Tres centros de Granada recurren a guardas de seguridad para proteger a sus alumnos

Juan Francisco López-Cózar, Juanfran, es casi un empleado más del Instituto de Enseñanza Secundaria Francisco Ayala de Granada. Este vigilante de una conocida empresa de seguridad tiene un doble cometido en este centro escolar de la zona norte de la ciudad. Su labor consiste en impedir la entrada de jóvenes no matriculados y evitar que los inscritos se vayan de pellas. Al mismo tiempo controla los coches y las motos que acceden al centro y trata de que ningún elemento externo trastorne su normalidad académica.

Juanfran es el último de los guardas contratados por este centro público de unos 800 alumnos, que, tras sufrir algunos incidentes, decidió hace tres cursos ofrecer este servicio. "Tuvimos algunos problemas de broncas con chavales de fuera. También se produjeron robos de motos y en coches y algún que otro individuo se acercó trapicheando con drogas", explica su director, José María Álvarez. "La APA y el propio instituto nos planteamos entonces acudir a la seguridad privada e hicimos una propuesta al Consejo Escolar que lo aceptó", añade el docente.

La labor del vigilante consiste en asegurar el instituto de puertas afuera, según el director. El centro se encuentra en una de las zonas de mayor expansión urbanística de la ciudad pero también muy cerca del polígono del Almanjáyar, uno de sus barrios más desfavorecidos, con importantes problemas de marginación social y drogas.

"En general nuestros alumnos no suelen dar problemas, salvo las excepciones que se dan en cualquier instituto. La disciplina la arreglamos los profesores con los medios legales que tenemos a nuestro alcance", continúa Álvarez, que explica que "el vigilante no es más que una garantía de seguridad frente a la gente conflictiva que pueda venir de fuera". "Desde que lo contratamos, los problemas que teníamos no se han vuelto a repetir". Juanfran asegura además la asistencia a clase. El menor que pretenda salir tiene que enseñarle un permiso especial firmado por el jefe de estudios.

Gasto extra

A pesar de ser un centro público, la Consejería de Educación no corre con este gasto extra. Los sobres de matrícula que se entregan cada año a los alumnos contienen un documento en el que se especifica un número de cuenta corriente del instituto donde los padres ingresan una cantidad anual para pagar a la empresa de seguridad. "Si alguno de ellos no puede o no quiere abonar esa cantidad de más no pasa nada", dice el director. "A ningún alumno se le niega la inscripción", prosigue Álvarez, que piensa "como los padres" que Educación debería plantearse la inclusión de este servicio en los presupuestos de los centros.

El hecho de que sean los propios institutos los que corren con los gastos es la razón que esgrime la consejería para desconocer el número de centros que cuentan con vigilancia privada en Andalucía. En los colegios públicos de Infantil y Primaria la competencia de garantizar la seguridad corresponde a los Ayuntamientos. Para los de Secundaria, la Junta pone un conserje u ordenanza. Sólo en los centros de enseñanza compensatoria (los situados en núcleos de población marginales), dispone medidas adicionales de control. "Si cualquier centro normal quiere un plus de seguridad puede recurrir a los vigilantes gracias a su autonomía", explica la delegada de Educación en Granada, Carmen García-Raya. Otros institutos granadinos como Aynadamar o Virgen de las Nieves, también lo han hecho. García-Raya asegura que, en todo caso, los vigilantes no tienen facultades disciplinarias. Además del profesorado, las comisiones de convivencia -formadas por padres, docentes y alumnos- son las encargadas de debatir y resolver los altercados internos que se producen en cada centro.

Se acaba el recreo y Juanfran se aposta en la entrada del Francisco Ayala. Sin porra ni pistola, su única arma con los adolescentes es un poco de comprensión. "Todos tuvimos un día 15 años, ¿no?", dice con resignación.