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Tribuna:REFERÉNDUM EUROPEO | La opinión de los ciudadanos

De cocodrilos y 'batzokis'

Dicen que finalmente todo el grupo se puso de acuerdo y que, para celebrarlo, Altiero Spinelli levantó la copa. Nacía, en pleno otoño de 1983, el proyecto de ciudadanía europea en un local de Estrasburgo, el restaurante Cocodrilo. Algunos meses después, el 14 de febrero de 1984, el proyecto de Tratado de la Unión Europea fue aprobado en el Parlamento Europeo. En su artículo 3 recogía que "los ciudadanos de los Estados miembros son, por dicho motivo, ciudadanos de la Unión Europea. La ciudadanía de la Unión está relacionada con la calidad de ciudadano de un Estado miembro; no se puede ni adquirir ni perder separadamente".

El proceso de construcción europea continuó su discurrir en el tiempo y en la actualidad se encuentra en fase constitucional. El próximo día 20 se refrendará en nuestro país un texto europeo que supera la conceptualización económica del individuo en la "Europa de los trabajadores" de 1957 y se da paso a una definición política de los europeos en la "Europa de los ciudadanos". El elemento más conocido de la Constitución Europea es la Carta de Derechos Fundamentales de los ciudadanos. La decisión de incorporarlos al texto proviene de nuestra propia tradición jurídico-política que considera que sin protección de los derechos de los ciudadanos no existe cuerpo político que constituir. Son, por lo tanto, los derechos de ciudadanía el elemento indispensable de todo texto de carácter constitucional.

Todos nos igualamos en identidad europea sobre una misma serie de derechos de ciudadanía

Quienes no estén de acuerdo ideológicamente con el nuevo marco político que se propone dejarán de ser vascos

Con todo ello, los ciudadanos europeos vamos poniendo las bases de una identidad ciudadana a escala europea que tiene una dimensión transnacional y que agrupa a más de 450 millones de personas como sujetos de una misma serie de derechos comunes con rango de categoría política incluyente. Con ello, todos nos igualamos en identidad europea sobre una misma serie de derechos de ciudadanía protegidos por nuestro texto constitucional común. Y así se van poniendo los pilares de una nueva forma de comunidad política donde los ciudadanos nos enfrentamos al significado del propio concepto de ciudadanía europea; una problemática política y filosófica de cuya síntesis surgen los principios arquitectónicos de una sociedad post-nacional, un compromiso entre una concepción liberal y una dimensión voluntarista del desarrollo y el ejercicio ciudadano, una tensión constructiva entre elementos políticos y culturales para constituirnos, en base al derecho, en ciudadanos libres, plurales e iguales.

En palabras de Fernando Buesa, para crear "un espacio de convivencia en el que los sentimientos de identidad nacional o cultural no resulten ser categorías políticas, porque todos pueden expresar los suyos con libertad. Un país en el que la única categoría política que confiera derechos y obligaciones sea la de ciudadanía, que no distingue ni discrimina a nadie por razón de sexo, raza, religión, opiniones políticas, identidades nacionales, culturales o sentimientos". Un espacio de convivencia que ya es una realidad en Europa y que Fernando Buesa soñó también para Euskadi.

Dicen que los grupos políticos nunca habían estado tan en desacuerdo y que para celebrarlo, Joseba Egibar levantó el puño. Nacía, en pleno invierno de 2004, el Proyecto de Nuevo Estatuto Político para Euskadi en el Parlamento de Vitoria. Algunos días antes, en esa misma sede, el mismo parlamentario había señalado que "ya sólo serán vascos quienes apoyen esta propuesta política". Un documento que en su inquietante artículo 4, (Ciudadanía y nacionalidad vasca) los altos pensadores del Batzoki creen inventar una nueva mecánica para la fijación jurídica de la fractura identitaria entre vascos.

Lejos de buscar espacios incluyentes a las diferentes formas de pensar y tratar de conseguir así un espacio de convivencia que pueda conformar Euskadi como comunidad política, se divide a la sociedad vasca en dos categorías de vascos, diferenciadas en función de adscripciones nacionales emanadas de la opción política de cada uno. Se eleva, por lo tanto, la orientación ideológica de cada individuo a categoría política definitoria de la identidad para el resurgimiento de un nuevo pueblo vasco conformado por ciudadanos que ya sólo serán vascos, frente a otros que tan sólo serán españoles aceptados. Y apasionados con la propuesta, los altos pensadores se sienten orgullosos de esa búsqueda jurídica de la limpieza identitaria; duchémonos por ley, dicen, de las contaminaciones sufridas, elevemos nuestra forma de pensar a categoría identitaria y, así, quienes ideológicamente no estén de acuerdo con este nuevo marco dejarán de ser vascos y el pueblo milenario volverá, por fin, a los cánones perdidos de la pureza y de la homogeneidad.

Y una vez leído el artículo en cuestión, sonaba a sensación vivida la tribuna de Ramón Jáuregui en este mismo periódico, cuando señalaba hace unos días, con este artículo 4 de la propuesta de Ibarretxe, se convierte por ley a los ciudadanos no nacionales en minoría étnica en fase de extinción.

Era como si estuviéramos de nuevo en aquel 30 de diciembre de 2004, cuando salíamos del Parlamento vasco y nos dio por pensar que con tanto artículo 4 y tanto tribunal identitario, los altos pensadores del Batzoki ni siquiera inventaban algo nuevo. Entre los árboles y la nieve, en la oscuridad de aquella noche en Euskadi, una sensación de angustia y un espejo preocupante. Una sombra como de Le Pen que atravesaba sonriente el parque.

Eduardo Madina es secretario general de las Juventudes Socialistas de Euskadi.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 14 de febrero de 2005