Ciegsa ha adjudicado 9 de las últimas 50 obras a un grupo de arquitectos que trabajó para Sanidad

La empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA (Ciegsa) ha adjudicado nueve de los 50 colegios que sacó a concurso el pasado verano a un grupo de tres arquitectos que concurrieron en solitario en unos casos y a través de otras tantas empresas en otros. Todos ellos han trabajado anteriormente para la Consejería de Sanidad, último destino de Máximo Caturla, actual consejero delegado de Ciegsa. Por otra parte, algunos profesionales adjudicatarios de proyectos criticaron ayer la carta enviada por el Colegio de Arquitectos.

El pasado verano Ciegsa publicó la convocatoria de concursos para la construcción de un total de 58 instalaciones educativas. Se presentaron casi 600 ofertas. Los concursos han sido resueltos recientemente. La lista de adjudicatarios de los 50 procedimientos resueltos -seis se han declarado desiertos y dos aún no han sido tramitados- revela que tres arquitectos y otras tantas empresas, en las que los tres figuran bien juntos o bien de forma individual, se han llevado nueve de los proyectos licitados. Todos ellos, como al menos otra docena de profesionales y despachos de arquitectura, han trabajado en alguna ocasión para la Consejería de Sanidad, según reconoció ayer Máximo Caturla, quien restó importancia a esta circunstancia y defendió el "derecho" de los profesionales a concurrir donde quieran: "Sean amigos o no, si los proyectos son mejores, ganan".

La adjudicación de los concursos ha motivado la protesta del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, que, en una carta firmada por su decano y por los presidentes de los colegios territoriales de Valencia, Alicante y Castellón, asegura que han recibido "numerosas quejas de arquitectos" que "cuestionan fundamentalmente las valoraciones técnicas con las que se han evaluado las propuestas presentadas, estimando que existen indicios fundados de un alto grado de arbitrariedad en la elaboración de las mismas". El colegio pide la "suspensión cautelar del proceso de adjudicación y que se hagan públicas las actas de valoración técnica de los concursantes" y que una comisión de independiente revise e informe el proceso.

Caturla remitió ayer al órgano colegial una resolución en la que defiende su competencia para decidir las adjudicaciones, deniega la posibilidad de acceder a la medida cautelar por tratarse de obras de interés público que no pueden verse demoradas "frente a intereses particulares" y tras señalar que el colegio no precisa en qué consisten las arbitrariedades, añade que contra su resolución no cabe recurso.

El consejero delegado de Ciegsa reunió ayer tarde en la sede de la empresa a una veintena de arquitectos, todos ellos adjudicatarios de alguno de los recientes concursos, ante los que leyó y comentó la carta del colegio. Estos profesionales mostraron su "sorpresa" y su "extrañeza" por la carta y por su contenido y consideraron que el colegio debería "explicarse". Entre otras cosas, Máximo Caturla les había comentado que varios directivos de los colegios se han presentado al último proceso y se beneficiaron de contratos, en este caso a dedo, cuando se utilizaba el procedimiento negociado. En esta última cuestión el consejero delegado apunta directamente a José Luis Gisbert, que hasta su reciente despido -por "pérdida de confianza", según Caturla- era el arquitecto jefe de Ciegsa. Su puesto ha sido ocupado por Joan Vergara, un joven arquitecto que trabajó en Sanidad durante la etapa de Caturla y al que profesionales del sector consideran con poca experiencia para ese puesto. Gisbert declinó ayer hacer declaraciones.

Por su parte, Fabián Llisterri, decano del colegio, anunció una respuesta, que enviará directamente al consejero de Educación, con copia al presidente de la Generalitat, y negó de nuevo cualquier motivación política, a la que Caturla sí hizo referencia ayer ante los arquitectos. Llisterri consideró "sorprendente" la respuesta de Caturla y afirmó que le deja "en total indefensión".

Por su parte, la diputada socialista Ana Noguera afirmó que "el malestar que denuncia el Colegio de Arquitectos existe y es real. Al Grupo Socialista también le han llegado innumerables quejas de la arbitrariedad con la que se adjudicaron los contratos de redacción de proyecto". Y añadió que le consta que la denuncia del colegio "no es a título personal del decano", sino respaldando una queja de los profesionales del sector. "El malestar y el desconcierto no es de ahora, viene de lejos, y afecta también al sector de la construcción", dijo la diputada del PSPV, que agregó: "Lo que anteriormente ocurría con el gerente [de Ciegsa, Javier] García Lliberós es que, de forma descarada y sin tapujos, se concedía el 90% de las adjudicaciones a dedo, tal y como censura la Sindicatura de Cuentas. Lo que ahora ocurre es que el equipo de Camps, con Máximo Caturla a la cabeza, despertó expectativas de saneamiento, limpieza y transparencia, y eso no ha sido así: se ha utilizado un método transparente y público como el concurso para encubrir decisiones irregulares. Esto ha sido una forma no sólo más perversa, sino que ha supuesto engañar conscientemente a los profesionales", concluyó Noguera.