España se cubre las espaldas para el reparto de los fondos

Entre 2000 y 2006, España recibirá de la UE 56.000 millones de euros en ayudas de los fondos regionales y del Fondo de Cohesión, cerca del 1% anual del Producto Interior Bruto (PIB). La Unión traduce así en dinero procedente de los países más ricos del club la política de cohesión, la que se ocupa de materializar la solidaridad entre los socios. Pero España ya no es el país poco desarrollado que entró en 1986 en la Unión, a la que acaban de incorporarse 10 Estados con más necesidades. El maná de los fondos para España se verá fuertemente reducido a partir de 2007 y, para evitar males mayores, Madrid tomó medidas durante la elaboración del Tratado constitucional.

Las llamadas Perspectivas Financieras de la UE o Marco Financiero Plurianual fija el monto total de los gastos que tendrá la Unión en siete años. Ahora se están aplicando los del periodo 2000-2006 y ya se negocian los correspondientes al 2007-2013. En el reparto, las ayudas más generosas van para las regiones con un PIB por habitante inferior al 75% de la media comunitaria (Objetivo 1). En España hay 11, pero para el periodo siguiente seguramente serán sólo tres (Andalucía, Extremadura y Galicia): unas porque ya son más ricas y otras porque lo serán estadísticamente al haber entrado en la UE muchas otras regiones menos desarrolladas.

LA SITUACIÓN

La periódica negociación de las Perspectivas Financieras es el momento más tenso en la Unión. Se aprueban por unanimidad, con derecho a veto. Gracias a él, José María Aznar logró en 1999 más dinero que el que Alemania estaba dispuesta a dar con un gesto -"yo me fumo un puro", comentó el español- que le valió la enemistad del canciller Gerhard Schröder para los restos. Un año después, en Niza, Schröder presionó para que las Perspectivas se aprobaran por mayoría cualificada, sin derecho a veto. No lo logró. Aznar impuso que se pudiera usar el veto al menos a la hora de pactar los gastos para el periodo 2007-2013. Después, es de suponer, desaparecería. Eso es lo que está vigente.

Desde mayo de 2001, Alemania ha defendido reiteradamente que buena parte de la política de cohesión debiera ser renacionalizada. Es decir, que cada Estado se encargue de ayudar a sus regiones menos desarrolladas. Las consecuencias para España serían brutales: cada año se crean casi 300.000 puestos de trabajo en España gracias a los fondos europeos, que han financiado cuatro de cada 10 kilómetros de autovías y autopistas.

EL DEBATE

En todo el proceso de elaboración de la Constitución, la entonces ministra de Exteriores, Ana Palacio, intervino decenas de veces y presentó una y otra propuesta para que siguiera respetándose el compromiso de Niza. Todos los nuevos socios de la UE le apoyaban, como también Portugal y Grecia. En el otro lado, Holanda, Alemania y los demás países contribuyentes netos -los que aportan más de lo que reciben- abogaban por la aprobación de las Perspectivas por mayoría cualificada.

LA SOLUCIÓN

El Marco Financiero Plurianual, dice la Constitución, seguirá siendo aprobado por unanimidad, con derecho a veto (Parte I-artículo 55). Extrañamente, los contribuyentes netos acabaron apoyando esta tesis, seguramente porque llegaron a la conclusión de que también es la fórmula para que nadie les imponga pagar lo que no quieren.

El Preámbulo señala que la Unión busca el progreso y la prosperidad de todos sus habitantes, "sin olvidar a los más débiles y desfavorecidos". Y el artículo I-3 destaca como objetivo de la Unión "la cohesión económica, social y territorial". Queda cerrado así el camino alemán a la nacionalización de las ayudas. Además, el nuevo Tratado admite ayudas estatales, prohibidas como norma, si van "destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de desempleo".

De otro lado, la Constitución apunta la vía para la creación de un impuesto europeo para obtener de forma más equitativa los recursos necesarios para esos gastos plurianuales. No cita el término, pero no tiene otra interpretación el artículo I-54 cuando dice que una ley europea "podrá establecer nuevas categorías de recursos propios o suprimirse una categoría existente". Es ése el plan de la Comisión para dentro de unos años: crear un impuesto europeo, pero no nuevo, sino como una parte detraída del impuesto de sociedades o del IVA.

"De las múltiples manifestaciones que se celebran bajo la ventana de mi despacho, hay pocas a favor de un impuesto europeo", comentó con ironía hace tres años el entonces ministro francés de Finanzas, Laurent Fabius. "Las opiniones públicas tampoco exigen en manifestación acabar con el secreto bancario y, sin embargo, se asegura que hay que hacerlo", le respondió el hoy presidente de la UE, el luxemburgués Jean-Claude Juncker.

Estas semanas, la Unión está enfrascada en la discusión sobre las próximas Perspectivas Financieras. Es la prueba de fuego más importante para comprobar si, tras el 14-M, la nueva relación de Madrid con Berlín y París da sus frutos. La solución, en junio.