del Ministerio de Economía, encargado velar por la seguridad jurídica en el mercado asegurador, que le ha instado a cesar la emisión de nuevas pólizas.