Enseñanza y política educativa

La publicación del informe PISA sobre la educación en los países de la OCDE ha puesto de actualidad los problemas que afectan al sistema educativo y que se resumen en que buena parte del alumnado no alcanzan un mínimo de competencia en aspecto tan fundamental como es la comprensión lectora. Es evidente que la institución escolar fracasa en el principal objetivo que justifica su existencia: la formación de niños y jóvenes y la democratización de la cultura.

Es cierto que la escuela cumple otras funciones que si bien tienen que ver con la selección social y la configuración de identidades, inciden de manera potente en lo que ocurre en las aulas. Además, son muchos los factores que intervienen en la formación de la infancia, y sabemos que desde otras instancias se difunden pautas de comportamiento y actitudes, no ya distintas, sino incluso contrarias a las que requiere la vida en la escuela. Por eso las razones del fracaso no pueden imputarse sólo a ella.

Admitiendo que la mejora de la educación no es un problema que competa exclusivamente a la escuela y que el margen de maniobra no es ilimitado, llega a resultar inquietante la superficialidad con que la política educativa afecta a la preparación que adquieren los alumnos, hasta el punto de que debemos preguntarnos si tiene algo que ver con la enseñanza o sus efectos se limitan al encuadramiento en los centros escolares, a las condiciones de acceso a unos títulos que se devalúan rápidamente y al trasiego de asignaturas y profesores.

Desde la promulgación de la LGE en 1970 hasta hoy, las reformas educativas se suceden de manera casi ininterrumpida. Podría pensarse que asistimos a una constante mejora de la enseñanza, pero lo único que queda claro es que los jóvenes prolongan en el tiempo su estancia en la institución escolar, retrasan cada vez más su incorporación al mundo del trabajo y a la vida adulta, y se amplían las fronteras de la infantilización, sin que más tiempo de esta forma de escolarización signifique más ni mejor formación.

En lo que respecta a la enseñanza los cambios son más formales que reales: sólo de forma aparente cambian los programas, los libros de texto, los métodos o el discurso pedagógico, pero las rutinas escolares permanecen invariables o con ligeras modificaciones que apenas mejoran el pobre balance cultural con el que los jóvenes acaban sus estudios. Ni siquiera la compulsiva política de sembrar de ordenadores las escuelas parece que vaya a producir por sí sola el milagro de la primavera.

Y como no podía ser menos un nuevo gobierno plantea otra reforma del sistema educativo. ¡Claro que hace falta reformar la enseñanza! Pero la propuesta que plantea el Ministerio, y que de forma entusiasta apoya la Consejería de Educación, resulta decepcionante por su continuismo y superficialidad. Da la impresión de que no se quiere o no se puede entrar en cuestiones de fondo.

Estamos hablando, por ejemplo, de revisar el tipo de conocimiento que se imparte, asignaturizado, académico y distante de la vida. De revisar la omnipresencia del examen, con sus perversas consecuencias sobre el aprendizaje. De replantearse la rígida estructura de horarios y espacios, del número de materias que deben cursar los alumnos, o del olvido de la enseñanza que se imparte en la educación primaria, una etapa clave en la relación de los niños con la escuela.

Por decirlo de manera más sencilla: la mejora de la educación requiere una "política educativa" y no simplemente una "política de escolarización", una política educativa que aborde los verdaderos problemas y que no los sepulte bajo la lápida de las componendas, al estilo lampedusiano. Sabemos que no es fácil, pues habrá que afectar a tradiciones e intereses muy consolidados, pero cualquier estrategia de reforma de la enseñanza debe ser una estrategia planteada a largo plazo; la historia demuestra que en este campo no hay atajos. Otra cosa es si renunciamos a la posibilidad de que la escuela sirva realmente a la formación de los jóvenes y aceptamos que su papel se reduzca a otorgar selectivamente títulos y a la custodia, entretenimiento e infantilización de las nuevas generaciones. Es decir, si renunciamos a democratizar la cultura.

F. Javier Merchán Iglesias es miembro del Colectivo FEDICARIA en Sevilla y Pedro García Ballesteros es miembro de la Asociación REDES