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Editorial:

El Carmel y el 3%

El Parlamento catalán solemnizó ayer la extendida sospecha sobre una corrupción generalizada en la adjudicación de obras públicas de Cataluña. Durante el pleno sobre el desastre del Carmel, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, imputó a los anteriores gobiernos de CiU el cobro de comisiones ilegales del 3%. Ésta es una acusación muy grave que no se puede lanzar sin pruebas y que obliga a quien la formula a dirigirse a los tribunales. La respuesta del líder convergente, Artur Mas, derivó hacia el territorio del chantaje político: o retiraba la imputación o daba por terminado el consenso alrededor del nuevo Estatuto. El presidente catalán culminó la cadena de despropósitos retirando la acusación, con el argumento de que la reforma estatutaria es lo más importante. Después de la frivolidad de acusar sin pruebas, la de aceptar un mercadeo público entre una reforma legal y una cuestión de moralidad pública.

Esta salida de Maragall ha neutralizado los efectos positivos de la comparecencia del consejero de Obras Públicas, Joaquim Nadal, y de la batería de medidas que ofreció para atajar la crisis del Carmel. De su relato se deduce una verosímil responsabilidad compartida y sucesiva entre el Gobierno de CiU, que inició la obra con un "clamoroso vacío de documentación", y el tripartito, que la continuó dando por buena esa mala herencia y sin apenas cambiar métodos ni responsables. El hundimiento del túnel tuvo, según su versión, varias concausas: el mal método constructivo, las continuas variaciones de la obra sin las preceptivas aprobaciones y la falta de refuerzos en el túnel. Pero no documentó su tesis de que la restricción financiera primase sobre la seguridad ni lanzó un verdadero mea culpa por la opacidad informativa.

Nadal dio a conocer su aceptación de dos dimisiones de sendos altos cargos, la rescisión de los contratos de las cinco empresas implicadas en la obra, la presentación de demandas judiciales contra ellas, una reforma del sistema de concursos y de adjudicaciòn y una reestructuración de la empresa pública Gisa. No está mal. Pero no anula la apertura de una comisión de investigación que actúe con profesionalidad e independencia. Esto es, no debería ser una mera prolongación de la representación parlamentaria, porque se convertiría en un pim-pam-pum entre los dos grupos mayoritarios. Esta comisión tiene ahora una tarea adicional ineludible: investigar si efectivamente en Cataluña se ha venido cobrando a los adjudicatarios de obras públicas una comisión del 3%.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de febrero de 2005