El cerro de San Bartolomé gana
La ordenación del céntrico enclave donostiarra prevé la construcción de 458 pisos tras más de una década de bloqueo
Ha debido pasar más de una década para que se haya desbloqueado el proyecto de ordenación y regeneración urbanística del cerro de San Bartolomé, en pleno corazón de San Sebastián. La operación vislumbra así la posibilidad de hacerse realidad marcada por dos hechos. En primer lugar, el diseño de la zona responderá a una sentencia del Tribunal Supremo, que, frente a lo previsto inicialmente por el Ayuntamiento donostiarra, obliga a conservar el cerro y el muro, el convento de la Compañía de María y la antigua Casa de Baños. Y, en segundo, la intervención está ineludiblemente ligada al futuro desarrollo del área de Aldunaene, en la margen derecha del Urumea y cerca del parque Cristina Enea.
El acuerdo de Elorza con el Ministerio del Interior ha permitido la remodelación
Euskadi es un gran negocio para el nacionalismo vasco, que controla todo
La remodelación del céntrico enclave será posible gracias al acuerdo del consistorio que dirige Odón Elorza con el Ministerio de Interior para trasladar el cuartel del Cuerpo Nacional de Policía de Aldapeta a parte del solar del Parque Móvil del Estado, en Aldunaene.
Este esquema, volcado en sendos expedientes, saldrá adelante gracias al apoyo que el equipo de gobierno socialista recibirá de los dos principales grupos de la oposición (PNV y PP). Se pondrá fin así, salvo nuevos contratiempos, a una historia que arrancó en 1988. Ese año, comenzó la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián, que la Diputación de Guipúzcoa aprobó en 1995. Este ordenamiento incluía una intervención en San Bartolomé que implicaba desmontar parte del cerro, eliminar el muro y derribar el convento y la Casa de Baños para levantar 523 viviendas.
Los planes municipales encontraron enseguida la oposición de un grupo de arquitectos, artistas e intelectuales, entre los que se hallaban el profesor Miguel Garay, el ya fallecido escultor Eduardo Chillida o el filósofo y escritor Fernando Savater, quienes no veían con buenos ojos el derribo del muro y de los citados edificios. Recurrieron el ordenamiento de San Bartolomé al Tribunal Superior vasco, con lo que el proyecto quedó paralizado. El tribunal les dio la razón en 2001. A mediados del pasado año, y ante el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento y la Diputación, el Supremo ratificó esa sentencia inicial.
La nueva ordenación, aprobada hace días en comisión de gobierno, ajustada a la sentencia y convenida con las partes afectadas, prevé la consolidación de 133 viviendas y la construcción de 458 nuevos pisos, que no afectarán al muro. De ellos, 118 se destinarán a realojar a los vecinos, cuyas casas se derribarán por su mal estado. El resto, 340, serán viviendas de venta libre.
La Compañía de María estrenará un nuevo colegio en San Bartolomé, 15 metros más atrás que el presente. El convento se rehabilitará. La parte trasera acogerá una residencia para miembros de la orden religiosa y estudiantes, mientras la delantera se destinará a unas 80 viviendas.
Como estaba previsto, se modificará la estructura viaria para mejorar el tráfico. Los vehículos ascenderán por la actual cuesta de Aldapeta hasta el colegio de Marianistas, desde donde descenderán por una nueva carretera. Este vial de bajada pasará por los terrenos que ahora ocupa el cuartel policial, que se derribará.
Puentes, policía y viviendas
La remodelación del área de Aldunaene, próxima al campus donostiarra de la Universidad de Deusto, resulta fundamental para construir el quinto puente sobre el Urumea, que se ejecutará a la altura de la plaza Pío XII, y el sexto, que sustituirá a la actual plataforma de hierro. Ambas pasarelas formarán parte del nuevo viario que resolverá las entradas y salidas de la ciudad.
Para realizar estos puentes y el nuevo viario será preciso derribar las instalaciones de las empresas Koipe y Bodegas y Bebidas, que se reubicarán en otras zonas de la ciudad tras el acuerdo firmado con el consistorio. Dicho pacto permitirá a ambas firmas construir un total de 118 viviendas de venta libre entre el quinto puente y los actuales pisos protegidos del Urumea.
Habrá que derribar también la mayoría de las edificaciones del Parque Móvil del Estado y 35 viviendas ocupadas en ese ámbito, que en su día se levantaron en un terreno cedido por el consistorio. Ahora, gracias al convenio acordado entre Interior y el Ayuntamiento, el solar se repartirá entre los dos. El ministerio podrá edificar allí el nuevo cuartel policial en sustitución del de Aldapeta. El consistorio, por su parte, podrá construir los puentes y el nuevo viario, además de 72 pisos, 38 de ellos protegidos. Se compromete también a realojar a los inquilinos de las 35 viviendas que se tirarán, aunque no necesariamente en esta zona.
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