Entra en vigor el 'protocolo de Kioto' del tabaco

La droga que más muertes causa en el mundo, el tabaco, es legal. Pero eso no quiere decir que su producción, consumo y venta no se puedan regular para que cause el menor número de bajas posible, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por eso esta organización ha puesto en marcha un convenio mundial de lucha contra el tabaco, que entra en vigor hoy. Ninguna otra amenaza mundial ha merecido una respuesta tan potente y coordinada del organismo de la ONU encargado de velar por el estado de salud del mundo.

El acuerdo sigue el modelo del Protocolo de Kioto. Una conferencia de las partes (los países) acuerda una serie de medidas, y luego los Gobiernos tienen dos pasos que dar: firmarlo, en lo que es una muestra de intenciones, y ratificarlo, que es cuando se asumen ya compromisos concretos.

El plan antitabaco del Gobierno recoge casi todo el articulado del convenio de la OMS

57 países, que representan a 2.300 millones de personas, ya han firmado el acuerdo

El tabaco, con cinco millones de defunciones, es la segunda causa de muerte en el mundo

Hasta la fecha 57 países en los que viven 2.300 millones de personas se han comprometido a hacer todo lo posible para reducir el consumo de tabaco. Otros 111 países lo han firmado, pero falta que sus parlamentos lo ratifiquen, entre ellos Estados Unidos, China y Brasil. Todavía no lo han firmado ni Rusia ni Indonesia, entre los países mayores del planeta (la lista puede verse en http://www.who.int/tobacco/framework/countrylist/en/

España no estuvo en el primer grupo de los que ratificaron el acuerdo: el Senado lo aprobó el 7 de diciembre de 2004, pero la comunicación oficial no llegó a la OMS hasta el 11 de enero de este año. Ello significa que tiene tres meses a partir de esa fecha para empezar a trabajar. Pero fuentes del Ministerio de Sanidad no dudan de que se recuperará el tiempo perdido. El viernes pasado el Consejo de Ministros decidió enviar al Consejo de Estado el proyecto de ley de control del tabaco. La mayoría de los artículos de la OMS están ya en vigor en España o lo estarán a primeros del años que viene.

La necesidad de la iniciativa es clara: el tabaco es la segunda causa de muertes en el mundo, con cinco millones de víctimas al año (55.000 en España). Si la tendencia no se invierte, en 2020 matará prematuramente a 10 millones de personas. Actualmente, 1.300 millones de personas consumen productos elaborados con tabaco. De ellas la mitad fallecerá por culpa de su adicción.

El convenio está "basado en pruebas científicas", y "reafirma el derecho de todas las personas a gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr". Con su entrada en vigor los países que lo han suscrito se comprometen a trasladar a sus legislaciones sus contenidos. El texto da un plazo de tres años para adoptar las medidas referentes al empaquetado y la inclusión de avisos sobre el peligro del tabaco en las cajetillas (algo que España ya ha hecho). En cinco años se regulará -o prohibirá, si la legislación del país lo permite- la publicidad, promoción y patrocinio. Además, "alienta a las partes a ir más allá" de lo acordado.

El texto consta de 38 artículos. Se centra en reducir la demanda, sobre todo entre los más jóvenes (la edad media de inicio en el tabaquismo está por debajo de los 13 años); la protección de los no fumadores, y la regulación de empaquetado, publicidad y contenido del tabaco.

"Muchos países ya han puesto alguna de estas medidas en marcha", dijo Vera Luiza da Costa, directora de la Iniciativa por un mundo libre de tabaco de la OMS.

Como primera medida se promueven actuaciones "relacionadas con los precios e impuestos", porque son "un medio eficaz e importante para que diversos sectores de la población, en particular los jóvenes, reduzcan su consumo de tabaco". Un estudio del Banco Mundial calcula que cada 10% que sube el precio del tabaco supone un 4% menos de fumadores. Esta medida no está en el plan de Sanidad, "porque corresponde a hacienda", según ha dicho la ministra, Elena Salgado. Además, la OMS propone "prohibir o restringir" las ventas libres de impuestos.

El convenio hace énfasis en proteger a los no fumadores. Cada país, en la medida de sus posibilidades, reducirá su exposición en "lugares de trabajo interiores, medios de transporte público, lugares públicos cerrados y otros lugares públicos". El proyecto español va en esta línea, menos para los trabajadores de hostelería, que tendrán que respirar el humo de sus clientes.

También incluye medidas para ayudar a los países en desarrollo para que sustituyan el cultivo, elaboración y venta de labores relacionadas con el tabaco por otras actividades viables.

El texto parte de un análisis de la situación en el mundo: los países firmantes están "seriamente preocupados por el aumento del consumo de cigarrillos", "Y por la carga que ello impone en las familias, los pobres y los sistemas de salud".

Además, reconoce que los cigarrillos y otros productos que contienen tabaco "están diseñados" para "crear y mantener la dependencia, que muchos de los compuestos que contienen y el humo que producen son farmacológicamente activos, tóxicos, mutágenos y cancerígenos". Por eso se pedirá a los fabricantes e importadores que informen sobre su contenido y el de sus emisiones. Se incluye la posibilidad de solicitar compensaciones por los daños producidos a los fabricantes o los gobiernos.

Sobre el etiquetado, se fija la obligatoriedad de incluir advertencias que ocupen al menos un 50% de la superficie de la cajetilla más visible, y se prohíben las denominaciones light, ligeros, ultra ligeros o suaves, igual que la legislación española.

También coincide con el Gobierno español y la UE en que prohibir la publicidad, promoción y patrocinio reducirá el consumo. Como las legislaciones de todos los países no permiten ser tan drásticos, recomienda que al menos la publicidad no pueda "crear una impresión errónea" con respecto a los efectos del tabaco para la salud; que vaya acompañada de advertencias sanitarias y que los gastos en estas prácticas sean transparentes y se informe de ello a las autoridades.

Los fumadores podrán disponer de "programas de diagnóstico, asesoramiento, prevención y tratamiento de la dependencia", y se facilitará el acceso a los tratamientos, "incluidos los farmacológicos" (la ley española no lo incluye).

La legislación sobre la venta a menores propuesta es igual que la que ha elaborado Sanidad: prohibición de vender y comprar, de acceder a máquinas dispensadoras y obligación de comercializar sólo paquetes enteros. Tampoco se podrán fabricar productos (golosinas, juguetes) que tengan formas parecidas y puedan resultar "atractivos" para los menores.

Aparte de las medidas que se pueden tomar dentro de un país, la fuerza del convenio está en que establece los mecanismos de cooperación necesarios para evitar la propagación del tabaco. Esto incluye colaborar en el control del comercio y evitar el contrabando, que pone en el mercado tabaco sin controles sanitarios pero más barato y por lo tanto más accesible a los jóvenes.