Enagas acepta limitar al 5% los derechos de voto de Gas Natural

Enagas, la empresa propietaria de la red de gasoductos, anunció ayer que planteará a la junta de accionistas que celebrará el 22 de abril una modificación de sus estatutos para limitar los derechos políticos de su principal accionista, Gas Natural (25%), a un máximo del 5%. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) dio a Enagas el pasado 4 de febrero un plazo de 45 días para cambiar sus estatutos y limitar los derechos de Gas Natural.

Con la decisión unánime adoptada ayer por el consejo de administración y comunicada a la CNMV, Enagas cumple a medias con las exigencias de la Comisión de la Energía. Así acepta, aunque a regañadientes, limitar los derechos de voto de su principal accionista, Gas Natural, pero somete la decisión a la junta general, prevista en principio para el 22 de abril, fuera del plazo de 45 días exigido por el órgano regulador el pasado 4 de febrero. El mandato del actual presidente de la Comisión de la Energía, Pedro Meroño, expira a principios de abril.

En la comunicación enviada ayer a la CNMV, Enagas reitera que, en su opinión, los estatutos de la empresa "son respetuosos" con la legislación vigente (algo que cuestiona la CNE), pese a lo cual explica que, "admitida la posibilidad de sostener interpretaciones alternativas, y una vez que la Comisión Nacional de la Energía ha hecho pública su posición al respecto, el consejo de administración ha valorado de nuevo la cuestión y, de acuerdo con ello, ha decidido someter a la próxima junta general, prevista para el 22 de abril, la modificación de estatutos recomendada por la CNE".

Polémica

La polémica entre Enagas y la CNE se centra en un punto: los estatutos de la sociedad recogen, de acuerdo con la Ley 62/2003, la prohibición de que ninguna persona física o jurídica controle más de un 5% de la sociedad (con un periodo transitorio, hasta 2007); prohíben también que se ejerzan derechos de voto más allá de ese porcentaje, pero tienen como excepción las participaciones adquiridas antes de diciembre de 2003. Esa excepción, contra la que se ha pronunciado la CNE, beneficia en principio a Gas Natural, que, siendo la empresa puntera en el sector gasista, controla además a la compañía que gestiona la red de gasoductos.

La batalla entre la CNE y Enagas-Gas Natural se remonta a finales del verano del pasado año. En septiembre de 2004, la CNE y la dirección de Enagas mantuvieron un cruce de cartas que no resolvió las diferencias. En octubre, la CNE consultó a la Abogacía del Estado, que, según ha informado el organismo, dictaminó que "la adaptación de los estatutos" realizada por Enagas "no es conforme a derecho".

Con ese dictamen en la mano, la CNE ha recordado que la ley en vigor contempla que el incumplimiento de la misma se considerará una infracción "muy grave", siendo responsables "las personas físicas o jurídicas que resulten titulares de los valores o a quien resulte imputable el exceso de participación en el capital o en los derechos de voto".

Acciones

Así, en principio, las acciones judiciales a que podría dar lugar el no cumplimiento del requerimiento efectuado por la CNE a Enagas podrían dirigirse contra Gas Natural. Esta empresa está participada en un 30% por La Caixa, entidad que ha mostrado en los últimos tiempos su voluntad de ser un actor importante en una hipotética reordenación del sector energético.

Pero fuentes de Gas Natural destacan dos hechos: uno, que la empresa ha expresado públicamente su disposición a aceptar la limitación de derechos de voto en Enagas, y dos, que en ningún momento la CNE se ha dirigido a esta empresa para sus requerimientos. Cualquier acción, desde este punto de vista, afectaría a Enagas y no a Gas Natural.