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COLUMNA

Terrorismo y víctimas

Los alborotos producidos hace 20 días en la manifestación convocada en Madrid por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) para protestar contra la eventual excarcelación de condenados etarras (algunos participantes injuriaron al ministro de Defensa y trataron de agredirle) dieron incongruente carta de naturaleza a la teoría de que la izquierda democrática discrimina entre víctimas de primera y de segunda según hayan perdido la vida el 11-M a manos del terrorismo islamista o a causa de la cadena de asesinatos perpetrados por ETA durante más tres décadas. La premisa mayor -no siempre explícita- de esa aberrante clasificación jerárquica atribuye al Gobierno el diseño y la aplicación de tan fantástico embeleco; la presidenta de la Asociación de Afectados del 11-M, Pilar Manjón, está siendo linchada por algunos periodistas a cuenta de su testimonio ante la comisión de investigación del Congreso. La manipulación partidista de los sentimientos de piedad y de solidaridad hacia todas las víctimas del terrorismo, sean cuales fueren las ideologías políticas, los irredentismos nacionalistas o las creencias religiosas de los verdugos, se halla en el trasfondo de la descabellada dicotomía.

La declaración ante la policía de algunos cargos públicos del PP, que habían sido fotografiados durante la manifestación convocada por la AVT en actitud agresiva contra el ministro de Defensa, ha sido manejada por su partido para establecer comparaciones estrafalarias entre la España democrática gobernada por los socialistas y los regímenes fascistas. Esa surrealista mutación de los agresores en agredidos elude el problema de fondo: la necesidad de mantener la lucha contra el terrorismo al margen de las peleas políticas. Tampoco la gallinácea réplica del portavoz Zaplana durante la comparecencia del ministro del Interior ante la comisión del Congreso ayudó a esclarecer el origen del oscuro episodio. La dirección del PP todavía no se ha disculpado de la circular dirigida cuatro días antes de la manifestación por Ángel Garrido García -secretario de área de la región madrileña- a los presidentes de distrito del partido atribuyendo falsamente las eventuales excarcelaciones de condenados etarras a la normativa aprobada durante el mandato socialista (la redención de penas posibilitadora de ese fraude fue suprimida, por el contrario, en 1995), acusando al actual Gobierno de no impedirlas (cuando ha sucedido lo contrario) y utilizando deslealmente la convocatoria de la AVT para satisfacer "la petición unánime de nuestra militancia" de "salir a la calle" y "expresar nuestro rechazo" al Gobierno socialista.

La acusación según la cual la izquierda democrática discriminaría entre las víctimas del integrismo islamista y las de ETA arrastra lógicamente a la distinción simétrica entre ambos terrorismos: no por la atención prestada a los afectados sino por la maldad de los verdugos. Se diría que la denuncia presentada por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional contra Garzón como autor de un delito de revelación de secretos en su libro Un mundo sin miedo (Plaza Janés, 2005) descansa subliminalmente sobre un juicio de intenciones de ese género. Eduardo Fungairiño -a quien el fiscal general del Estado debería haber retirado la confianza tras su burlesco desacato al Parlamento mientras prestaba testimonio ante la Comisión del 11-M- ofrece como prueba del delito la puesta en cuestión por el magistrado de la Audiencia Nacional de algunas afirmaciones del ministro Acebes dirigidas a blindar la falsa tesis de que la autoría del atentado correspondía con certeza a ETA.

Sin haber sido el instructor de los sumarios correspondientes, Garzón considera dudoso que los etarras hubiesen preparado un atentado con mochilas-bomba en Baqueira-Beret en la Navidad de 2003, aduce que los temporizadores instalados en el tren Irún-Madrid se hallaban programados para entrar en funcionamiento sólo después de su llegada a Chamartín y sostiene que el destino de la furgoneta cargada de explosivos interceptada a finales de febrero era un edificio industrial vacío. Pero ninguna persona sensata podría concluir que Garzón, cuya actuación en la Audiencia Nacional ha sido decisiva en la lucha contra ETA, pretendió exculpar con esa información a la banda responsable -para decirlo con sus propias palabras- "de la violencia más injusta y demencial" de Europa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de febrero de 2005