Caturla achaca a intereses privados la protesta de los arquitectos por los concursos de Ciegsa

La carta remitida por el Colegio de Arquitectos a la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA (Ciegsa), para protestar por el "alto grado de arbitrariedad" detectado en las valoraciones técnicas de los últimos concursos convocados responde a intereses particulares de algunos directivos de la entidad colegial. Así lo sostiene el consejero delegado de Ciegsa y secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, que defiende la limpieza del proceso. Por otra parte, una técnico de la empresa ha pedido la baja voluntaria para no ser cómplice de las irregularidades que dice haber visto. Esta renuncia se suma a los recientes despidos de seis empleados de Ciegsa.

"La arquitectura es discrecional, pero no arbitraria", dice un profesional

Caturla sostiene que la protesta enviada a Ciegsa por el Colegio de Arquitectos no responde a las "numerosas quejas de arquitectos" que la entidad colegial dice haber recibido de profesionales a raíz del último proceso de adjudicación de una cincuentena de obras educativas, sino que ha sido promovida por varios cargos directivos del colegio y de sus tres demarcaciones provinciales. Algunos de ellos, según Caturla, habrían actuado por interés personal y al margen de los intereses de muchos colegiados que sí se han adjudicado algún proyecto.

El consejero delegado de Ciegsa explica que algunos de estos dirigentes colegiales que en la etapa anterior se adjudicaron contratos a dedo se han presentado al último proceso y no han sido seleccionados. Y apunta principalmente a Carlos Meri, vocal del Colegio Oficial de Arquitectos de de la Comunidad Valenciana, que redactó dos proyectos para Ondara y Picassent, y a Carmen Rivera, presidenta del colegio de Alicante, que hizo uno en Finestrat. Sin embargo, la primera de las instalaciones le fue encargada a Meri en 1994 por la Consejería de Educación y la segunda, en 1999, por el Ayuntamiento de la localidad. La de Rivera, otro encargo de la consejería, data de 1994. En esas fechas Ciegsa no existía, pues fue creada en 2000.

Carlos Meri, que en el reciente proceso convocado por Ciegsa se presentó a tres proyectos y no se ha adjudicado ninguno, reconoció a este periódico que, cuando vio que no había ganado uno de ellos, se sintió "indignado", a la vista de las "perversiones" que, según dice, observó en la valoración técnica. Meri, como otros profesionales consultados en los últimos días, defiende la labor del anterior arquitecto jefe de Ciegsa, José Luis Gisbert, despedido recientemente, así como la calidad de los proyectos licitados durante su etapa en la empresa.

Ciegsa alega que las condiciones de los concursos se conocen de antemano, pero varios arquitectos coinciden en señalar que el problema "no está en las bases, sino en cómo se interpretan" y apuntan que la arquitectura "es discrecional, pero no arbitraria".

Mientras, arquitectos que sí se han adjudicado proyectos en los últimos concursos convocados por Ciegsa han mostrado su sorpresa y su extrañeza por el contenido de la carta enviada por el colegio a la empresa pública y consideran que la entidad colegial debería "explicarse".

Por otra parte, a los recientes despidos de cinco empleados de Ciegsa -aparte del de Gisbert- se ha sumado la renuncia de una arquitecta que justifica su abandono porque dice que no quiere seguir siendo espectadora y cómplice de lo que ha visto en la empresa durante el tiempo que ha trabajado en la misma. Con esta última, la lista de bajas registradas en la empresa pública suma ya ocho personas, en un goteo que se inició a raíz del cambio de Gobierno tras las elecciones autonómicas de mayo de 2003.

A su llegada al Palau de la Generalitat Francisco Camps inició un proceso de sustitución de cargos de confianza designados por su predecesor Eduardo Zaplana -que acabaría por desencadenar la guerra entre campistas y zaplanistas- que en Ciegsa afectó en primer lugar al hasta entonces director financiero, Juan Manuel Pérez. Éste encontró pronto acomodo en la Consejería de Bienestar Social, cuya titular, la zaplanista Alicia de Miguel, está casada con Javier García-Lliberós, gerente de Ciegsa desde su creación y que continúa en la empresa, aunque totalmente marginado desde el nombramiento de Máximo Caturla como consejero delegado.