Un concejal del PP de Majadahonda dice que el secretario regional se opuso a la venta de parcelas

Una nueva grabación difundida ayer por la cadena SER apunta a que el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, estaba al tanto de la polémica paralización de la venta de dos parcelas municipales en Majadahonda. Según afirma en la grabación el edil de Comercio de esa localidad, Luis Gimeno (del PP), Granados calificó la enajenación prevista por el Ayuntamiento de "inaceptable". Gimeno indica que Francisco Granados se puso al corriente de la situación de las parcelas municipales en una reunión mantenida con 10 concejales en la sede del PP en Madrid.

Siempre según la grabación efectuada al edil Luis Gimeno, a partir de esa reunión Esperanza Aguirre -presidenta de la Comunidad y del PP madrileño- fue contraria también a la venta, lo que originó la paralización de la operación urbanística. Desde entonces está suspendida.

Gimeno sostiene en la grabación: "Hemos pedido hablar con Génova [...]. Hemos hablado con Paco Granados. Fue prudente, pero sí fue bastante claro en que esto era inaceptable y que le preocupaba. A raíz de ese momento, se originó toda esta situación de que Esperanza Aguirre no lo valorara como positivo, y que se frenase lo de las parcelas".

En una anterior conversación, difundida por la SER hace seis días, el nuevo alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, implicó directamente a la presidenta en la paralización de la venta de ese suelo, aunque después el regidor negó que Aguirre le hubiera dado ninguna instrucción concreta al respecto. De Foxá mantuvo que la frase, pronunciada en una reunión celebrada con los ediles del PP, y que también fue grabada, estaba sacada de contexto, y supuso que él mismo la debió de utilizar para dar más fuerza a sus argumentos.

A pesar de las órdenes que -según afirman en estas grabaciones los ediles del PP- partían directamente de Aguirre, el anterior alcalde, Guillermo Ortega, se opuso a parar la venta de las parcelas. Ortega dimitió hace tres semanas. Alegó entonces que dejaba el cargo por motivos de salud. Sin embargo, según se le escucha decir en la primera grabación, sufría "chantaje": "No lo voy a aceptar. No voy a aceptar que el arquitecto municipal cambie su informe para que la parcela se la lleve AFAR 4" [como supuestamente quería De Foxá], dice Ortega en esa cinta.

La constructora AFAR 4 pertenece a un íntimo amigo de Ricardo Romero de Tejada, ex secretario regional del PP, que fue sustituido por Granados en el último congreso del partido.

El Ayuntamiento majariego, siendo alcalde Ortega, decidió sacar a concurso la venta de dos parcelas denominadas RN1 y 2D. El gobierno municipal votó en septiembre de 2004 a favor del pliego de condiciones, que establecía que los terrenos se venderían a un precio de 1.600 euros el metro cuadrado. Pero a la hora de adjudicar la parcela estalló la tormenta: De Foxá, junto con otros 11 concejales del PP, se opuso a esta venta porque, según dice ahora, "la valoración de los terrenos estaba por debajo del precio de mercado".

Dos bandos

En el otro bando quedó Ortega arropado por sólo dos ediles del PP. Fue entonces cuando comenzaron las acusaciones y las denuncias de chantaje del alcalde, que sugería que De Foxá pretendía favorecer a AFAR 4. En medio de la crisis, dos informes contradictorios del arquitecto municipal (con baremaciones diferentes para las mismas empresas) complicaron más la situación.

En la grabación difundida ayer por la cadena SER, tanto Guillermo Ortega como varios miembros del equipo de gobierno reconocen que existe un importante "agujero económico" en el Ayuntamiento. Antes de su dimisión, Ortega anunció un plan para sanear las arcas municipales. En aquel momento, el equipo de gobierno sólo reconocía un déficit de cuatro millones, aunque la oposición hablaba de 15. El nuevo alcalde, Narciso de Foxá, todavía no ha dado una cifra concreta, aunque tras su toma de posesión anunció que en unos seis meses la situación estaría solventada.

El PSOE, por su parte, ha denunciado que la política seguida por el Ayuntamiento, y, en concreto, por Pammasa, empresa que gestiona el urbanismo de la localidad, ha descapitalizado al municipio. "La venta de derechos para edificar vivienda libre ha provocado que el Ayuntamiento haya dejado de percibir unos 108 millones", calculan los socialistas.