Blair propone un sistema de puntos para dar permisos de trabajo a los inmigrantes

El Gobierno laborista de Tony Blair anunció ayer un considerable endurecimiento de sus políticas sobre inmigración. El ministro del Interior, Charles Clark, presentó un plan de actuación quinquenal que incluye la creación de un sistema ya utilizado en Australia para otorgar los permisos de trabajo en función de los puntos obtenidos por el candidato a partir de variables como la experiencia y área profesional o el conocimiento del inglés. El plan limita el derecho de reagrupación familiar y potencia la expulsión del trabajador cuando acaba su contrato.

El lanzamiento de la nueva política, que pretende sobre todo socavar las ofertas del Partido Conservador en una de las pocas áreas en las que la oposición parece tener más credibilidad que el Gobierno entre el electorado, contó con el apoyo personal de Blair. "Es un hecho que el público está preocupado sobre esto; hacen bien en estar preocupados porque hay abusos en los sistemas de inmigración y de asilo", dijo a la BBC Radio 4, y prometió "endurecer" la legislación en estas materias.

Los conservadores han tomado la iniciativa del debate al anunciar que en su programa electoral propondrán la creación de cuotas (tanto para los inmigrantes económicos como para los demandantes de asilo) y la renuncia del Reino Unido a la Convención de 1951 de Naciones Unidas sobre los Refugiados y a algunos aspectos de la Convención Europea de Derechos Humanos.

La mano dura laborista fue detallada ayer por el titular de Interior, que presentó un plan a cinco años con cinco grandes áreas de actuación, aunque descarta las cuotas y defiende los acuerdos internacionales como una herramienta útil.

En materia de permisos de trabajo, los laboristas proponen importar el sistema de puntos implantado en Australia por el Gobierno del conservador John Howard. Los candidatos a trabajar en el Reino Unido deberán someterse a un análisis de sus capacidades laborales, áreas en las que tienen experiencia o conocimientos de inglés. Cuantos más puntos obtengan, más posibilidades tendrán de obtener el permiso de residencia.

La propuesta limita el derecho a la reagrupación familiar al cónyuge y los hijos inmediatos, con el argumento de que en la actualidad casi un tercio de los nuevos inmigrantes que entran cada año lo hacen como familiares de otro inmigrante. La apelación en los casos en los que la reagrupación sea denegada costará 200 libras (casi 300 euros), para disuadir la presentación de recursos.

Deportaciones

Para aumentar la eficacia de los controles en frontera y detectar para deportarlos a quienes se queden en el país una vez acabado su contrato de trabajo, a partir de 2008, el Gobierno tomará la huella dactilar electrónica a quienes obtengan un visado para entrar en el Reino Unido. Los inmigrantes que vayan a estar más de tres meses en el país recibirán un documento nacional de identidad.

El plan incluye también nuevas medidas para la lucha contra los traficantes de seres humanos. La quinta pata del plan es la deportación inmediata de quienes hagan falsas peticiones de asilo político.

Las medidas, de corte claramente electoralista, pretenden cercenar el terreno a los conservadores en un área del debate político en el que el principal partido de la oposición lleva la delantera. Las constantes campañas de los tabloides contra los demandantes de asilo o las denuncias de que el Reino Unido se iba a ver inundado con la llegada de cientos de miles de inmigrantes de Europa del Este tras la ampliación de la Unión Europea, incluyendo prácticamente la totalidad de los gitanos de Eslovaquia o Hungría, han coincidido con la falta de credibilidad de algunas de las estadísticas gubernamentales en esa materia.

Las propuestas han caído mal en la izquierda laborista y entre los defensores de las minorías étnicas, pero el Gobierno considera más necesario evitar una posible sangría de votos desde la derecha que desde la izquierda. El hasta hace poco líder de los sindicatos y él mismo inmigrante jamaicano, sir Bill Morris, ha advertido a laboristas y conservadores de que se encaminan a "una carrera de pujas para ver quién puede tratar peor a los inmigrantes".