No se las lleva el viento

La grieta política abierta en Cataluña por el hundimiento del túnel del Carmel parece no tener fin. El último episodio es la amenaza de Convergència i Unió (CiU) de querellarse contra el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, a menos que rectifique y exprese "una nueva disculpa en toda regla y sin sombra de duda" respecto al supuesto cobro por parte del anterior Gobierno de comisiones (del 3%) por las concesiones de obras públicas. Así, con el desvío del asunto al terreno judicial, intenta Artur Mas esquivar la acusación de chantaje político que formuló al vincular la rectificación de las acusaciones a la aprobación de la reforma del estatuto.

El paso obligado, aunque tardío, de crear una comisión parlamentaria de investigación para establecer responsabilidades por el socavón ha quedado así oscurecido por una pelea política que no cesa. Ayer todos los partidos proclamaban su interés por la reforma del Estatuto catalán, porque todos saben que difícilmente podrá alcanzarse el consenso mientras una comisión investiga la adjudicación de las obras públicas por parte de CiU desde 1995, y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena, indaga si es verdad el "clamor latente" sobre estas comisiones. ¿Estas sospechas sólo se extienden hasta 1999? ¿Sólo afectan al Gobierno de la Generalitat y no a las otras administraciones? ¿Y sólo a Cataluña?

Está claro que el potencial explosivo del escándalo pone en peligro los trabajos de reforma del Estatuto o, como mínimo, actuará como un lastre. Para los damnificados por el hundimiento es lacerante que el caso Carmel quede oculto ahora por el caso 3 por ciento, como lacerante es para todos los ciudadanos que se haya intentado esquivar la denuncia implícita de corrupción mercadeando con la reforma estatutaria. Nadie en la oposición quiere aparecer como un obstáculo para esta reforma, y menos que nadie CiU, a pesar de su escaso entusiasmo por una iniciativa que si sale bien favorecerá a las formaciones del tripartito, y especialmente a Esquerra Republicana (ERC), con la que compite por el espacio electoral nacionalista.

Esta cadena de despropósitos subraya la escasa estabilidad del tripartito, que sólo consigue mantenerse por la debilidad de la oposición. No debilita, en cambio, a ERC, cuyo apoyo necesita Zapatero en Madrid. Como en anteriores crisis del tripartito, los errores de uno de los socios favorecen a los otros. Y en este caso, ERC, ni se ha visto involucrada directamente en la crisis ni ha tenido nada que ver con el error presidencial. No hay duda de que Maragall ha recibido un serio revés en su credibilidad tras la sesión más tormentosa de la historia del Parlamento catalán. Pero también CiU y Artur Mas: la sombra de las comisiones se proyectará sobre cuanto hagan. Algunas palabras pronunciadas en público -la mención del 3% y la vinculación del escándalo con el consenso sobre el Estatuto- difícilmente se las llevará el viento.