El alcalde de La Carolina declara ante el juez acusado de delito electoral en 1999

Casi seis años después de que fuera denunciado por el PSOE por un presunto delito electoral cometido en la campaña de los comicios municipales de 1999, el alcalde de La Carolina (Jaén) y senador del PP, Ramón Palacios, declaró ayer ante la titular del Juzgado número 1 del municipio carolinense para negar cualquier responsabilidad en los hechos que se le imputan. Durante todos estos años Palacios ha intentado eludir su declaración en los Juzgados con múltiples argucias, primero alegando su condición de aforado para que la causa fuera remitida al Tribunal Supremo, y más tarde intentando burlar esta instancia judicial aprovechando la disolución de la Cámara Alta antes de las últimas elecciones Generales.

El delito electoral que se le imputa a Ramón Palacios está relacionado con la utilización, en la campaña electoral previa a las municipales de 1999, de medios técnicos y humanos del Ayuntamiento para montar un escenario donde iba a celebrarse un mitin del PP. Ayer Palacios declaró ante la juez que desconocía que estos medios fueran de titularidad municipal y eludió cualquier responsabilidad al respecto al asegurar que él no participaba de decisiones que calificó como "menudencia".

Sin embargo, la acusación particular que ejerce el PSOE considera que las manifestaciones de Palacios contradicen a lo declarado en su día en el Juzgado por los otros dos imputados: el secretario general del PP de La Carolina y teniente de alcalde del Ayuntamiento, Antonio Rodríguez, y el también concejal, Luis María Janer, éste último ya fallecido. Los dos aseguraron en su día que todas las decisiones sobre la organización del mitin se tomaban por un comité electoral, del que formaba parte el propio alcalde carolinense. Palacios dijo al ser preguntado por las declaraciones de Rodríguez y Janer que éstos "debieron equivocarse", lo que el PSOE entendió como una forma de "echar balones fuera". El letrado de la acusación, Diego Montiel, cree que Palacios "se aprovechó de medios municipales en beneficio propio y del PP". Palacios se negó a hacer declaraciones a su llegada al Juzgado limitándose a criticar ante los periodistas la "discriminación" que su municipio sufre por parte de la Junta de Andalucía.

El pasado mes de enero la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo remitió de nuevo la denuncia a los juzgados carolinenses al no hallar "un mínimo de respaldo probatorio" contra el senador popular. La juez ha pedido ahora al Ayuntamiento de La Carolina que certifique a quien se le prestaron los medios técnicos y el escenario para desarrollar actos electorales. Una vez finalizada la fase de instrucción la juez deberá decidir si Palacios incurrió en delito electoral, y si así fuera debería remitir de nuevo la causa al Tribunal Supremo por la condición de aforado del alcalde carolinense y senador del PP.

El Juzgado caroliense archivó inicialmente la denuncia del PSOE en febrero de 2002. Sin embargo, el 14 de febrero de 2003 el mismo juzgado desestimó el recurso de reforma interpuesto por la acusación particular, pero estimó el de apelación, que se remitió a la Audiencia Provincial de Jaén. En un auto de fecha 2 de diciembre de 2003, la sección tercera de la Audiencia estimó el recurso, revocó el auto de archivo del juzgado de La Carolina y decidió elevar las actuaciones al Tribunal Supremo, que es el competente para el enjuiciamiento a senadores.

Aprovechando la disolución del Senado Palacios alegó en un escrito que ya no era senador y, por tanto, la causa debía ser instruida por el Juzgado de La Carolina. Sin embargo, Palacios silenció entonces que formaba parte como suplente de la Comisión Permanente de la Cámara Alta, cuyos miembros conservaban su condición de senador con todos los derechos y prerrogativas inherentes a la misma, aun después de expirado su mandato o de disuelto el Senado y hasta que se reúna el que posteriormente resulta elegido. Además, Palacios volvió a ser en esas elecciones candidato del PP al Senado por Jaén.