Los partidos arremeten contra el PP por pedir la dimisión de Peces-Barba

El Partido Popular aprovechó ayer la primera comparecencia de Gregorio Peces-Barba en el Congreso como Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo para solicitar su dimisión por "incompetencia". La petición de renuncia fue cursada por la diputada popular Alicia Sánchez-Camacho, que recibió una reprimenda de todos los otros partidos tanto por la dureza de su intervención como por "intentar patrimonializar el dolor de las víctimas".

Peces-Barba había acudido a la Comisión Constitucional, a petición propia, para explicar las líneas generales de su departamento, y por solicitud del PP, que quería que explicara su "no asistencia a la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) el día 22 de enero de 2005 en Madrid [la de la supuesta agresión a José Bono] y sus declaraciones posteriores".

Los comisionados preveían que el PP iba a intentar poner en un aprieto al Alto Comisionado. El veterano Peces-Barba se lo debía barruntar, porque su segunda frase fue: "Cuando el presidente del Gobierno me pidió que aceptase el cargo, yo que estaba en la universidad, en la investigación y la docencia, pensaba que éste era un sitio tranquilo y pacífico. Fue mi primera equivocación".

Peces-Barba desgranó cuál era la situación de las víctimas cuando él llegó y apuntó las medidas que ha solicitado. "Percibí que el conjunto de las víctimas tenía una dimensión muy plural, con profundos desencuentros y situaciones complicadas". Su primer diagnóstico le llevó a enviar una carta a José Luis Rodríguez Zapatero para que el Gobierno apruebe antes del 11-M tres medidas: la creación de una oficina de información para las víctimas en la Audiencia Nacional sobre los procesados y condenados por terrorismo; la reapertura del plazo para acogerse a la Ley de Solidaridad con las Víctimas de 1999, y la elaboración de un estudio sobre el sistema de concesión de medallas a las víctimas.

La diputada Sánchez Camacho arrancó su intervención calificando lo expuesto de "insuficiente y decepcionante" y asegurando que el nombramiento de Peces-Barba estaba "viciado de origen". Le reprochó no haber acudido a la manifestación de la AVT, algo que había creado "preocupación, porque fue nombrado para evitar precisamente este tipo de problemas".

Alicia Sánchez-Camacho siguió su dura intervención, acusando a Peces-Barba de haberle dicho a la AVT, durante una reunión el 26 de enero, que se pensaran la posibilidad de una amnistía para los presos de ETA sin delitos de sangre, en el marco de una hipotética negociación. Tras asegurar que "el 85% de las víctimas están en su contra", la diputada dijo: "No deje que el alto comisionado caiga tan bajo; le pido que renuncie al cargo, dada la incompetencia que ha mostrado en estos dos meses".

Los partidos hicieron entonces una defensa cerrada de Peces-Barba. "Es intolerable esa petición", clamó Luis Mardones, de Coalición Canaria; "no esperaba que el PP intentase aquí patrimonializar el dolor de las víctimas", subrayó Emilio Olabarria (PNV); "no sé ni entiendo por qué tiene que dimitir", dijo Jordi Suclá (CiU); "deploro el contenido de su intervención y la campaña que están montando; es incomprensible que se manipulen conversaciones privadas", subrayó el socialista Ramón Jáuregui en alusión a la reunión con la AVT. Pero Peces-Barba, tras anunciar que en mayo o junio convocará un congreso de víctimas del terrorismo presidido por el Rey, se defendió solo. Calificó de "falsedad" lo de la amnistía a etarras, aseguró que las "disensiones entre asociaciones vienen de antiguo" y sentenció: "No pienso dimitir".