El fiscal dice que el GIL amoldó las normas al interés particular

El fiscal Juan Carlos López Caballero hizo ayer un duro alegato sobre la política urbanística del Grupo Independiente Liberal (GIL) en Marbella al leer el escrito de acusación contra el ex alcalde Julián Muñoz y otros seis concejales que formaban parte de la comisión de gobierno que en septiembre de 1998 concedieron una licencia de obras para una promoción de 238 viviendas en una parcela que el planeamiento reservaba como zona verde en Banana Beach. El fiscal aseguró que los siete ediles actuaron "con conciencia y voluntad de ir contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente y lo hicieron porque seguían unas consignas aceptadas por el equipo de gobierno para adaptarlo a las necesidades de los promotores urbanísticos".

Las licencias, según el fiscal, se otorgaban "a la carta" en función de los intereses particulares de los promotores. En este caso, "no es la iniciativa pública la que determina la ordenación del territorio, sino que se abre a los intereses particulares", dijo el fiscal. En su alegato consideró además el contexto en el que se emitió la licencia objeto del proceso penal de "no acatamiento sistemático de la legalidad por parte del Ayuntamiento de Marbella". Según relató López Caballero, de los 248 procedimientos penales por delitos contra la ordenación del territorio instruidos por la Audiencia de Málaga entre 1999 y 2004, el 80% de los mismos corresponden a Marbella.

El fiscal ratificó su petición de año y medio de prisión y ocho años de inhabilitación para los siete acusados por delito continuado contra la ordenación del territorio y, alternativamente, ocho años de inhabilitación por prevaricación. La defensa insistió en que en aquel momento no estaba claro cual era el plan urbanístico de aplicación en Marbella.