El fiscal pide seis meses para Julián Muñoz en el primer juicio por delitos urbanísticos en Marbella

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y otros seis concejales del segundo gobierno del Grupo Independiente Liberal en Marbella (1995-99) se sientan desde ayer en el banquillo de los acusados en el primer juicio oral que se celebra por delito urbanístico, de la aproximadamente medio centenar de causas penales abiertas por este motivo. Muñoz, para quien el fiscal pide seis meses de prisión y la acusación popular año y medio, alegó que todas las licencias que concedió fueron "siempre desde el convencimiento que eran legales" de acuerdo a informes de técnicos municipales.

La vista oral que se inició ayer en el juzgado de lo Penal número 5 de Málaga pone fin a un conflicto jurídico que ha enfrentado a jueces y fiscales de Málaga sobre si la compatibilidad de los procedimientos contenciosos-administrativos y los penales. La mayoría de los sumarios por causa penal tienen que ver con la concesión de licencias que están impugdanas por la Junta de Andalucía en la vía de lo contencioso administrativo, y los jueces instructores, con el amparo el amparo de la Audiencia Provincial, han optado hasta ahora por paralizar los procedimientos penales en tanto se agotaba la vía contenciosa.

Todo ello ha motivado un enorme retraso en la tramitación de causas penales, pese a que desde el año 1996 se vienen sucediendo las denuncias por inrregularidades urbanísticas de los equipos de gobierno del GIL en Marbella. De hecho, la causa que se ve en el juicio iniciado ayer se refiere a la concesión de una licencia el 9 de septiembre de 1998. La vista oral puede celebrarse por fin una vez que la en mayo de 2004 la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decretó nula la licencia de obra objeto del juicio. Se trata de la autorización para 238 viviendas en una parcela en la zona de Banana Beach, en primera línea de playa, que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, de 1986, reservaba como no urbanizable al catalogarla de zona de áreas libres para parques y jardines.

Aún ayer, en las cuestiones previas de la vista oral, el abogado José María del Nido, defensor de Julián Muñoz, planteó una cuestión previa de prejudicialidad administrativa y pidió que la vista no se celebre hasta que el Tribunal Supremo no resuelva el recurso de casación que la promotora de las viviendas, Turismo y recreo Andaluz (Turasa) ha puesto contra la decisión del TSJA.

El juez desestimó la petición porque argumentó que en los recursos de casación el Supremo "no entra en conocer las cuestiones de hecho, sino los fundamentos jurídicos". "La única manera de cambiar las cosas es que el Supremo dijera algo tan sorprendente como que una licencia de obras sin amparo en el ordenamiento urbanístico es lícita".

Julián Muñoz, que en septiembre de 1998 era segundo teniente de alcalde, presidió por ausencia de Jesús Gil y su segundo, Pedro Román, la comisión de Gobierno que otorgó la licencia. Muñoz reconoció que en las sesiones de este órgano los concejales no leían los informes técnicos, y que preguntaban al secretario si todo estaba en regla para tomar una decisión. También dijo que "siempre" que votó a favor de una licencia lo hizo "en el absoluto convencimiento de que era legal", y argumentó que todas las licencias otorgadas por el consistorio se basaban en validez el Plan General de Ordenación Urbana que el Ayuntamiento de Marbella aprobó en pleno el 7 de agosto de 1998, pese a que la Junta, con competencia para la aprobación definitiva de los planes, lo vetó el 20 de julio, y que de hecho fue declarado nulo por el TSJA.

Dos de los acusados, Rafael González y Marisa Alcalá, aun son concejales y miembros del equipo de Gobierno por lo que son socios de la ex concejal socialista Isabel García Marcos, personada como acusación popular. Ésta pide 18 meses de prisión, por seis la Fiscalía, para cada uno de los siste acusados, entre los que está Juan Antonio Yagüe, hermano de la actual alcaldesa marbellí.