Carlos y Camilla se casarán el 8 de abril

Carlos de Inglaterra y su amante de toda la vida, Camilla Parker Bowles, se casarán el 8 de abril próximo en una ceremonia civil en el castillo de Windsor. Signo de los tiempos: lo que hace 70 años le costó el trono a Eduardo VIII, el casamiento con una mujer divorciada, ya no es un obstáculo. Carlos, divorciado de la luego fallecida Diana de Gales, y Camilla, divorciada de Andrew Parker Bowles, recibieron ayer las felicitaciones de la reina Isabel, del primer ministro Tony Blair, de los partidos de la oposición y de la Iglesia anglicana. Camilla recibirá el título de duquesa de Cornualles y el tratamiento de alteza real, princesa consorte, pero no será ni princesa de Gales ni reina consorte una vez que el príncipe Carlos acceda al trono de Inglaterra.

El anuncio se precipitó debido a que 'The Evening Standard' iba a publicar la noticia

Las encuestas señalan que los británicos aceptan que la pareja legalice su situación

El tratamiento de princesa consorte es inédito en la Monarquía británica, donde la mujer del rey suele recibir el tratamiento de reina consorte, y el marido de la reina es tratado como príncipe consorte. Pero la renuncia de Camilla Parker Bowles a ser tratada como reina de Inglaterra y al título de princesa de Gales que Diana utilizó hasta su muerte se ha considerado necesario para facilitar la aceptación popular de la amante del heredero como futura mujer del, quizás algún día, futuro rey.

Las encuestas señalan que los británicos cada vez aceptan más la idea de que Carlos (de 56 años) y Camilla (que cumplirá 58 en julio), amantes más o menos ocasionales desde que se conocieron hace ya casi 35 años y que viven juntos en la residencia oficial del heredero, legalicen su situación. Pero siempre han mantenido una clara hostilidad ante la posibilidad de que Camilla usurpe el lugar que le debería haber correspondido a Diana de Gales.

Las segundas nupcias de dos maduros divorciados no tendrán nada que ver con la aparatosa boda que Carlos y Diana celebraron en el altar de la catedral de San Pablo en 1981. La crisis vivida por la Monarquía británica en los años ochenta y noventa, la muerte de Diana de Gales en 1997 y la oposición de la Iglesia anglicana a que los divorciados se vuelvan a casar salvo que su primer cónyuge haya fallecido -es el caso de Carlos, pero no de Camilla- obligan a la discreción. La solución de compromiso adoptada ha sido una ceremonia civil en el castillo de Windsor, la residencia de la reina cerca de Londres, seguida de un acto religioso en la capilla de San Jorge, en el propio palacio. El arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, dio ayer su apoyo personal a la boda.

El anuncio, que cogió por sorpresa a casi todos los medios, se precipitó debido a que el vespertino londinense The Evening Standard estaba a punto de publicar la noticia. Clarence House, la residencia oficial del príncipe Carlos, la confirmó a primera hora de la mañana. Desde entonces se empezaron a suceder las declaraciones de felicitación a los contrayentes. El líder conservador, Michael Howard, fue uno de los primeros. Luego los liberales, la reina Isabel y su marido, el duque de Edimburgo, y otros miembros de la familia real. El primer ministro, Tony Blair, leyó una brevísima nota de felicitación a las 11.30 desde Downing Street, su residencia oficial. El arzobispo de Canterbury hizo otro tanto.

El portavoz del primer ministro explicó que Blair fue consultado días atrás acerca de la boda y que éste "dio los consejos que consideró necesarios" y otros ministros dieron los "consejos legales" oportunos, sin explicar cuáles fueron éstos.

Legalmente, es la reina, no el primer ministro, quien tenía que dar su consentimiento a la boda del heredero. La reina dio su consentimiento a través de una nota en la que dijo: "El duque de Edimburgo y yo estamos muy felices de que el príncipe de Gales y la señora Parker Bowles se vayan a casar. Les hemos expresado nuestros mejores deseos para su futuro juntos".

Pero si el poder se precipitó a dejar claro que apoyaba el enlace, la población parece bastante más despreocupada. En casi todas las encuestas, el porcentaje de gente que dice que le es igual si Camilla y Carlos se casan se sitúa entre el 20% y el 30%. La actitud de los británicos hacia la boda es importante para una Monarquía que ha vivido momentos de aguda crisis con la ruptura del matrimonio de Carlos y Diana de Gales.

Durante años, Camilla Parker Bowles ha sido señalada como una de las causas principales de esa ruptura, y su figura ha sido muy impopular. Desde 1999, diluidos ya los ecos de la trágica muerte de Diana y su amante, Dodi al Fayed, un complejo dispositivo de relaciones públicas ha ido haciendo cada vez más aceptable la figura de Camilla a la población británica... y a la propia familia real. Lo importante para los Windsor no es que Camilla conquiste al público, sino que el público no se vuelva contra Carlos y contra la Monarquía.

La boda no tiene un gran significado político. "Su importancia política es cero", sentenció ayer el principal comentarista político de la BBC, Andrew Marr. Fijada menos de cuatro semanas antes de la fecha en la que todo el mundo espera que se celebren las elecciones generales, el enlace no va a quitar ni a poner votos a ninguno de los partidos contendientes.

Desde el punto de vista institucional, la boda tampoco va a alterar el curso de la historia. Los tiempos han cambiado y el matrimonio del heredero con una mujer divorciada no lleva a la abdicación a la que tuvo que someterse el rey Eduardo VIII en 1936 para casarse con la millonaria norteamericana divorciada Wallis Simpson.

La reina Isabel II, que va a cumplir 79 años, seguirá reinando hasta su muerte, según todos los pronósticos. Y la longevidad de su madre (101 años) y su buena salud auguran que aún le quedan bastantes años en el trono. Muchos expertos dicen desde hace tiempo que Carlos nunca reinará, que abdicará a favor de su hijo Guillermo cuando le llegue la hora de reinar. Su boda con Camilla ni impulsa ni resta posibilidades a esa tesis.

Para facilitar la unión, Camilla ha renunciado al título de princesa de Gales y al tratamiento de reina consorte. Algunos expertos sostienen que eso va a exigir modificaciones legales no sólo en el Reino Unido, sino también en los países de la Commonwealth que mantienen al soberano británico como su jefe de Estado.

Otros creen que como la renuncia es voluntaria y no forzada por el legislador, no es necesario ese proceso legal.