Osakidetza pacta con los sindicatos los servicios mínimos de la huelga del jueves
El Servicio Vasco de Salud advierte de que no "claudicará" ante la presión de las protestas
A sólo dos días del primero de los siete paros convocados en la sanidad vasca por los sindicatos mayoritarios, las diferencias que mantienen Osakidetza y las centrales siguen hoy irreconciliables. Al menos, la dirección del Servicio Vasco de Salud ha logrado pactar con ELA, SATSE (enfermería) y Sindicato Médico los servicios mínimos para la huelga del jueves, convocada exclusivamente en el Hospital de Galdakao, los psiquiátricos de Bermeo y Zaldibar y los ambulatorios de la llamada "comarca interior".
Osakidetza cuenta con una plantilla de 2.500 profesionales en este conjunto de centros. La comarca interior suma 300.000 habitantes, repartidos en poblaciones como Galdakao, Amorebieta, Llodio o Balmaseda.
Los sindicatos pretendían que los servicios mínimos consistiesen en mantener en las diferentes unidades, tanto hospitalarias como de atención primaria, el personal correspondiente a un domingo en lugar del habitual de un día laborable, con lo que quedarían suprimidos algunos trabajos. Después negociar con la dirección de Osakidetza, las centrales han accedido a una ampliación del número de trabajadores. El acuerdo asegura la presencia del personal habitual en un festivo en los hospitales y de los funcionarios que trabajan los sábados en la atención primaria. En ambos casos se mantendrá la atención de las urgencias.
En el caso del Hospital de Galdakao también se atenderán los procesos de diálisis y los tratamientos oncológicos. Las consultas externas y las intervenciones quirúrgicas programadas serán las dos áreas que más notarán probablemente la incidencia del paro.
Las centrales confían en que Osakidetza respete "escrupulosamente" los términos del acuerdo en cada uno de los centros donde se ha convocado el paro, lo que evitaría posibles recursos por aplicar el pacto sobre servicios mínimos de una "manera abusiva". Para mañana está prevista una nueva reunión de Osakidetza con los sindicatos en lo que supone un intento in extremis para que se desconvoque la movilización. Las posibilidades de que la situación se reconduzca parecen remotas, dado el "inmovilismo" que muestran los responsables del Servicio Vasco de Salud, según se quejan los sindicatos. Izaskun Garikano, de ELA, enfatizó que "la administración no quiere hablar. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros para mejorar la situación". Encarnación de la Maza, representante del SATSE, acusa a Osakidetza de obviar "los problemas importantes" en la oferta que les hizo en el pasado mes de enero.
Mientras, la dirección del Servicio Vasco de Salud volvió a advertir a los sindicatos a través de un comunicado de que no va "claudicar" ante la presión ni las amenazas de huelga ante "lo que no sea ni justo ni viable". Según Osakidetza, la negativa de las centrales mayoritarias (representan al 70% de la plantilla) a aceptar el acuerdo que les ofreció afecta negativamente a la plantilla.
La instauración de una relación de puestos de trabajo, la disminución de la jornada para mayores de 55 años sin pérdida de salario y contrato de relevo, la recuperación del poder adquisitivo, la solución a la precariedad de los interinos y la mejora de las guardias son algunas de las reivindicaciones planteadas por las centrales.
Paros en Justicia
Los cuatro sindicatos más representativos (ELA, CCOO, LAB y UGT) , además de la CSI-CSIF y la CGT, han convocado tres días de paros sucesivos para exigir la equiparación de los trabajadores de la Administración de Justicia con el resto de funcionarios del Gobierno vasco. Los paros comenzarán hoy en Álava y continuarán mañana en Guipúzcoa y al día siguiente en Vizcaya.
Las centrales, que representan al 100% de los casi 1.900 trabajadores de la Administración de Justicia, recordaron ayer que desde 1996 vienen reclamando la equiparación de sus condiciones laborales, entre ellas, las retribuciones. Concretaron que el funcionario del Gobierno autónomo que menos gana actualmente cobra 2.150 euros brutos anuales más que un trabajador de la Administración de Justicia y el que más gana, percibe 15.000 euros brutos anuales más, dependiendo de los diferentes niveles.
Las centrales criticaron la actitud del Departamento de Justicia, con el que han mantenido varias reuniones sin acercar posturas.
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