El fiscal pide 5 años de cárcel para un acusado de falsificar el padrón
El ex trabajador municipal del Ayuntamiento de Cádiz, José Antonio Gómez Castro, se enfrenta a una petición del fiscal de cinco años de cárcel por su implicación en la denominada trama china, un caso que se hizo público en el año 2000, cuando se descubrió que el acusado, junto con otros dos colaboradores, para los que el fiscal pide tres años de prisión, falsificó varios certificados de empadronamiento de inmigrantes chinos que permitieran que éstos se quedaran legalmente en España.
Según el escrito de acusación del fiscal, Gómez Castro, que trabajaba de auxiliar administrativo en el Negociado de Estadísticas del Ayuntamiento gaditano hasta que fue despedido, utilizó su puesto para expedir documentos de empadronamientos con una fecha distinta, siempre anterior a la real, para favorecer que el ciudadano chino pudiera acogerse a los límites establecidos por la ley de extranjería para la regularización. En esta labor, también colaboraban los otros dos acusados del caso, Manuel Bueno Grimaldi y Shaoxiong Zhou, para los que el fiscal pide menos años de cárcel por no ser empleados públicos.
La calificación fiscal coincide con la petición realizada por la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Cádiz. Ahora se está a la espera de que el juzgado número 5 de la capital gaditana dicte la fecha del juicio oral que debe resolver este caso. Gómez Castro había sido despedido de su puesto municipal por considerar que en su comportamiento había demostrado "intencionalidad, perturbación del servicio, reincidencia, publicidad y repercusión del hecho ante el público" además de una clara "deslealtad" y un "abuso de confianza".
Ficheros borrados
Según el relato del fiscal, Shaoxiong Zhou era el encargado de contactar con los ciudadanos chinos. Manuel Bueno Grimaldi los acompañaba en las gestiones emprendidas en las oficinas del Ayuntamiento, para lo cual siempre esperaba a contactar con José Antonio Gómez Castro, que estaba en el Negociado de Estadísticas, "para evitar cualquier inconveniente". Bueno Grimaldi rellenaba los papeles y se los entregaba a Gómez Castro junto con una fotocopia de los pasaportes o documento de identidad. El trabajador municipal para el que el fiscal pide cinco años de cárcel se encargaba de dar validez a esos certificados, que debían pasar por la firma de sus superiores. Según el escrito del fiscal, algunas veces la rúbrica la conseguía realmente y en otras la imitaba. Gómez Castro procedía después al borrado de los ficheros para dificultar que fuera descubierto.
Gómez Castro había explicado que falsificó estos papeles por "motivos humanitarios" aunque posteriormente, en el juicio por su despido, lo negó y llegó a relacionar con el caso al teniente de alcalde de Hacienda José Blas Fernández, por lo que existe en otro juzgado una demanda en defensa del honor.
