Polarización social en España

Existe una percepción de nuestra estructura social ampliamente extendida en los medios de información y en las instituciones políticas de nuestro país que asume que la mayoría de la población española pertenece a la clase media. En apoyo de tal percepción se presentan encuestas que muestran que la mayoría de los españoles se autodefinen como pertenecientes a tal clase. Tal percepción, sin embargo, es errónea. En realidad, no sólo las clases sociales (burguesía, pequeña burguesía, clase media y clase trabajadora) continúan existiendo en España, sino que el análisis de su influencia sobre el Estado español (tanto en el pasado como ahora) es de una enorme importancia para entender nuestra realidad social, incluyendo la polarización social de nuestro país. Las encuestas que indican que la mayoría de nuestra ciudadanía se autodefine como perteneciente a la clase media se basan en preguntarle al ciudadano si se considera miembro de la clase alta, media o baja, lo cual explica que la mayoría de la población escoja definirse como clase media dadas las connotaciones peyorativas del término "clase baja". Cuando a la ciudadanía, sin embargo, se le pregunta su autodefinición utilizando la terminología de clase social, la respuesta es muy distinta. Según la última encuesta metropolitana de Barcelona, por ejemplo, el 70% de la población de la región metropolitana de Barcelona se considera clase trabajadora, término que raramente aparece en los medios de información o en la narrativa política en Cataluña, donde las clases sociales -a pesar del silencio mediático y político- continúan existiendo. En realidad, la esperanza de vida (años promedio de vida de una persona) de un burgués es, según el último informe de la Agència de Salut Pública de Barcelona, nada menos que 10 años más larga que la de un trabajador no cualificado en paro (una de las mortalidades diferenciales por clase social más elevadas de la UE-15), sin que ello haya sido noticia en los establishments políticos o mediáticos de Cataluña que, hasta hace un año, lo único que parecía interesarles es que los certificados de defunción estuvieran escritos en catalán. Tampoco ha sido noticia en otras comunidades autónomas (CC AA) con mortalidades diferenciales semejantes.

En España, el 30%-35% de la población de renta superior del país (la burguesía, la pequeña burguesía y las clases medias profesionales de renta alta) tiene una enorme influencia en configurar la cultura mediática y política del país, así como su sabiduría convencional (incluyendo la reproducción de que somos un país de clase media). La clase media de renta media baja y la clase trabajadora, que representan aproximadamente el 60%-65% de la población, constituyen los componentes más importantes de las clases populares y su influencia en el Estado español ha sido históricamente menor, explicando el escaso desarrollo del Estado de bienestar en España. La dictadura franquista -que fue también una dictadura de clase en contra sobre todo de los intereses de las clases populares- se caracterizó no sólo por ser enormemente represiva, sino también por su escasa sensibilidad social. Cuando el dictador murió, España tenía el gasto público social más bajo de la UE. El periodo democrático significó una etapa correctiva del déficit social de España con el resto de la Europa occidental, y muy en particular durante los años de Gobierno socialdemócrata en los años ochenta y principios de los años noventa, reduciéndose el déficit de gasto público social (bien como porcentaje del PIB, bien como gasto per cápita) con la Europa occidental hasta el año 1993. A partir de aquel año el Gobierno socialdemócrata y los Gobiernos conservadores posteriores dieron más prioridad a eliminar el déficit del presupuesto del Estado que a continuar reduciendo el déficit social de España con la UE-15. El deseado equilibrio presupuestario se alcanzó al inicio de los años 2000 a costa de haber aumentado considerablemente el déficit social de España con la UE, de manera que tal déficit alcanzó en el año 2003 la misma distancia (en términos de puntos del PIB) que en el año 1975, cuando el dictador murió.

Esta deficiencia del gasto público social ha ido mostrándose a través de varios hechos recientes. El primero ha sido el déficit de gasto público sanitario, que afecta a la mayoría de las CC AA y que responde al hecho de que el gasto público sanitario español es menor al que le correspondería por el nivel de desarrollo económico que tenemos. España, cuyo nivel de desarrollo económico es ya casi el 80% del promedio de la UE-15, tiene un gasto sanitario público per cápita que es, según Eurostat, sólo el 64% del promedio de la UE-15, gastándose alrededor de 21.723 millones de euros menos en sanidad de lo que le correspondería por su nivel de riqueza. Este déficit afecta la calidad de los servicios públicos, y sobre todo los niveles de confort del usuario y de los profesionales, estando estos últimos entre los peor pagados en la UE-15. El 30%-35% de la población de renta superior del país, sin embargo, no es plenamente consciente de estas deficiencias, pues utilizan la sanidad privada o reciben trato privilegiado en la pública. Esta situación, sin embargo, no favorece a ninguna clase social. Es un hecho demostrable en nuestro país que, mientras el confort y la capacidad de elección es, en general, mayor en la sanidad privada que en la pública, la calidad científica del personal y del equipamiento sanitario es mayor en la segunda que en la primera. En realidad, la complejidad y el requerimiento tecnológico de la medicina hoy es tal que la medicina privada no puede sostener los costes de mantener la infraestructura de alta calidad que requiere la medicina moderna. Incluso en EE UU, el supuesto "paraíso" de la sanidad privada, la mayoría de los mejores hospitales (independientemente de su carácter público o privado) están financiados públicamente. Lo que se requiere, por tanto, es una sanidad pública, que sirva a todas las clases sociales, que adquiera mayor nivel de confort (tanto para los usuarios como para los profesionales sanitarios) y capacidad de elección, manteniendo su riqueza científica y tecnológica. Ello exige, sin embargo, un mayor gasto público sanitario. Mantener el bajo nivel de gasto público es reproducir una polarización social basada en la dicotomía privada-pública, que daña a los servicios públicos perjudicando a todas las clases sociales.

Otra polarización semejante ocurre en nuestro sistema educativo donde el 30%-35% de la población de renta superior envía a sus hijos a las escuelas privadas (concertadas y no concertadas), mientras que las clases populares los envían a las escuelas públicas. Una consecuencia de esta polarización social es nuestro retraso educativo. El último Informe PISA confirma que el nivel educativo español (en temas de matemáticas y comprensión de lectura) está por debajo del promedio de los países de la OCDE. El mismo informe también señala que España es uno de los países donde en mayor medida la clase social de los padres determina las posibilidades educativas de los jóvenes, siendo la escuela en España una institución clave para la reproducción de la polarización social. Pero tal polarización tampoco favorece a ninguna clase social, puesto que incluso el nivel educativo de los estudiantes que van a la privada es menor que el de otros países con escuelas públicas multiclasistas que contribuyen a diluir las rigideces sociales, enriqueciéndose con la variedad, como ocurre en el caso de Finlandia, por ejemplo. La razón de esta situación es sencilla. Uno de los motivos para enviar a sus hijos a la escuela privada es estar por encima de la pública. Pero si ésta tiene escasos recursos, no se necesita mucho para estar por encima. En realidad, los recursos tanto de la privada (por alumno) como de la pública están por debajo del promedio de la UE-15, y muy por debajo de las mejores escuelas europeas. Como bien señala el Informe PISA, la calidad del nivel educativo de un país depende primordialmente de la escuela pública, cuya calidad a su vez está condicionada en parte por sus recursos. El bajo gasto público es causa y consecuencia de la enorme polarización educativa del país, responsable de su limitada eficiencia. Una mayor cohesión social (que exige un mayor gasto público) es condición de una mayor eficiencia social, tanto en educación como en sanidad.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra.